La fiscalía se querella contra un funcionario de Gójar por presuntos favores a familiares

Se da la circunstancia de que este trabajador municipal, J. M. L., ya tiene la condición de acusado en el llamado 'caso Cavifer', que también afecta al Ayuntamiento de Gójar, y en el que está encausado el alcalde de la población, el popular Francisco Javier Maldonado. Este asunto esta pendiente de juicio.

La querella criminal que ahora ha formulado la fiscalía contra J. M. L. tiene su origen en un extenso informe elaborado por la secretaria municipal de Gójar en el que detalla algunas de las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir el funcionario. El citado expediente debía determinar si unos familiares de J. M. L. tenían derecho a recibir una indemnización de 5.293.952 euros «por los perjuicios» que les habría «ocasionado» un acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Gójar que anuló un plan parcial. Pero, durante la elaboración del informe, la secretaria encontró anomalías que podrían tener relevancia penal.

La funcionaria municipal comunicó sus hallazgos al alcalde de Gójar para que tomase cartas en el asunto y denunciase los hechos. Sin embargo, la reacción del regidor se hizo esperar. Según la 'cronología' aportada por la propia secretaria, el alcalde firmó el recibí del informe el 10 de junio de 2014, a pesar de que llevaba fecha de 5 de junio; el día 11, el regidor pide un dictamen al letrado del Consistorio, que no quedaría registrado hasta el 22 de julio; tres días después, el alcalde -siguiendo la recomendación del abogado municipal-, da traslado al afectado para que alegue lo que crea conveniente en un «plazo de diez días»...

En vista de que pasaban las semanas y los presuntos delitos podían prescribir, la secretaria del Ayuntamiento decidió dar ella el paso de acudir a la Fiscalía Provincial de Granada para presentar un escrito en el que alertaba de «posibles ilícitos penales cometidos» por J. M. L. «Al objeto de que no prescriban las acciones penales, dado el tiempo transcurrido sin que se haya presentado denuncia por el señor alcalde...», decía claramente la secretaria en la documentación que remitió al ministerio público.

A partir de ahí, la fiscalía inició una investigación que ha concluido ahora con la presentación de una querella criminal contra J. M L. por la supuesta comisión de un delito continuado de negociación prohibida de funcionarios públicos, otro de falsedad documental y un tercero de infidelidad en la custodia de documentos. El Código Penal castiga esas conductas con penas que, sumadas, pueden alcanzar los diez años de cárcel, según detalla la querella formulada por la fiscalía de Granada.

En este sentido, la denuncia señala que el funcionario, y siempre presuntamente, fue 'juez y parte' en un expediente que afectaba a familiares suyos: de un lado, defendía los intereses privados de sus parientes y, de otro, ejercía como secretario accidental del Ayuntamiento.

Además, agrega la querella, hay indicios de que, «al menos en tres casos concretos», pudo, supuestamente, falsear documentos oficiales y ocultó otros que podrían perjudicar a sus familiares.

Alegaciones

Todos estos presuntos manejos se habrían producido entre los años 2005 y 2007, un detalle que, en un principio, animó a J. M. L. a alegar que las supuestas ilegalidades ya habrían prescrito, una posibilidad que el ministerio público ya descartó en un decreto anterior a la querella.

Posteriormente, el funcionario investigado presentó otro escrito en el que desmentía que hubiese falseado documentos, afirmaba que él no tenía la obligación de custodiar papeles y, en cuanto al delito de negociación prohibida a las funcionarios, recordaba que, en 2010, la propia fiscalía ya había dado carpetazo a una investigación al respecto. Sobre este punto, el ministerio público recuerda en la querella que «el hecho de que parte de los hechos ahora denunciados hayan sido objeto de investigación y archivo en unas diligencia anteriores de esta fiscalía no es óbice para que, descubiertos nuevos datos, bien se reabran o se inicien nuevas diligencias de investigación para determinar lo ocurrido».