«Tengo la conciencia tranquila y no voy a dimitir», dice el alcalde de Gójar

En este sentido, Maldonado recordó que, a lo largo de sus veinte años en la política municipal, ha tenido que sentarse en tres ocasiones más en el banquillo de los acusados -además, «he sufrido» otros dos procedimientos que no pasaron de la fase de instrucción- y los jueces siempre le absolvieron. «El fiscal consideró entonces también que había delito, pero salí absuelto. Por supuesto, respeto el criterio de la fiscalía, pero espero que esta vez suceda lo mismo y quede probado que no cometí ninguna irregularidad. De todas formas sé que el Partido Socialista va a pedir mi dimisión. También lo hicieron en 2007 y en 2011 y luego me absolvieron. Y luego nadie te pide disculpas, pero bueno... Como entonces, ahora también tengo la conciencia tranquila», insistió en declaraciones a este periódico.

Maldonado dijo ser consciente de que en la actualidad la tolerancia de la ciudadanía ante los escándalos en los que se ven involucrados políticos es cero y aseguró que lo entiende, pero reiteró que él no ha incurrido en ninguna ilegalidad. «Está claro que hoy se ataca más a los políticos y, en muchas ocasiones, con razón. Yo lo comprendo, pero no es mi caso. No voy a negar que me fastidia y no es agradable que me metan en el saco de la corrupción», enfatizó.

El alcalde de Gójar y diputado encargado de las cuestiones de personal en la institución provincial, calculó que la vista oral del juicio podría celebrarse a finales de 2015 o principios de 2016, pero él preferiría que fuera antes. «Me gustaría que se fijara lo antes posible, pero ahora estamos en la fase de presentación de los escritos de las partes y sé que estas cosas tardan», dijo, tras indicar que se había enterado por IDEAL del contenido de la acusación de la fiscalía: «De hecho, todavía no la tengo, pero mi abogado ya está en ello para que podamos preparar la defensa».

Así las cosas, y dado que no piensa dejar sus cargos, Maldonado tiene claro que tendrá que sobrellevar la campaña de las próximas elecciones municipales, previstas para mayo del año que viene, «con esta pesada carga sobre mis espaldas, pero, después de todo lo que he pasado, ya tengo asumido que es algo que va en el sueldo», refirió.

El ministerio público atribuye a Maldonado la presunta comisión de tres delitos: prevaricación continuada -dictar resoluciones injustas a sabiendas de su ilicitud-, prevaricación urbanística y tráfico de influencias. Según el criterio del ministerio fiscal, existen pruebas suficientes para demostrar en un juicio que, presuntamente, Maldonado adoptó una serie de acuerdos para beneficiar a la empresa constructora Cavifer, de la que era administrador «mancomunado» su hermano, que también está procesado por los cargos de tráfico de influencias y un delito contra la ordenación del territorio -también hay dos funcionarios del Ayuntamiento de Gójar encausados-. «Repito que yo respeto, como no podía ser de otra forma, lo que dice la fiscalía, pero la concesión de una licencia es un procedimiento totalmente reglado y yo actué en todo momento de acuerdo con la ley. Fue lo que hice en las anteriores ocasiones en las que tuve que estar en el banquillo y los jueces así lo entendieron. Por eso yo mantengo mi confianza en la justicia», insistió en sus planteamientos el regidor popular de Gójar y diputado provincial delegado de Función Pública.

Absoluciones

La última sentencia absolutoria de Maldonado data de 2012, cuando la Audiencia exculpó al político del PP y a otros siete acusados de los delitos de prevaricación urbanística y falsedad documental de los que los acusaba el ministerio fiscal y por los que solicitaba penas que llegaban a los 10 años de cárcel y diez de inhabilitación en el caso del regidor de Gójar.

Según la sentencia dictada en su día por el tribunal provincial, los hechos enjuiciados «no se muestran constitutivos de los delitos de prevaricación urbanística y falsedad documental». Lo que se juzgó fue la concesión supuestamente irregular de las licencias de obra para la construcción de tres casetas de aperos.

En el 'caso Cavifer', la fiscalía dice que dicha sociedad planeó edificar 19 viviendas en una finca de su propiedad que tenía la calificación de suelo urbano «no consolidado» y que «estaba afectada por el trazado de un viario público de carácter local». Dichos condicionantes suponían que la empresa debía ceder gratis «gran parte» de la parcela al Ayuntamiento. Según el ministerio público, fue entonces cuando, «influido por su hermano», intervino el alcalde «con el fin de que este pudiera construir muchos más metros de los permitidos y no se viera obligado» a dar terreno al municipio. Y la fiscalía entiende que eso fue lo que sucedió: Cavifer no compensó al Ayuntamiento, sino que el convenio urbanístico estableció justo lo contrario.