El fiscal pide cárcel y veintidós años de inhabilitación para el alcalde de Gójar

El ministerio público atribuye a Maldonado la presunta comisión de tres delitos: prevaricación continuada -dictar una resolución injusta a sabidendas de su ilicitud-, prevaricación urbanística y tráfico de influencias, según el escrito provisional de acusación que la fiscalía ha presentado ante el Juzgado de Instrucción 1 de la capital y al que ha tenido acceso IDEAL.

19 viviendas

Según el criterio del ministerio fiscal, existen pruebas suficientes para demostrar en un juicio que, presuntamente, Maldonado adoptó una serie de acuerdos para beneficiar a la empresa constructora Cavifer, de la que era administrador «mancomunado» su hermano, que también está procesado por los cargos de tráfico de influencias y un delito contra la ordenación del territorio.

En 2005, la citada sociedad planeó edificar 19 viviendas en una finca de su propiedad ubicada en una calle de Gójar que tenía la calificación de suelo urbano «no consolidado» y que «estaba afectada por el trazado de un viario público de carácter local». Dichos condicionantes suponían que la empresa debía ceder gratis «gran parte» de la parcela al Ayuntamiento. Según el ministerio público, fue entonces cuando, «influido por su hermano», intervino el alcalde «con el fin de que este pudiera construir muchos más metros de los permitidos y no se viera obligado» a dar terreno al municipio. En este sentido, y siempre presuntamente, se habría aprovechado de que el secretario titular y su sustituta no estaban en Gójar para firmar un convenio con Cavifer que no solo no compensaba al Ayuntamiento, sino que establecía que era el Consistorio el que tenía que resarcir a la empresa. En concreto, el acuerdo eximía a Cavifer del pago de las «tasas por la licencia de obras», «del impuesto de construcción» «y del importe de la licencia de primera ocupación». Asimismo, permitía a la sociedad «edificar más».

La fiscalía destaca que el convenio en cuestión «fue suscrito por el alcalde» a pesar de que se encontraba de vacaciones y había designado a un concejal para que le sustituyera.

Poco después, agrega el escrito de acusación del ministerio público, el alcalde, supuestamente, volvió a maniobrar para conseguir que el convenio contase con un informe favorable del secretario. Como quiera que este último estaba en comisión de servicios y su sustituta, de permiso, Maldonado habría habilitado como secretario a un trabajador municipal «de confianza» -también acusado de prevaricación- «para que informara sobre el convenio con rapidez». Y así fue: no tardó ni 24 horas en dar el visto bueno al documento. «Con fecha 22 de agosto de 2005, curiosamente el mismo día que se firmó el convenio y sin dedicar ni siquiera unos días a estudiarlo, emitió informé favorable a su aprobación», describe el ministerio público la notable velocidad con que se desarrolló un procedimiento burocrático que normalmente suele ser más 'parsimonioso'.

A todo esto -y siempre según el relato de la fiscalía-, el entonces arquitecto municipal tampoco puso objeciones al documento y el resultado es que también está procesado: se enfrenta a una petición de pena de un año y seis meses de cárcel y ocho de inhabilitación por la presunta comisión de un delito de prevaricación urbanística.

No opina

Las presuntas irregularidades no acabaron ahí. «Sin que (...) el convenio fuera publicado, con carácter previo, en el BOP durante veinte días, (...), el alcalde, (...) estando de vacaciones e infringiendo la obligación de abstención por motivo de parentesco (...) presidió y votó en la junta de gobierno local (...) a favor de la aprobación inicial del convenio».

El escrito de acusación de la fiscalía detalla que, presuntamente, Maldonado votó en tres ocasiones más en el 'asunto Cavifer', a pesar de que la ley le obligaba a abstenerse por su relación familiar con el administrador de la empresa.

Así las cosas, el desenlace fue el siguiente: «Con la aprobación del convenio y la concesión de licencia de obras sin objeción alguna, Cavifer llevó a cabo la construcción de dos bloques de viviendas» que presentaban excesos de edificabilidad que supondrían un beneficio para la sociedad de 321.350 euros.

De hecho, el ministerio público ordena que, en el supuesto de que haya condena, los responsables de Cavifer demuelan «lo indebidamente construido».

La instrucción del caso se encuentra en su etapa final, y una vez que las partes hayan entregado sus respectivos escritos, el juzgado ordenará la apertura del juicio oral.

Se da la circunstancia de que en 2012, la Audiencia provincial absolvió a Maldonado y a otros siete acusados de los delitos de prevaricación urbanística y falsedad documental de los que los acusaba el ministerio fiscal y por los que solicitaba penas que llegaban a los 10 años de cárcel y diez de inhabilitación en el caso del regidor de Gójar.

Según la sentencia dictada en su día por el tribunal provincial, los hechos enjuiciados «no se muestran constitutivos de los delitos de prevaricación urbanística y falsedad documental». Lo que se juzgó fue la concesión supuestamente irregular de las licencias de obra para la construcción de tres casetas de aperos.

IDEAL quiso conocer ayer la opinión de Maldonado sobre su nuevo procesamiento por el llamado 'caso Cavifer' pero este manifestó, a través de una portavoz, que no conocía el escrito de acusación de la fiscalía y que, por tanto, prefería esperar a tenerlo antes de emitir cualquier juicio.

Además del responsable político, están procesados su hermano y dos funcionarios