El PSOE pide responsabilidades al alcalde de Gójar tras la sentencia que avala la paralización de las viviendas promovidas por su hermano

El diputado del grupo provincial socialista, Miguel Ángel Gamarra, se ha congratulado de la sentencia que da la razón a la actuación del anterior gobierno socialista, que en todo momento actuó en defensa de la legalidad urbanística vigente.

Gamarra ha destacado que cuando el PSOE accedió al gobierno local de Gójar, tras las elecciones municipales de 2007, encontró numerosas irregularidades por la continua confusión entre los intereses particulares del alcalde del PP y la gestión municipal, actuando al margen de la legalidad para favorecer supuestamente intereses espurios.

A su juicio, no sólo ha existido una vulneración continuada de la legalidad, como ha confirmado ahora el TSJA, sino perjuicios económicos para los ciudadanos y ciudadanas de Gójar. Según Gamarra, esta sentencia viene a añadir elementos incuestionables sobre el carácter delictivo de las actuaciones de las que se acusa al actual alcalde, que tendrá que responder ante un juzgado de durísimas acusaciones penales por favorecer, supuestamente, los negocios de la empresa inmobiliaria de su hermano.

Gamarra ha recordado que Maldonado está imputado por dispensar presuntamente un trato de favor a Promociones Cavifer que, según un peritaje judicial, le reportó un beneficio extra de más de 321.000 euros. En este sentido, ha destacado que el alcalde de Gójar y diputado provincial del PP está acusado de un supuesto delito contra la administración pública, tipificado como tráfico de influencias, por promover la firma del convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento gojareño y la empresa Promociones Cavifer en perjuicio de las arcas municipales y ocultando la relación entre el alcalde y su hermano Fernando, que es uno de los administradores mancomunados de la inmobiliaria.

El alcalde creó una ficción urbanística de la manera más burda posible para que la empresa de su hermano obtuviera la gratuidad total de todas las tasas municipales, ha recalcado el diputado socialista, para subrayar que el convenio urbanístico que Maldonado firmó con la empresa de su hermano carecía de la más mínima legalidad y, pese a ello, le concedió la licencia de obras aún cuando los técnicos habían advertido de irregularidades.