Un protocolo pionero cubre vacíos en la protección de víctimas vulnerables que sufren violencia machista

La nueva guía coordina la derivación de las víctimas al Instituto Andaluz de la Mujer, los servicios sociales municipales, la Diputación de Granada, servicio de dependencia de la delegación territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía o la Dirección General de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no deseada, según las circunstancias del caso.

Además, prevé la intervención coordinada de las Fuerzas de Seguridad, el SAVA y el Colegio de Abogados para garantizar la protección, traslado, acompañamiento psicológico y asistencia jurídica de los implicados, asegurando así una respuesta integral y efectiva ante la violencia de género en mujeres mayores.

En los casos en los que se necesite que la víctima abandone su domicilio para que las medidas cautelares de alejamiento o prohibición de comunicación sean efectivas, el órgano judicial podrá derivarla al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Esta derivación se realiza mediante auto judicial y procede cuando la víctima tiene autonomía.

La mujer debe ser acogida en un centro de emergencia, casa de acogida o piso tutelado, siempre que exista una valoración policial o forense del riesgo alto o extremo. Si el riesgo es menor, se requerirá además un informe del Servicio de Atención a la Víctima de Andalucía (SAVA) que justifique la conveniencia del ingreso en un recurso habitacional protegido.

Cuando la víctima se encuentra en situación de exclusión social, pero el riesgo no es extremo, podrá derivarse a los servicios sociales también mediante auto judicial. Los servicios sociales evaluarán su situación personal, familiar y patrimonial, y podrán facilitar su ingreso en una plaza residencial o vivienda protegida adecuada a sus necesidades.

Por otro lado, si la mujer no desea abandonar su domicilio o no cumple los requisitos para el ingreso en un recurso habitacional, se podrá derivar al investigado o presunto agresor, siempre que este sea mayor de sesenta años y se encuentre también en situación de vulnerabilidad o exclusión social, hacia los Servicios Sociales Comunitarios. En estos casos, el agresor podría ser alojado en un recurso de respiro familiar, en una plaza residencial o en otro recurso adecuado que permita garantizar la seguridad de la víctima y el cumplimiento de las medidas judiciales.

La guía es fruto de meses de trabajo. Se encargó el pasado febrero. José Luis López Fuentes, presidente de la Audiencia Provincial y de la comisión, se muestra «satisfecho» con la aprobación de un protocolo y valora el granito de arena aportado por todos los participantes, especialmente de los magistrados de los juzgados de violencia sobre la mujer. «Las juezas de violencia detectaron multitud de casos donde fallaba la respuesta en casos de víctimas que eran mujeres mayores vulnerables y abordamos el asunto en la comisión», explica.

«Todo lo que se haga es poco. El momento que se produce una violencia machista o un feminicidio es un fracaso para todos. Pero quiero transmitir, hombre, que disponemos de un órgano, como es esta comisión, en la que están representados todas las instituciones y estamos realizando un buen trabajo. Seguiremos en esa lucha y en ese esfuerzo por conseguir erradicarlo. Será una tarea muy difícil, pero no pararemos», manifiesta López Fuentes.

Las comisiones para la lucha contra la violencia de género se formaron en el año 2018 a instancias del Consejo General del Poder Judicial. Este órgano se reúne varias veces al año y cuenta con la participación de la justicia, Subdelegación del Gobierno, Diputación, Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Guardia Civil y Policía Nacional. Granada ha sido pionera en la elaboración de protocolos o en la denuncia de algunas deficiencias en la protección de las víctimas, entre ellas el fallo de las pulseras geolocalizadoras y las alertas del sistema Cometa, el colapso de los juzgados de Violencia Sobre la Mujer, aumento de carga por la instrucción de delitos sexuales y la necesidad de grabación inmediata de requisitorias judiciales en caso de fuga de agresores.

«Nosotros fuimos los primeros en constituirnos en España y somos los que más encuentros hemos mantenido, según reconoció el propio Observatorio Contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que esto ha servido de modelo a otras muchas comisiones del resto del Estado de España porque en su seno hemos trabajado y se han confeccionado varios protocolos, como para la valoración urgente del riesgo realizado por el Instituto de Medicina Legal en un plazo de 24 horas o una guía para responder a las situaciones de alarma emitidas por el centro Cometa, que hace seguimiento de las pulseras antimaltratadores», argumenta López Fuentes. «Queremos transmitir la tranquilidad de que hay instituciones preocupadas e implicadas en tratar de proteger a las víctimas. Aún así queda mucho camino por hacer y es indispensable continuar denunciando, tanto las propias afectadas como los conocedores de estos terribles hechos, cualquier indicio o episodio de violencia», sentencia.