Los primeros laboratorios del acelerador de partículas de Granada, en 2023

En las semanas previas, el Gobierno ha protagonizado dos movimientos que desde Granada se entienden como gestos de apoyo al proyecto en plena crisis sanitaria y, derivada de ella, económica. No obstante, ambos estaban comprometidos desde hace meses: no son anuncios, pero sí confirmaciones oficiales de calado.

El 27 de mayo, el BOE publicó un paquete de medidas complementarias en la lucha contra la Covid-19. Entre ellas, estaba la creación de un consorcio que avale la candidatura para albergar el acelerador, que deberá recibir el visto bueno del Congreso. La creación de este órgano, en el que Gobierno y Junta se darán la mano, dará 'oficialidad' al proyecto y permitirá la captación y gestión de fondos. Por ahora, la Universidad de Granada y el Ciemat gestionan los primeros trabajos relacionados con el acelerador.

Por otro lado, el pasado 9 de junio, el Consejo de Ministros autorizó la suscripción de un convenio para impulsar la candidatura con 16 millones de euros. Esta cuantía ya estaba anunciada, y se suma a otros 16 millones –también la mayor parte de fondos Feder– aportados por la Junta de Andalucía.

La gestión de la aportación de la Junta corresponde a la UGR. Fuentes cercanas al proyecto aseguran que la Universidad ha tenido que adelantar alrededor de un millón de euros de la asignación prevista de la administración. La UGR ya ha procesado 6 contratos laborales y el pasado 15 de junio lanzó otros 3 para investigadores de los laboratorios auxiliares. Estos laboratorios tienen sede en la antigua escuela universitaria de Ciencias de la Salud, junto al viejo Clínico, pero antes de 2023 deben estar en los terrenos de Escúzar.

De esta construcción será responsable el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), que con la aportación del Gobierno central acondicionará los terrenos de Escúzar y levantará los edificios auxiliares en una parcela en la que en febrero comenzaron las primeras catas geológicas. Así, la UGR asume los trabajos de investigación y conocimiento y el Gobierno central los relacionados con la infraestructura.

Estos laboratorios son «determinantes» para el acelerador de partículas y pueden seguir en marcha si finalmente la infraestructura principal, en la que España trabajaría codo con codo con Croacia, no se construye. El director general del Ciemat, Carlos Alejaldre, es optimista sobre el devenir del proyecto. «Es una carrera de fondo y seguimos avanzando. Si fuese una maratón, estaríamos en el kilómetro 30», ejemplifica. Con el impulso político asegurado, la candidatura granadina mira a Europa: su futuro depende, en buena parte, de la distribución de fondos para investigación que se decidirá este mismo año.

El Ifmif-Dones cuenta con el aval de estar en la hoja de ruta de Esfri, un foro de carácter consultivo que tiene como objetivo guiar las políticas de la Comisión Europea en lo relativo a infraestructuras científicas. Esto permitió el ingreso de otros 4 millones.

«Pese al coronavirus, hemos seguido avanzando en todo lo que hemos podido, estamos ejecutando los fondos Feder que llegan de la Junta y parte de los 4 millones de euros del proyecto de fase preparatoria de la Comisión Europea», explica el director de la oficina de la UGR para la implantación del proyecto, Antonio Peña.

Si se agregan las cantidades citadas, la inversión destinada al acelerador hasta el momento ronda los 36 millones de euros. Quedan lejos los 420 millones que costará su construcción. El Gobierno estima en 1.000 millones el retorno económico, pero la rectora de la UGR, Pilar Aranda, advierte: «Ni podemos ni debemos esperar un milagro o una transformación sin esfuerzo». Los laboratorios auxiliares tienen fecha –2023–, pero aún no hay horizonte preciso para el Ifmif-Dones.