Jueves, 19 de abril de 2007
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GRANADA
El miedo silencia las últimas agresiones al profesorado y dos denuncias se retiran
Arrojan un cóctel de ácido clorhídrico contra la vivienda de una profesora
El miedo silencia las últimas agresiones al profesorado y dos denuncias se retiran
BASTA YA. Última protesta contra la agresión a la porfesora del colegio Arrayanes. DIEGO MARTÍN
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El hecho. Una profesora de enseñanza secundaria se llevó el peor susto de su vida cuando al abrir la puerta de su casa, en un pequeño pueblo de la provincia, encontró un bote de salfumán -ácido clorhídrico HCl- con una mecha ardiendo. Fue hace un mes y medio. El compuesto químico es un gas utilizado para la fabricación manual de cócteles 'molotov'. El hecho de entretenerse un poco antes de abrir la puerta de su casa después de que alguien llamara al timbre impidió que este cóctel le explotara en la cara. El suceso no fue denunciado «por miedo», según han confirmado las fuentes consultadas. Las consecuencias de vivir en un pequeño pueblo y toparse todos los días en el aula con los agresores y en la calle con sus familias inclinó la balanza por el silencio e incluso hubo quienes negaron que el suceso tuviera relación alguna con el centro educativo donde trabaja la profesora.

Dos. Un colegio de enseñanza primaria de la capital granadina, donde pidieron por activa y pasiva silencio para que no trascendiera el caso a la opinión pública por el supuesto daño a la imagen del colegio, unos padres insultaron y amenazaron a un docente por no se sabe qué asunto menor el profesional continúa de baja laboral, aunque finalmente optó por denunciar.

Tres. Las amenazas de muerte al ex director de un colegio de Benalúa de Guadix y la angustiosa tensión que le había conllevado el hecho de denunciar a un adulto, con antecedentes penales, que lo agredió en el centro educativo, le impulsa a retirar la denuncia. Una vez más, por miedo. La Fiscalía continuó de oficio el caso, pero no logró que la demanda fuera calificada como delito de atentado, lo cual conlleva penas de cárcel, y se quedó en una falta, que dejó impune al agresor.

Cuatro. Una profesora interina del colegio Arrayanes del Polígono de Almanjáyar es agredida y amenazada de muerte por la familia de un escolar de cinco años. Los agresores se personaron en el centro con una barra de hierro y la docente junto a otros compañeros se refugiaron en una habitación hasta que apareció la Policía. Cinco meses después, se han retirado las denuncias por temor a y sólo una de las agredidas continúa con la demanda.

¿Qué ocurre?

¿Cuáles son los motivos que frenan una denuncia o impulsan la retirada de las ya presentadas?

«Hay indefensión y el profesorado no se siente suficientemente protegido por la Administración. Exigimos a la Consejería de Educación que se persone como acusación particular para evitar que sea el agredido quien se tenga que ver las caras con su agresor otra vez. Bastante tiene ya con la agresión como para soportar otra vez el tener que verlo», apunta Juana Caballero, delegada de CSI CSIF y presidenta de la Junta de Personal Docente -órgano de representación del profesorado de enseñanza pública de Granada-.

El gabinete jurídico de la delegación provincial de Educación tramita cada curso una media de 15 a 20 denuncias por agresiones a profesorado. Dos sentencias relativamente recientes lograron penas de un año cárcel para los agresores. «La Fiscalía está realizando una labor positiva con el profesorado y los docentes se deben concienciar que todo aquello que no se denuncia se puede multiplicar y además queda impune», arguye el abogado José María Hernández-Carrillo.

El responsable provincial de enseñanza primaria de CC OO, José Antonio Mesa, entiende que «no es fácil» para el docente denunciar bajo circunstancias muy específicas como amenazas en pueblos pequeños o barriadas marginales donde familias sin escrúpulos pueden tomarse la justicia por su mano. «Es necesario que la Consejería de Educación se persone como acusación en estos casos, porque en realidad lo que se registran son agresiones contra la Administración».

El responsable provincial de enseñanza pública de UGT, José Carlos García, también reivindica un mayor compromiso de la Administración educativa en estos casos de agresiones para evitarle al profesional «el mal trago» de revivir otra vez la agresión cuando se persona en el juicio frente a su agresor.

jrvillalba@ideal.es

 
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