Los precios hundidos por debajo del nivel de hace diez años llevan al límite al campo granadino

La crisis de rentabilidad del campo es inédita y no sólo afecta a Granada. La plaga del desplome de precios se extiende por Andalucía y España entera y ha propiciado una histórica unión del sector que ha programado una oleada de protestas para reclamar unos precios justos. En Granada, la gran cita es el próximo 19 de febrero. Todas las organizaciones de productores y comercializadores, COAG, UPA, ASAJA, Info Oliva, Ecohal Granada y Cooperativas Agroalimentarias de Granada han llamado a la movilización del sector para tratar de paralizar la capital granadina con una tractorada que partirá a las once de la mañana desde Joaquina Eguaras y recorrerá ocho kilómetros hasta la glorieta de Neptuno.

Esta vez sí, todas las organizaciones agrarias y los comercializadores están en el mismo barco. Apenas el aguacate de la Costa Tropical y los frutos secos de pueblos como Dúrcal o Padul se escapan de una crisis de precios que en el campo de Granada está apretando más fuerte que en otras provincias. Y es que los productos más devaluados son precisamente los principales pilares del agro de la provincia: los hortofrutícolas, que llevan dos años a la baja y el olivar, que suma cinco campañas en caída libre

Con una superficie de invernadero de 3.580 hectáreas, los hortofrutícolas de la Costa granadina son el cultivo más pujante de Granada por los 624,8 millones de euros que genera su producción, mientras que el olivar, el de mayor extensión con 345.522 hectáreas es el segundo en impacto económico, con unos 300 millones de euros pero fundamental en tanto que es el motor económico de 34 pueblos de la provincia, según los datos del último Balance Agrario provincial de la Junta de Andalucía. La crisis general de precios en el campo pone contra las cuerdas a un sector del que viven unas 50.000 familias en Granada, genera siete millones de jornales, supone el 7% del PIB provincial y alrededor del 20% del empleo en Granada, según el último anuario oficial de la Junta relativo a la campaña 2017/2018.

De acuerdo con el dato laboral más reciente, la EPA del cuarto trimestre de 2019, Granada tiene el número de empleados en el sector agrario más alto de la última década, 31.200 trabajadores. Son 9.500 más que hace diez años. Sin embargo se está vendiendo más barato que nunca.

El Observatorio de precios de la Junta de Andalucía constata el desplome de la rentabilidad y que los agricultores tienen motivos para la desesperación: reciben menos dinero por sus productos que hace diez años. En el caso del aceite de oliva, en el año 2010 se liquidó a 2,42 euros por litro, mientras que ahora se cotiza a 1,80 euros. O sea, un 25% más barato que una década atrás. Si se toma como referencia el pico que alcanzó el aceite en los años 2015 y 2016, cuando el litro llegó a cotizarse a cuatro euros, la caída supera el 50%.

Los olivareros granadinos afrontan su segunda campaña vendiendo por debajo de los costes de producción. El desplome del precio del aceite en el último año ha supuesto que a los pueblos olivareros granadinos entren 1.500 millones de euros menos, con el consiguiente desastre que esto supone no solo para las familias de los agricultores sino para toda la economía local de estos municipios.

Los olivareros han llegado ya al nivel de echarse a las barricadas y quemar neumáticos, pero otros grandes cultivos de la provincia no están mucho mejor.

La media de las distintas variedades de tomate que sale de los invernaderos de la Costa se situaba en 0,71 euros por kilo en el año 2010. En 2020 se cotiza a 0,55 euros, una caída del 22,5%. El trigo se paga al agricultor un 10,7% más barato que hace diez años (de 250,27 euros por tonelada a 223,30 euros), la cebada ha caído un 19,87% y la ternera se vende un 5,7% por debajo del precio de hace una década.

Sin embargo, como advierte Manuel del Pino, secretario general de ASAJA Granada, el coste de los insumos marcha en la dirección contraria. Un ejemplo, el precio del gasoil agrícola se ha incrementado un 45% en este periodo (de 0,67 euros por litro en 2010 a 1,21 por litro en 2019). Lo mismo le ha ocurrido al abono y a los costes salariales, que en los dos últimos años, con la subida del Salario Mínimo Interprofesional, son un 38% más altos de los que asumían los agricultores.

«Antes había una campaña mala y luego recuperabas, ahora son todas ruinosas, con la excepción de los subtropicales», resume Del Pino. Miguel Monferrer, secretario provincial de COAG, comparte la reflexión: «Si el precio del tomate caía diversificabas, te ibas a otras variedades, subía el pimiento... Ahora el problema es de todos». «Al esfuerzo de producir un litro de aceite y a la calidad no le pueden faltar 50 céntimos para ser rentables. Son todos los productos, todos los sectores y toda España. Por eso hemos dicho basta», sentencia Monferrer.

«Estamos viviendo a base de ahorros, de préstamos, dándole patadas para adelante al problema a ver si viene un año mejor pero viene lo mismo. En el caso de la Costa hemos intentado hacer más kilos para paliar la menor rentabilidad, pero la producción ya está en el techo y no hay margen. Es insostenible», advierte por su parte el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Fulgencio Torres.

La federación que representa a 3.500 agricultores y 93 cooperativas llama a la movilización de toda la provincia el próximo día 19 en apoyo al campo: «Pedimos disculpas por las molestias, pero tienen que entender que no es un capricho, ni una situación coyuntural, es estructural y es límite». El desequilibrio de la cadena alimentaria, con precios por debajo de los costes de producción para el agricultor y que se disparan al llegar al supermercado es la clave del problema que apuntan todas las organizaciones agrarias.

«El sector productor se perpetúa como el eslabón más débil. Del otro lado se encuentra el sector transformador, distribuidor y comercializador, muy concentrado y con gran poder de decisión sobre precios, que ejerce movimientos especulativos a su favor. Se saltan las normas de la oferta y la demanda y, por supuesto, de la justicia y el equilibrio entre todos los agentes implicados. Además, aplican prácticas comerciales desleales como la venta a pérdidas o el uso de alimentos de primera necesidad como productos reclamo en los lineales de venta», alega el secretario provincial de UPA, Nicolás Chica.

A esta situación se le suman condicionantes y trabas con la aplicación de aranceles o los acuerdos bilaterales desde Bruselas con terceros países «que incumplen la normativa deslealmente y hacen peligrar aún más la rentabilidad de las producciones intracomunitarias».

El olivar y el campo en general han llegado a un punto de no retorno que puede llevar al fin de las explotaciones tradicionales si de las movilizaciones no surten medidas que hagan remontar los precios. «Si no hay medidas, los pequeños y medianos vamos a ir desapareciendo y solo quedarán las grandes explotaciones de grupos de inversión que forman parte de la cadena, ya lo estamos viendo en Almería», apunta el secretario provincial de COAG.

Las organizaciones agrarias reclaman al Gobierno que tome cartas en el asunto para cambiar el equilibrio de la cadena agroalimentaria y que los agricultores reciban precios justos sin que se suban para el consumidor. La clave es que el beneficio no se quede exclusivamente en los dos eslabones siguientes. «Ahora no se negocia el precio, lo imponen, estamos agarrados de pies y manos», lamenta Manuel del Pino, que insiste en la necesidad de romper esa «posición dominante» vía Política Agraria Comunitaria y mediante una modificación de la Ley nacional de la cadena alimentaria. «Se puede hacer, Alemania ya está dando pasos para proteger a sus agricultores», advierte.

Una fiscalidad más justa es otra de la lista de demandas que se resumen en un solo 'mandamiento': «Un precio justo para mantener las explotaciones porque trabajar a pérdidas es insoportable».