Los policías del Cinturón suman más de 300 denuncias por no obedecer al confinamiento

Regidores y agentes de policía de 13 localidades del Cinturón coinciden en que la mayor parte de los infractores son peatones que no tienen justificación para estar en la calle y, pese a ser advertidos de ello, se oponen a las indicaciones de los agentes. Otra circunstancia común es la de vehículos en los que viajan dos o más personas. Esta norma generó confusión. En un principio, los agentes –tanto de los cuerpos de policía como los de Guardia Civil– tenían orden de sancionar a los ocupantes de coches que, aun en viajes justificados, transportaran a más de dos personas. El pasado jueves, el Gobierno aclaró que sí pueden hacerlo, por ejemplo, para compartir coche al ir al trabajo, pero siempre que el acompañante vaya en alguno de los asientos traseros.

Otra escena común durante los últimos días es la gente que saca al perro en pareja o ciudadanos que pasean a sus mascotas demasiado lejos de su domicilio. Los agentes de La Zubia, según relata su alcaldesa, Inmaculada Hernández (PP), han cazado a algunos infractores que dan este perfil, pero llevado al extremo. Han llegado a detectar a vecinos de Cájar que fueron andando al municipio vecino en compañía de su mascota. Incluso a conductores que optaron por disfrutar del campo junto al animal y lo metieron en el maletero para caminar luego por Cumbres Verdes.

Más casos. En Vegas del Genil los agentes encontraron a un hombre con ropa deportiva paseando a su can «bastante lejos» de la residencia. Le pidieron que regresara a casa y anticiparon que a la próxima volvería con una sanción. Como relata el alcalde, Leandro Martín (PSOE), el señor, lejos de asentir y marcharse, explicó que el perro debía recorrer cada día varios kilómetros porque tiene un problema de corazón. El dueño acabó con boletín de denuncia.

Como un vecino de Huétor Vega que quiso estirar la normativa y anduvo en caballo por el municipio. Al darle el alto trató de argumentar que, lo mismo que otros sacan a su perro, él podía pasear a su caballo.

La salida para hacer la compra también es una invitación a la picaresca, que en estos días puede salir cara, y no sólo económicamente. Como dicen los policías por sus altavoces: «Hay vidas en juego, está muriendo gente». Aun así, una familia de Fuente Vaqueros quiso llenar el carro en un supermercado de La Zubia, a más de 30 kilómetros.

En Peligros hay quien sale a comprar por la mañana, se cruza a la Policía, y vuelve a salir al súper por la tarde. Multa. También están los que se saltan al estado de alarma y 'pasean' la barra de pan duro por la carretera nacional. Francisco Iglesias, jefe de la Policía Local, cuenta que ha sucedido en Atarfe. Yno, una barra de pan no justifica una caminata que puede poner en peligro al viandante, a su familia y a sus vecinos.

Allí, en Atarfe –18.706 habitantes– empezaron por informar, pues el Gobierno central dio orden durante los primeros días de educar y no imponer sanciones salvo situaciones extremas. Luego pasaron al papel y acumulan 42 multas. Contemplan que el escenario siguiente sea el del incremento de robos, por lo que estos días han identificado a más de 400 ciudadanos, para tratar de detectar a personas llegadas de otros municipios que puedan tener intención de delinquir.

Entre los núcleos metropolitanos con más de 10.000 habitantes destaca el número de infracciones registradas en Huétor Vega, un total de 40 hasta el viernes en una localidad con 12.039 vecinos. A diario hay «controles exhaustivos» de viandantes y vehículos. Son especialmente «minuciosos» al pedir justificación a quienes no permanecen en casa, y en los últimos días han notado una mayor concienciación.

Las Gabias, con 21.115 vecinos empadronados a 1 de enero, según el INE, sumaba el pasado jueves 40 denuncias. «La Policía Local y Protección Civil están haciendo una labor informativa muy importante cada día, para decir a la gente que acuda a sus casas», explica la alcaldesa, María Merinda Sádaba (PP).Cuando no hacen caso o la salida de casa no está justificada, no tienen más opción que tramitar la denuncia.

La Policía Local de Ogíjares expone la cifra en su Facebook a modo de advertencia: «Se ha procedido a efectuar 23 denuncias administrativas de una cuantía mínima de 601 euros». En efecto, es lo que establece la Ley de Seguridad Ciudadana –en un arco de los 601 a los 30.000 euros– para los casos de desobediencia o la resistencia a la autoridad. En Armilla, hasta el pasado miércoles, había 28 contabilizadas, exactamente las mismas que en La Zubia.

En Santa Fe han remitido a la Subdelegación del Gobierno 24 actas. Como en otros municipios, aquí colaboran estrechamente la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil. «Están haciendo una labor fantástica», señala el alcalde, Manuel Gil (PSOE). No sólo vigilan, multan a quienes no cumplen o coordinan, en el caso de Protección Civil, sino que desarrollan una labor que va mucho más allá:la de echar una mano a los vecinos que lo necesitan. Tanto la Legión como la UMEhan pasado por allí. En cifras muy similares (22)se mueve Pinos Puente, donde Francisco Ibáñez (IU) recalca que muchas de las denuncias van dirigidas a gente que está fuera de casa sin motivo y «se revuelve» ante los agentes cuando les advierten de ello. En Peligros, donde hay 18 expedientes registrados, el alcalde, Roberto García (Ganemos Peligros) relata que algún conciudadano sube a la parte alta del pueblo con la idea de «echar un cigarro».

En el otro extremo estadístico, Albolote –18.808 empadronados– acumula 8 denuncias y Churriana de la Vega –15.200 habitantes– tan sólo ha abierto dos expedientes, según su alcalde, Antonio Narváez (PP). «Educando a la gente irá mejor, tenemos que poner todos de nuestra parte», señala el regidor. Si es así y la ciudadanía entiende que no caben las excusas, también la 'curva' de denuncias se aplanará durante los próximos días.