De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños

El sindicato denunció a uno de sus antiguos integrantes por presunta apropiación indebida, el asunto llegará pronto a la Audiencia Provincial. El aludido alegó en su defensa ser víctima de una maniobra para ocultar las trampas en los exámenes. La magistrada dedujo testimonio y consideró que en las pruebas recabadas se desprendían indicios de fraude en los procesos selectivos, motivo por el que recomendaba la investigación de los hechos. Las pesquisas han estado bajo secreto de sumario durante nueve meses. La instrucción continua y a los 43 investigados iniciales se les imputan una decena de delitos, como prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, fraude en la contratación, cohecho y pertenencia a grupo criminal.

El denunciado por sus excompañeros sindicalistas se encuentra -de momento-entre ese grupo de 43 imputados. Sin embargo, la UDEF destaca en sus oficios que «no existe indicio alguno de su participación en los hechos ilícitos». Tal y como consta en los oficios a los que ha tenido acceso este periódico, el grupo de investigación comunicó al juzgado que el agente «no formando parte de ningún tribunal examinador, ni beneficiado en ascenso, así como en las fechas en las fechas en las que se desarrollan las convocatorias, ya no formaba parte del sindicato SIPLG, y a mayor abundamiento en su declaración ha colaborado con este grupo investigador para el total esclarecimiento de los hechos».

El informador de la UDEF prestó declaración en septiembre de 2024 e hizo entrega de una grabación. Además, se le han requisado mil folios de conversaciones por aplicaciones de mensajería. En su comparecencia, aseguró que tuvo conocimiento de estos presuntos amaños en el año 2020 y ante la gravedad de los hechos al objeto de determinar las personas implicadas hizo grabaciones de una conversación mantenida con un subinspector, que era miembro del tribunal en la convocatoria de la capital y el exjefe policial. En esa conversación se dejaba en evidencia la intención de enchufar a 8 o 10 hijos de policías y que la elección de los psicólogos de la prueba se realizaría con un contrato amañado.

También declaró que su compañero de sindicato, que quería «colocar» su hijo, le exigió que se quedara al margen al «estar jugándose el futuro» de su vástago. De aquella amenaza habría salido la querella por apropiación indebida con la intención de amedrentarlo, siempre según el oficio de la UDEF en relación a la declaración. En la misma línea, aportó información en relación a la intención de amañar la convocatoria de Algarinejo por parte de otro compañero del sindicato. Este último hizo mención a que veía con otros ojos los fraudes en la prueba después de que su mujer manifestara que su retoño «no era tonto… era lo siguiente».

Por último, declaró que a consecuencia de la denuncia se le abrió un expediente disciplinario al declarante a propuesta del exjefe de Policía que en connivencia con su compañero del sindicato habría iniciado la causa legal contra él. Cabe recordar que, por ahora, los procesos selectivos que están en cuestión son dos convocatorias de nuevo ingreso de 40 y 32 plazas que se celebraron en 2019 y 2022 en Granada, así como las oposiciones de Algarinejo (2022) y Albolote (2024). Sin embargo, no se descarta la existencia de más investigados dado que «queda por analizar nuevos dispositivos que podrían vislumbrar la existencia de otro grupo dentro del cuerpo policial que también cometió fraude en las oposiciones». No se descarta tampoco «la posible existencia de nuevos indicios» contra los ya investigados.