Policía Local de Granada
La Policía apunta a que los líderes de la trama empezaron los amaños en 2007Los dos cabecillas formaron parte de un tribunal para ascender a oficiales en 2007, que fue denunciado pero se archivó al desconocerse cuál de los miembros filtró las preguntas
El caso de los presuntos amaños en las oposiciones de la Policía Local se decretó secreto en el mes de febrero de 2025, pero las ... pesquisas habían empezado meses atrás. El hallazgo de conversaciones sospechosas, en el marco de otra investigación, fue el detonante para que el Juzgado de Instrucción 4 abriera la causa en la que actualmente se encuentran imputadas 43 personas. En el sumario, los investigadores apuntan ya, tras recabar parte de la documentación y haberse entrevistado con varios testigos, que «existen indicios de que el grupo criminal actuaría desde 2007, al menos sus dos cabecillas».
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Apuntan a que ya en ese año los dos presuntos líderes del entramado, José Manuel Jiménez Avilés (exjefe de la Policía Local) y Juan José J. M. (intendente) formaron parte del tribunal de promoción interna para ocho plazas de subinspectores de la Policía Local. Aquel proceso fue denunciado, por la sospecha de que se habían filtrado los exámenes, y el caso llegó a la Audiencia Provincial. Las diligencias fueron sobreseidas provisionalmente «por desconocerse cuáles de los miembros del tribunal fueron los que revelaron las preguntas a algunos opositores», según recogen los investigadores. No se pudo probar, pero el ilícito penal se daba por hecho, porque los aspirantes aprobados contestaron muy bien a las cuestiones de los miembros del tribunal que pertenecían a la Policía Local.
Tras las diligencias realizadas hasta la fecha, los agentes de la Policía Nacional detallan que «los inspiradores y cabecillas» presuntamente «continuarían amañando los procesos» tanto de promoción interna como de acceso por primera vez al cuerpo.
Denuncia y ascenso
Dentro del relato temporal de actuación de la trama, los investigadores marcan algunos puntos de inflexión. Así, se registra años después una promoción interna dentro del cuerpo en la que un agente, perjudicado, denuncia que se les facilitaban los exámenes a algunos aspirantes. Eso ocurre en 2019, lo que provoca que a partir de ese año «dicho modus operandi fue modificado» por los dos supuestos líderes, «decidiendo que a partir de ese momento no se le facilitasen las mismas preguntas a todos los opositores elegidos/favorecidos, para de este modo no evidenciar el amaño en las oposiciones». Curiosamente, ese denunciante obtiene su ascenso posteriormente y los cabecillas, según la Udef, «aprovecharían para introducirlo en el tribunal examinador de la oposición investigada indicándole que para ello debería hacerlo a través del sindicato UGT, al que previamente se afilió para tal fin». Les debía un favor, por lo que les facilitaría las preguntas a los miembros de la trama.
Esas sospechas sobre el amaño están sustentadas en distintos indicios. Tanto en pruebas periciales que muestran que un mismo grupo de opositores tiene el mismo patrón de respuestas, como en conversaciones aportadas por testigos, tanto en audios como por mensajería, en los que varios de los implicados hablan abiertamente de que determinados familiares de miembros del cuerpo tienen que entrar. Incluso llegan a dudar de a cuántos 'colar' al haber 40 plazas en juego.
Esta forma de actuar resultaba siempre similar. El exjefe de Policía Local, Jiménez Avilés, se encargaba de presidir los tribunales o designar a los miembros del mismo. De hecho, cuando accedía a la jefatura de la Policía Local, cambiaba la forma de elegir a los miembros del tribunal, pasando de designar dos, a elegir a cuatro de los cinco integrantes, según relatan los investigadores, lo que le aseguraba el éxito.
Los miembros del tribunal, además de obtener el pago de dietas por pertenecer a ese órgano, tenían «derecho» a facilitar las preguntas a un opositor, y además, en algunos casos, eran beneficiados posteriormente con ascensos.
Presiones
En el relato que efectúa la UDEF, resulta relevante que en el año 2018 se celebran unas oposiciones en las que hay un grupo de cinco psicólogos llevando a cabo los psicotécnicos. Una de las especialistas, que aparece como testigo, explica que les solicitaron que les «facilitara las pruebas objetivas que iban a pasar», además de que el secretario del tribunal se ofreció «a llevarla en su vehículo, así como a custodiar físicamente los exámenes». Posteriormente «la presionaron para cambiar los resultados de las pruebas y aprobar a los que más nota tenían en el primer examen», algo a lo que se negaron.
En la siguien oposición de acceso, la de 2019, se encargaron, presuntamente, de amañar el contato menor para que lo obtuviera un psicólogo de «su confianza», que se encuentra investigado en la causa. En la composición de los tribunales, además, se habrían incluido agentes, también su confianza, a los que habrían 'pagado' sus servicios posteriormente con ascensos y promociones internas. Según los investigadores 15 de los 25 que obtuvieron las mejores notas son allegados o parientes de miembros de los distintos tribunales o del cuerpo. Y están bajo sospecha también los ascensos de tres suboficiales en 2019.
Material por analizar
Actualmente se investigan cuatro oposiciones (dos en la capital, las de Algarinejo y las de Albolote, sin celebrar), pero en el sumario advierten los agentes que falta mucho material por analizar todavía de las oposiciones de 2022 en la capital. Se han volcado dispositivos electrónicos de distintos investigados que hay que desentrañar todavía.
La UDEF apunta que la presunta trama tiene vocación de «perdurabilidad», por lo que van colocando a personas afines para poder beneficiar después a su entorno.
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