Los transportistas de Granada votan el sábado si respaldan un nuevo paro ante la falta de rentabilidad
Los integrantes granadinos de la plataforma aseguran que están «peor» que en marzo y critican el incumplimiento de la ley
La asociación que convocó el paro que logró paralizar el país y puso contra las cuerdas al Gobierno el pasado mes de marzo, la Plataforma ... Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, ha amenazado esta semana con una nueva huelga indefinida de transportes, que ratificarán el próximo día 5 de noviembre si no hay una respuesta del Gobierno. Denuncian que no se está cumpliendo la ley aprobada por el Ejecutivo para evitar que los transportistas trabajen por debajo de costes, la medida con la que se logró poner punto final al conflicto, además de otras como las ayudas al transporte y la bonificación del gasóleo.
Los transportistas y conductores de todo el país están convocados a asambleas provinciales este próximo sábado donde analizarán «el incumplimiento de los cargadores y la pasividad de la administración sobre la ley de precio de coste» y votarán si convocan un nuevo paro. En el caso de Granada, la asamblea se celebrará en Chauchina, en la nave de un transportista asociado a Plataforma y lo que palpan, a priori, los miembros de la organización en la provincia es «mucha desesperación».
«Con la ley vimos una salida, los precios de los viajes remontaron un poco porque cuando arrancamos en abril había mucha demanda de trabajo por el tapón acumulado, pero ahora volvemos a estar peor que cuando paramos en marzo y nos sentimos engañados», explica el delegado en Granada de Plataforma, el transportista José Rodríguez.
¿Qué piden?
Exigen cambios en la normativa actual, inspirados en la Ley francesa de contratación del transporte público de mercancías, que den viabilidad a los pequeños transportistas.
Entre otras cuestiones reclaman que se incluya el importe medio de explotación como referencia obligatoria y un precio que garantice un beneficio para el transportista.
También piden un endurecimiento de las sanciones y que se castigue a todos los intervinientes en el contrato si el precio no se ajusta a la ley.
Asimismo piden que la carta de porte, un documento obligatorio para los transportistas, incluya detallado el precio del viaje y que la Guardia Civil de Tráfico, no solo la Inspección de Tráfico, sea competente para exigir y vigilar el cumplimiento.
En la misma línea, reclaman que la Inspección de Transporte, la Guardia Civil y hasta Policía Local vigilen la prohibición de carga y descarga por parte de los conductores, que según aseguran, sigue sin cumplirse.
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