La pobreza enquistada: el 60% de atendidos en Cáritas lleva más de tres años en la entidad

El director de Cáritas Diocesana, Javier Benavides, reconoció que ellos no constatan una mejoría en la situación general. Actualmente las ayudas se alargan en el tiempo en una suerte de pobreza enquistada y cerca del 60 por ciento de la población atendida acude a Cáritas desde hace tres o más años. Así lo dijo Benavides junto al delegado episcopal del Arzobispado de Granada en la oenegé, Alfonso Marín. Aunque ha disminuido levemente el número de usuarios, han aumentado las ayudas y su «cronicidad». «Sin prestaciones, la precariedad se arraiga», abundaron.

Quisieron destacar el incremento del 75% en las ayudas a vivienda para sufragar gastos de alquileres, hipotecas y suministros, con 3.600 demandas. Para ellos es un síntoma de la «pobreza energética», que refleja las serias dificultades que tienen las familias para afrontar los gastos básicos del hogar.

Para paliar esa cruda realidad, la organización puso en marcha ayudas y proyectos por más de 6,5 millones de euros para acompañar a más de 7.600 personas en condiciones de gran vulnerabilidad en 2017, en el marco de «una amplia batería de programas de acción social, que construyó oportunidades y procesos» que repercutieron en un total de 21.800 beneficiarios.

Desde Cáritas también apuntaron a una «feminización de la pobreza», que «no entiende de barrios». Y volvieron a incidir en que tener trabajo no protege ante la exclusión. El 69% de la población atendida fueron desempleados de larga duración. Sin embargo, el porcentaje de activos ocupados se incrementó al 15%. «Un 8% de los usuarios cuenta con trabajos marginales o de economía sumergida y el 7% restante dispone de un trabajo normalizado», abundaron los portavoces.

El 59% de los demandantes de ayuda de Cáritas en Granada disponen de estudios básicos, frente al 4%, que tiene estudios universitarios, «lo que muestra una clara correlación entre el nivel de estudios y el riesgo de exclusión», ilustró Benavides.

Por eso, con una partida cercana al millón de euros, sus programas de empleo y economía social acompañaron en 2017 a 1.300 personas, de las cuales 400 encontraron trabajo y 150 recibieron formación en agricultura y en puestos demandados en empresas colaboradoras.

Otro dato relevante es que el 65% de las personas atendidas fueron españoles, el 75% disponían de vivienda en buen estado y el 48% vivían en zonas y barrios en buenas condiciones.

Los programas de personas sin hogar y adicciones acompañaron en 2017 a 700 personas sin techo con una inversión de un millón de euros. Gracias a ellos, 130 individuos que vivían en la calle iniciaron procesos de recuperación, 40 comenzaron una nueva vida autónoma y otros tantos lograron el alta terapéutica tras programas de rehabilitación.

Por su parte, el delegado episcopal, Alfonso Marín, quiso poner el acento en la gratuidad del voluntariado, «con personas que se levantan cada día llevando en su corazón los sufrimientos y las alegrías, los anhelos y las esperanzas de los más desfavorecidos».