El pleno rechaza el recurso de UP y da vía libre a la gestión indirecta del transporte

El debate no era baladí. Afectaba al contrato del transporte público, uno de los de mayor coste para las arcas municipales. Su renovación era uno de los grandes hitos del mandato. Sin embargo, como ha ocurrido con el de limpieza y recogida de residuos, ha tenido que ser prorrogado porque la tramitación del nuevo no ha sucedido a tiempo.

La responsabilidad del retraso ha sido un arma arrojadiza entre PSOE, PP y Unidas Podemos durante la sesión. Los socialistas han recalcado que, cuando llegaron al equipo de gobierno, «no había nada hecho salvo el informe de la consultora externa». Los populares, por su parte, han señalado que los recursos de UP han motivado, entre otras circunstancias, la tardanza. La confluencia, a su vez, ha recordado que «desde el minuto uno advertimos que alegaríamos» y ha puesto el foco sobre «la confederación PP-PSOE» que «no ha sido capaz de evitar la prórroga pese a que se sabía la fecha del fin del contrato desde hace 50 años».

Precisamente el portavoz de UP, Antonio Cambril, ha llevado la voz cantante en el debate. En una larga intervención, ha señalado el peso ideológico que hay en los informes en los que el pleno ha basado su decisión y ha criticado que, contra lo expuesto en ellos, entidades independientes como la OCU han recalcado que el servicio de Granada «es el quinto más caro del país».

El concejal, por otra parte, ha rechazado que la capital nazarí no pueda afrontar la inversión, tal y como dejaba entrever en su informe el interventor, y ha recordado que Málaga se encontraba con un plan de ajuste y un remanente negativo de tesorería «igual que Granada» cuando decidió remunicipalizar el servicio. «El Ayuntamiento puede asumirlo perfectamente en 4 o 5 años si se hace en fases», ha remarcado.

Contra la posición de los morados se han plantado el resto de fuerzas. La edil de Movilidad, la socialista Raquel Ruz, ha advertido que no se puede cuestionar la «independencia» de los técnicos que avalan los informes y ha afirmado que Málaga, contra lo sucedido en Granada, «no tenía una remanente negativo de tesorería» cuando tomó la decisión de hacer público el servicio de transportes.

Por los populares, el edil César Díaz ha recordado que el informe de intervención «no deja dudas de que el momento actual no permite la remunicipalización» y ha subrayado en que la flota de autobuses requiere de una «fuerte inversión». Contra las críticas de UP, ha asegurado que «entre la opinión de los consultores externos y la intervención que coinciden en que no podemos hacer la inversión y la suya, me quedo con la de los habilitados nacionales».

La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, ha coincidido con los morados en la «sinrazón» del retraso en la tramitación del nuevo contrato, pero se ha mostrado en contra de su recurso al considerar que los informes técnicos «dejan claro» que el modelo de gestión pública «no es posible porque no se podrían financiar las inversiones con endeudamiento». «Tanto los informes técnicos como de intervención nos dicen que la gestión indirecta es la más adecuada para Granada», ha insistido.

También ha participado en el debate el edil no adscrito Manuel Olivares, que ha argumentado que, aunque en otros ayuntamientos la gestión publica es la más adecuada, «en este no es así». «Se externaliza porque es más cómodo, más seguro y más barato. Al final, lo que queremos es lo mejor para los ciudadanos», ha dicho.

Con el rechazo del recurso, se da vía libre a la tramitación del nuevo contrato. Hace unos días, la junta de gobierno local aprobó el expediente para la licitación del diseño de los nuevos pliegos. El plazo que maneja el área de Movilidad es que «en cinco meses» estén finalizados para que el contrato pueda licitarse y adjudicarse en 2023.