La plataforma 25 de Noviembre respalda a la asesora de Juana Rivas

En un comunicado, la plataforma feminista ha aclarado que "hay solución" para Juana Rivas, que denunció en mayo de 2016 a su excompañero y padre de sus hijos, Francesco Arcuri, condenado por lesiones en el ámbito doméstico en 2009 y residente en Italia, por supuestos malos tratos. "Tenemos unos derechos universales de todas las humanas y de todos los humanos, unos derechos universales de todas las niñas y de todos los niños, y unos principios legales que los sustentan", ha agregado.

Según ha explicado la plataforma, Francisca Granados, como asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, ha realizado su trabajo asesorando a Juana Rivas como víctima de violencia de género, usuaria de este servicio, junto a las demás profesionales del mismo, han especificado desde la plataforma, que ha recordado que esta funcionaria "es licenciada en Derecho, tiene un amplio currículo, entre el que se encuentra profesora asociada de la Universidad de Granada, y una larga trayectoria profesional y personal en la promoción de la igualdad". Actualmente es también directora del área de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena.

Este colectivo ha recordado que los centros municipales de información a las mujeres son un servicio público fruto de la colaboración entre el Instituto Andaluz de la Mujer con los ayuntamientos de la comunidad autónoma, con una trayectoria de 25 años en el caso de Maracena.

Realizan intervenciones dirigidas a "la promoción de la igualdad efectiva ente mujeres y hombres, ofreciendo información y asesoramiento y desarrollando programas de participación y sensibilización", y disponen de un área específica sobre violencia de género, que atiende y asesora a las mujeres en su entorno más cercano.

El Centro de la Mujer de Maracena es, para la plataforma 25 de Noviembre de Granada, "un ejemplo de cómo un servicio público municipal da respuesta asesorando a las mujeres víctimas de violencia de género sobre las actuaciones que pueden hacer para salir de ese ciclo infernal en el que están inmersas".

"Si desde el movimiento feminista, las asociaciones e instituciones animamos a las víctimas a pedir ayuda, cuando lo hacen tenemos que dar respuesta" y, en este caso, "se ha puesto en evidencia que aún hace falta desarrollar el procedimiento jurídico" en el caso de la protección de los menores víctimas de violencia de género por ser hijos de maltratadores que han convivido en el mismo entorno de violencia que su madre.

Están pendientes, asimismo, de "desarrollar los procedimientos para la coordinación internacional cuando víctima y agresor son de países distintos", pues "nuestras leyes y los tratados internacionales lo contemplan, y está recogido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género" y, se trata de que las víctimas de violencia de género no lo sean también de procedimientos administrativos.

"El ataque que desde algunas instancias se está haciendo a las profesionales de estos servicios públicos es una muestra más del sistema que no quiere reconocer que la violencia de género tiene víctimas" y que "las actuaciones en todas las instancias deben estar impregnadas con esta mirada de género", han concluido.