Piden seis años de cárcel a una abogada acusada de quedarse con dinero del Fogasa

Esa petición de cárcel la realiza la denunciante, R. L., que ejerce la acusación particular y atribuye a la que fue su abogada un posible delito de apropiación indebida «agravada por la relación profesional y de amistad» existente entre ambas. Además de la pena de encierro, la afectada solicita que se le imponga una multa de 3.600 euros.

Así figura en el escrito de conclusiones provisionales que la nueva abogada que representa a R. L., Rocío Padilla, de Ártico Abogados, ha remitido ya al órgano que investigó el asunto: el Juzgado de instrucción número 1 de la capita. En su escrito, reclama como indemnización la suma de la que la profesional encausada supuestamente se apropió más intereses.

Por su parte, la fiscalía pide una condena de tres años de cárcel para la procesada, a quien igualmente atribuye una presunta apropiación indebida. Junto a ello, solicita que la letrada sea inhabilitada «para el derecho del ejercicio de la abogacía durante el tiempo de la condena» y que pague una multa de 2.400 euros.

Fuentes judiciales precisaron que el juez instructor del caso, Basilio García, decretó la apertura de juicio oral el 10 de febrero pasado y que el asunto se encuentra pendiente de que se ponga fecha al juicio en la Audiencia Provincial de Granada.

Si la afectada pide una pena más elevada que la que reclama el ministerio público es porque considera que hay que aplicar una agravante al ilícito: la de «abuso de confianza».

R. L., según relata en su escrito, contrató los servicios de la procesada para la defensa de sus intereses en un procedimiento que se seguía en un juzgado de lo Social de Granada, a fin de reclamar «diferencias salariales frente al que era su empleador». Este proceso laboral concluyó en 2016, con una sentencia que condenaba al empresario a abonarle esas diferencias más los intereses correspondientes. El total ascendía a los 6.445,25 euros que la profesional presuntamente hizo suyos. Al no hacerse cargo el empresario del pago de la cantidad reclamada y estimada en sentencia, se abrió el expediente correspondiente al Fogasa, que finalmente se hizo cargo del pago.

«Pese a que nuestra representada siempre facilitó su número de cuenta a la letrada para que aquel organismo transfiriera las cantidades correspondientes, la abogada, con la intención manifiesta de quedarse con el dinero (...) facilitó no el número de cuenta de la beneficiaria, sino el número de cuenta de la que era y sigue siendo titular la abogada», indica en su escrito la acusación particular.

La clienta, dado que transcurría el tiempo y no recibía el dinero, preguntó a la acusada, y esta le decía –siempre según figura en el escrito– «que como no había Gobierno todavía, no había Presupuestos Generales del Estado y por eso no le pagaban».

Como no le convencían estas explicaciones, la mujer se personó finalmente en el Fogasa en enero de 2020, y fue cuando le informaron de que las cantidades se habían abonado hacía dos años»,. Además, le confirmaron que el pago se había hecho en la cuenta de la profesional que había representado sus intereses en aquel pleito laboral. A fecha de la emisión del escrito de acusación de esta parte, el 8 de febrero pasado, la letrada «no había hecho entrega del dinero».

No es este el único asunto que va a llevar a una profesional del Derecho este año al banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Granada. Tal y como publicó este diario recientemente, otra letrada será enjuiciada el 16 de septiembre por, presuntamente, haberse quedado también con dinero ajeno.

En este otro asunto, la suma era de más de 7.000 euros correspondientes a las costas ganadas en un proceso civil, cantidad que legalmente era del cliente de la letrada acusada, pues ya le había pagado 4.000 euros de honorarios.