El Gobierno trasladará a los funcionarios de puesto si no «rinden» durante su trabajo

Los funcionarios ya no tendrán su cargo asegurado, aunque sí su puesto de trabajo, y podrán ser designados para ejercer otra labor en el caso de que "no rindan" en el puesto que ocupan y no obtengan los resultados esperados, según ha anunciado hoy el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. "La continuidad de los puestos dependerá de lo que se haga en éstos" con lo que desaparecerá "la presunción de estar obteniendo un puesto para toda la vida, se desempeñe éste como se desempeñe", ha indicado.

Asimismo, el Gobierno quiere que los empleados públicos sean sometidos a evaluaciones periódicas y hacer depender de ellas una parte de sus retribuciones y su continuidad o no en el puesto de trabajo. "Yo no me quedo satisfecho con un modelo de Función Pública en el cual los funcionarios, hagan lo que hagan, sean inamovibles. Y tampoco que sean removibles en función de intereses políticos. La categoría de funcionario te garantiza el trabajo, pero no el puesto de trabajo si no se cumplen sus funciones", ha subrayado Sevilla. No obstante, el titular de Administraciones Públicas ha precisado que el anteproyecto del Estatuto, que próximamente será aprobado en Consejo de Ministros, no determina qué mecanismos de evaluación se emplearán ni quién se encargará de realizar dichas evaluaciones, un aspecto que aún se tiene que desarrollar.

Además de estas novedades, el anteproyecto de Ley del Estatuto de la Función Pública también impedirá que la tasa de empleo temporal de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que actualmente se sitúa en el 30%, supere el 10%. Otra medida incluida en el texto pretende consolidar los sistemas de provisión de puestos mediante concurso y libre designación con convocatoria pública. También introduce la carrera profesional horizontal, sistema que permitirá progresar laboralmente sin cambiar de puesto de trabajo y que complementa al actual modelo de carrera, basado en la movilidad. Ambos sistemas de ascenso irán ligados a una "evaluación objetiva" del desempeño profesional. El Estatuto, cuya aprobación cumplirá con un mandato constitucional, moderniza los procesos de selección con la incorporación de nuevas pruebas distintas a las tradicionales, como entrevistas personales o pruebas psicotécnicas, y crea la figura del personal directivo, introduciendo un nivel personal y directo a la hora de responsabilizarse de los resultados de la gestión.

Enfrentamiento político a cuenta del Estatut

El debate de este anteproyecto en el seno de la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso ha tenido un marcado carácter político, ya que Sevilla ha relacionado el rechazo que viene mostrando el PP a este texto con su postura contraria al Estatuto de Cataluña. Para el ministro, que los populares se opongan a un anteproyecto que comparte muchas similitudes con el que el propio Gobierno del PP presentó en 1999 no es más que una "decisión política" y un "boicot" que puede encuadrarse "en su campaña de recogida de firmas contra el Estatuto catalán".

Las discrepancias con el PP en torno al anteproyecto de la Función Pública son de contenido y de qué competencias corresponden al Estado y a las comunidades autónomas, ha referido el ministro de Administraciones Públicas, lo cual dificulta la posibilidad de llegar a un acuerdo. Aunque el ministro ha pedido al principal partido de la oposición su apoyo para sacar adelante el texto, también le ha avisado de que su objetivo es aprobarlo, con o sin el PP. Para el portavoz del PP en esta Comisión, Francisco José Villar, Sevilla no quiere negociar con su partido y pretende hacer de este anteproyecto "el embrión de 19 modelos distintos" de Función Pública. Además, ha denunciado que el texto "rebaja" la legislación básica del Estado y que se ha inspirado en las reivindicaciones de determinadas comunidades autónomas.

Desde CiU, la postura manifestada por su portavoz, Jordi Jané, no ha estado exenta de críticas, aunque se ha mostrado de acuerdo con algunos contenidos del anteproyecto. Jané ha advertido de que el actual borrador "necesita una dieta severa", pues "sobrepasa en mucho" lo que debería ser una normativa básica y recoge una visión "centralista y unitaria" de la Función Pública, por lo que si no se introducen modificaciones, su grupo amenaza con presentar una enmienda a la totalidad. Desde las filas de ERC, su portavoz, Francesc Canet, también ha criticado la "invasión" de competencias autonómicas que, a su juicio, contiene el borrador, aunque ha optado por ver el "vaso medio lleno" con la confianza de que el anteproyecto pueda mejorarse durante las negociaciones.