Padres y madres del Colegio Sagrada Familia exigen una consulta interna para evitar la «imposición» del pantalón

Estas familias han decidido mantenerse en el anonimato «por miedo a las represalias del colegio» y han contratado a la abogada María Santaolalla para que defienda sus intereses y los de sus hijas. «Las niñas van a seguir matriculadas y, para bien o para mal, enfrentarse a la institución que las está educando da un poco de miedo», ha señalado la letrada. No obstante, ella desconoce el número exacto de familias a las que representa. «Sé quién está pagando, quién vino con el dinero recopilado, pero no cuántas madres hay detrás», ha admitido.

Según cuenta la abogada, la directora, la Hermana Esperanza Juan, la llamó para pedirle nombres y apellidos de sus representados. «Evidentemente, yo tampoco puedo dar datos de mis clientes si no me lo permiten. Además, a nivel legal no se está haciendo nada. El objetivo es intentar hacerlo de una manera relativamente consensuada», ha explicado Santaolalla, que empezó a defender a estas familias «el miércoles o el jueves» pasado.

Antes de eso, ellas ya habían intentado, «por todas las vías posibles», establecer diálogo con la dirección del colegio e incluso con la Inspección de Educación -que ha respondido no poder hacer nada al tratarse de un colegio concertado-, pero la directora «solo quería reuniones individuales con los padres», ni grupales ni con ella. Por ello, estas familias exigen ahora que se lleve a cabo una consulta interna y que su opinión sea «preferente» de cara a cambios en la normativa.

De hecho, así se hizo el curso pasado para decidir el horario escolar. El centro tenía dos días clase por la tarde, se hizo una consulta con los padres «a ver si estaban de acuerdo», salió que no y se puso jornada intensiva. «Así que si la Hermana Esperanza está tan segura de que son muy pocas familias las que están protestando, que hagan una consulta», ha sugerido la abogada.

Para María Santaolalla, la recogida de firmas realizada a través del AMPA en marzo de este año, cuando se oficializó el nuevo uniforme, «lo dejó muy claro». Un total de 530 firmas mostraron el desacuerdo de algunos padres. Además, en 2019, cuando anunciaron la medida, ya se hizo una primera recogida en contra de la eliminación de la falda que concluyó también con cerca de 500 apoyos.

El colegio «se salvaguarda» en que al inicio de curso hay que firmar las normas del centro, que incluyen respetar el uniforme. «Por miedo, todos los padres han firmado, pero no están de acuerdo», ha insistido la abogada, que también requerirá una revisión del reglamento que establece las sanciones. Parece ser que «partes leves e incluso la expulsión unos días del centro» podrían ser las consecuencias de no llevar pantalón en primero de Primaria.

Así lo han entendido, al menos, los padres y madres de las niñas que «fueron amonestadas verbalmente por ponerse las faldas de sus hermanas para acudir a clase». «Pruebas no hay, más que el testimonio de las niñas. Las cogieron y les advirtieron que estaban incumpliendo la normativa y que habría consecuencias, incluso expulsión -ha apuntado Santaolalla-. El problema es que esas represalias fueron contra las niñas, no contra los padres».

La dirección afirmó días atrás que «se trata de un cambio en la totalidad del uniforme, no de prohibir la falda e imponer el pantalón», y que «a las niñas se les comunicó eso de una forma muy delicada, sin ninguna regañina». Ante las actuales exigencias de las familias -que solicitan una consulta interna para evitar que la falda desaparezca y piden revisar las posibles sanciones-, IDEAL ha intentado contactar con el centro, pero no ha obtenido respuesta.