La oposición municipal también amaga con 'boicotear' el aumento de la tasa de basura

El edil de Economía, Baldomero Oliver, explicó que la Diputación es la que se encarga del tratamiento de los residuos, en función de un convenio que han firmado con los ayuntamientos. Es la institución provincial la que asume este tratamiento, por el que cobra a los ayuntamientos el dinero que cuesta el servicio -al ser una tasa se cobra exactamente el coste del trabajo-. Así, según explicó Oliver, la Diputación calcula que el servicio se incrementará en 2018 porque la capital generará mayor cantidad de residuos. Según los cálculos de la institución provincial, la capital necesita subir un 5,4% el pago de esta tasa para cubrir los costes.

Según se explicó ayer en la citada comisión de Economía, el Ayuntamiento abonó el pasado año 2.610.000 euros, en función de las toneladas de basura. La previsión para 2018, según el estudio de costes que ha hecho la institución provincial, es que serán necesarios 2.870.000 euros más. En este cálculo es en el que se ha basado el incremento del 5,4% propuesto para aumentar esa recaudación y que se cubra el servicio.

Los grupos de la oposición han decidido abstenerse en la comisión ante este expediente y han solicitado que la Diputación haga públicos los datos que le llevan a hacer esa previsión al alza. Sólo votó a favor el PSOE, y el resto de grupos se mostraron dispuestos a no avalar esta subida hasta no tener acceso a los números que llevó a cabo la Diputación de Granada. En caso de que no llegaran esos cálculos antes de la celebración del pleno, la oposición estaría dispuesta a pedir que quedara el expediente sobre la mesa.

Hay que explicar que una tasa es un cobro que se hace para cubrir los gastos de un servicio, no genera ingresos que después pueda gestionar un ayuntamiento. En caso de que la modificación de la ordenanza que gestiona la tasa de tratamiento de residuos no fuera aprobada en el pleno, serían las arcas municipales las que tendrían que asumir esa cantidad de dinero que hay entre lo que se cobra en el servicio y el coste real del tratamiento.

El equipo de gobierno del PSOE se ha enfrentado en las últimas semanas al 'bloque' de la oposición, que no avaló las ordenanzas fiscales ni el cambio en el IBI.