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La magistrada posa para IDEAL en el edificio de la Real Chancillería Pepe Marín
Beatriz Pérez Heredia | Presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia

«Necesitamos cambios para que las mujeres accedan a puestos de poder»

La primera presidenta se marca como retos de su mandato acercar el tribunal a la sociedad y reducir la saturación

Domingo, 8 de junio 2025, 00:34

Beatriz Pérez Heredia (1975) quiso ser jueza desde que tuvo uso de razón. Su padre, abogado, le animó a elegir, abrazar y amar la profesión. Aunque lleva 23 años de carrera, confiesa que conserva las mismas ganas que el primer día. Volcará su vocación y experiencia en la presidencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Granada. Beatriz es la primera mujer en ostentar el cargo y pretende mejorar la relación del tribunal con el resto de operadores jurídicos.

–¿Cómo recibió el nombramiento y el respaldo unánime del CGPJ?

–En realidad, si le soy franca, en estos primeros días en el cargo pienso más en la responsabilidad que implica el desempeño del mismo, con todo lo que ello conlleva, la designación como miembro nato de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en el significado mismo del nombramiento. Es un cargo que asumo con gran respeto y sentimiento de responsabilidad, pero también con vocación y alegría.

–Ingresó en la carrera judicial en 2002 y ejerció en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción hasta el año 2010, en el que comenzó a ejercer en el Juzgado Social único de Motril. ¿Por qué decidió especializarse en esta materia?

–Cuando preparaba oposiciones y cuando comencé a ejercer como juez pensé que me dedicaría a la jurisdicción civil. Pero, solo un día después de que naciera mi primer hijo, ascendí a magistrada, lo que me obligaba a trasladarme a Cataluña, y decidí pedir una excedencia. Pensé que podía aprovechar ese tiempo para comenzar a preparar la especialización en esta jurisdicción, a la que además se dedica mi marido, que es Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Es un área apasionante, pues tiene como objeto una rama fundamental de nuestro Ordenamiento Jurídico, que viene a regir, nada más y nada menos, que el derecho a trabajar y a hacerlo de forma digna. En esta jurisdicción se trata de hacer justicia respecto de un derecho tan común a todos y tan importante como es el derecho a obtener sustento, ojo, no solo para el trabajador, sino también para el empresario, y sus respectivas familias. Te hace una juez más empática, humilde y cercana a los problemas reales de las personas.

–¿Qué le gustaría aportar en su mandato?

–Como presidenta de la Sala, además de seguir con las funciones propias de cualquier magistrado, que son fundamentalmente el dictado de las correspondientes sentencias en sede del recurso de suplicación respecto de las sentencias que se recurren procedentes de los Juzgados de lo Social de Jaén, Granada, Motril y Almería, ostento competencias de dirección y organización de este tribunal, además de haber adquirido la condición de miembro nato de la Sala de Gobierno del TSJA, que es el órgano de gobierno de todos los jueces y magistrados de Andalucía. En cuanto a qué me gustaría aportar durante mi mandando, creo que es fundamental conseguir una mayor unificación de criterios a la hora de resolver asuntos semejantes; conseguir reducir la pendencia o acumulación de asuntos en el seno de la sala; una mejora en el ámbito digital; así como fomentar la relación de la sala con los demás operadores jurídicos de esta jurisdicción de lo social, titulares de los órganos unipersonales, miembros de los consejos profesionales de graduados sociales, abogados o universidad.

–Es usted la primera mujer que preside la sala. Solo un 3% de las juezas andaluzas han logrado ser presidentas, pese a que suponen la mayoría de la planta judicial. ¿Qué se puede hacer para aumentar la proyección profesional de las mujeres y qué cree que lastra su promoción?

–Efectivamente, el 63% de los jueces de instancia son ya mujeres. Sin embargo, este porcentaje desciende al 43 % cuando nos referimos a magistrados destinados en órganos de segunda instancia como el que yo desempeño, y, claro, es todavía más escaso el número de presidentas de sala del TSJA. Por ahora, solo se contaban 16 mujeres entre las 51 presidencias. No se puede por ello negar que existe un techo de cristal. La menor presencia femenina en los niveles superiores de la judicatura no se explica solo por la menor antigüedad media de las juezas. Y es que aunque en el mundo de la judicatura ha habido cambios, no han sido suficientes porque la representación femenina sigue siendo muy pequeña según hemos visto. La razón es que siguen perpetuando los tradicionales roles de género. La mujer por lo general hace peor carrera en el escalafón debido a la maternidad y a las labores de crianza. Ello relega durante unos años muy importantes su proyección profesional. Le aseguro que hubiera sido imposible que yo misma hubiera podido promocionar hasta este puesto si no hubiera existido en mi casa una verdadera, efectiva y equilibrada conciliación familiar lo cual, paradójicamente, ha redundado en beneficio de la carrera profesional de ambos. Es por ello que desde aquí animo a las juezas jóvenes que quieren crecer profesionalmente a que no se desanimen, a que no paren de formarse y a que se postulen para puestos de nombramientos discrecionales o gubernativos.

–Los ocho juzgados de lo social de Granada se encuentran sobrecargados e ingresan un 45,25% más de casos deseables. ¿Qué mejoras considera que necesita la justicia?

–La sobrecarga de los juzgados de todas las jurisdicciones es una constante que se lleva soportando años, tanto por los titulares de dichos órganos judiciales como por los justiciables, que comprueban como la resolución de sus litigios se eterniza, sin que por el momento se haya producido una mejora real por parte de los distintos gobiernos de la situación, siendo imprescindible aumentar la ratio de jueces y magistrados, en proporción a la población de nuestro país; una mejor organización general de los medios personales y modernización real de los materiales, a menudo obsoletos, con medios informáticos que a menudo no facilitan nuestro trabajo, sin que incluso en ocasiones lo ralentizan. Y esto muy especialmente en los llamados juzgados de pueblo, en los que a menudo se ejerce la función jurisdiccional por los jueces que sirven en los mismos en condiciones claramente deplorables. Considero que, además de las medidas que en general deberían adoptarse en todas las jurisdicciones para reducir la continua avalancha de asuntos que entran los juzgados, ha de fomentarse la resolución de los conflictos por las propias partes a través de los medios de autocomposición, incluida la mediación intrajudicial. En el ámbito del derecho de trabajo esto es fundamental porque, además de reducir la litigiosidad judicial, apreciamos cada vez una mayor complejidad de los asuntos en esta Jurisdicción, por ejemplo como consecuencia del incremento de la invocación de la vulneración de derechos fundamentales en las demandas, a raíz de algunas reformas legislativas, así como por la existencia de derechos en materia de Seguridad Social de nueva creación, como son el complemento de brecha de género o el ingreso mínimo vital. Considero que, además de las medidas que en general deberían adoptarse en todas las jurisdicciones para reducir la continua avalancha de asuntos que entran los juzgados, ha de fomentarse la resolución de los conflictos por las propias partes a través de los medios de autocomposición, incluida la mediación intrajudicial.

–En este 2025 la justicia afronta la mayor reforma de los últimos 40 años con la puesta en marcha de la ley de eficiencia judicial. ¿Qué opinión le merece la reforma?

–Es necesario un cambio en la estructura orgánica de los órganos judiciales. Es obvio a mi parecer desde hace mucho tiempo, siendo esta una de las cuestiones que recoge dicha Ley, con la creación de los Tribunales de Instancia, que vienen a sustituir a los antiguos Juzgados. También prevé la evolución de los Juzgados de Paz hacia modernas Oficinas de Justicia con sede en los municipios, y la implantación de una Oficina judicial adaptada a la nueva organización. Además, se potencia lo que se ha venido a denominar medios adecuados de solución de controversias alternativos a la jurisdicción (MASC). Ahora bien, en el ámbito judicial se plantean serias dudas de que esta reforma sea realmente productiva y no se quede en un mero lavado de cara de los verdaderos problemas que acucian a la Justicia.

–¿Cree que la nueva reforma que promueve el Ejecutivo en el acceso a la carrera judicial beneficia la renovación de la planta judicial?

–Es posible, pero lo que es muy preocupante es cómo y a costa de qué. El proyecto consolida un sistema de becas que facilite el acceso a la carrera judicial y fiscal a aquellas personas que carezcan de recursos, medida con las que estoy de acuerdo, pero modifica profundamente los procesos de selección para el acceso a la carrera judicial, albergando serias dudas de que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir, en todo tiempo y lugar, el acceso a la función pública. Se elimina uno de los dos exámenes orales en el turno libre para sustituirlo por un dictamen práctico eliminatorio. Esta medida puede suponer un incremento de la subjetividad en la evaluación. El proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos en la forma que se prevé , basado en una oposición consistente únicamente en un dictamen práctico, seguido de una fase de méritos, no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales.

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