Más de 80 municipios granadinos se interesan en regularizar sus 52.927 cortijos ilegales

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha advertido de que no es una amnistía. Toda casa ilegal no saldrá del limbo. En el mapa de Granada, las que estén en la Vega no pasarán el filtro por estar en un suelo con especial protección, blindado por el POTAU. Un ejemplo es la histórica urbanización Caballo Blanco, que no podrá entrar en esta regularización masiva de cortijos en suelo rústico.

El nuevo decreto amplía el concepto de casa regularizada –que no legal–, a una figura ya contemplada en anteriores normas, pero demasiado encorsetada para su aplicación. Esta figura, siempre que haya prescrito el delito (6 años), permite que los propietarios puedan inscribir sus inmuebles en el Registro de la Propiedad y obtener servicios básicos como agua, luz, saneamiento y permisos de obras de mejora. «Es un reconocimiento de la propiedad privada que aportará seguridad jurídica», explica el delegado de Fomento granadino, Antonio Granados, que añade que ya se podrán solicitar hipotecas sobre estas viviendas y que se heredarán y venderán con todas las garantías.

¿Cómo podrán regularizar su vivienda los propietarios de cortijos que estén interesados? Lo harán realizando la petición en sus ayuntamientos ya que son los municipios los que aplicarán el decreto y estudiarán caso por caso. La norma ha despertado interés. Tanto, que a la reunión convocada por la delegación del Gobierno de la Junta en Granada, este pasado lunes, acudieron más de 80 ayuntamientos, entre ellos 32 alcaldes con ganas de conocer qué viviendas de sus pueblos se pueden regularizar.

El 'indulto' de la vivienda se inicia con la presentación de un documento técnico en el ayuntamiento. Para las urbanizaciones se prevén planes especiales que también han de ser impulsados por las corporaciones locales. «Los municipios que tengan dudas sobre algún tipo de viviendas pueden hacernos su consulta a través de la página web», apunta Antonio Granados.

Albolote, Almuñécar, Cájar, Cogollos Vega, Gójar, Huétor Vega, Íllora, Lanjarón, Ogíjares, Polopos, Salar, Torrenueva y Trevélez son algunos de los municipios que quieren saber cómo regularizar sus viviendas ilegales.

Los pueblos granadinos ya tuvieron otra oportunidad con un decreto de 2012 que tuvo poco éxito. Las agrupaciones de viviendas tenían que desarrollar un plan especial tan complejo que se quedaron por el camino. Para los particulares era más fácil pero, aunque los ayuntamientos promovieron la legalización, se calcula que tan solo 1.500 viviendas de toda Andalucía resolvieron su situación.

Indica Granados que este decreto deja mucho espacio a los ayuntamientos, que serán ellos los que decidan qué gestionan como agrupación. La nueva norma incluye la incorporación de las agrupaciones irregulares (urbanizaciones) a los planes generales, para lo que los ayuntamientos deberán prever servicios mínimos, zonas verdes y equipamiento.

Y poco más. Antes, esta aprobación estaba vinculada al plan general de ordenación urbana de cada pueblo y ahora, poco menos que las urbanizaciones tan solo tienen que demostrar su viabilidad económica para hacerse con los servicios de manera conjunta. La aprobación de un plan especial –ahora– puede durar entre 12 y 18 meses. Antes los ayuntamientos tenían que esperar hasta la aprobación de los PGOU, es decir, una media de nueve años. En Albolote, el alcalde, Salustiano Ureña, calcula que tienen más de 600 viviendas en situación irregular y que muchas de ellas tienen especial protección por estar en la vega. Los Parrales o Camino de La Colorá son zonas que se estudiarán.

Loja tiene muchas viviendas sin regularizar en suelo rústico. Desde el Ayuntamiento, según explica el alcalde Joaquín Camacho, analizarán caso por caso y harán un trabajo riguroso, que no genere falsas expectativas. Llegaron a contar 2.500 en sus 454 kilómetros cuadrados. Para aplicar el decreto de 2012 crearon una oficina específica y se regularizaron algunas y ahora el Ayuntamiento tendrá que definir, de la mano de la Junta, cuáles pueden reconvertirse en esta batida.

Los ayuntamientos quieren que sus vecinos con este tipo de viviendas estén tranquilos y además piensan que es algo positivo para el municipio porque se recaudan, así, más impuestos.

Además, los que quieran regularizar su vivienda tienen que pagar una tasa, un tanto por ciento del valor de lo construido, un 7% (unos 3.000 o 4.000 euros) por ejemplo en Cogollos Vega y un 3,5% en Motril, unos 1.500 euros. Este municipio costero llegó a regularizar, con la ley de 2012, 176 de 300 que fueron tramitados. En total, tiene 2.500 cortijos ilegales pero aquel decreto movilizó poco. Los municipios granadinos vuelven a la carga para regularizar sus viviendas, una segunda vida legal para sus cortijos.

Pilar García-Trevijano

El municipio sexitano recibe con los brazos abiertos el nuevo decreto de la Junta que permite regularizar las viviendas ilegales. El área de Urbanismo del Ayuntamiento empezó a corregir la situación de estos cortijos –que se concentran en las zonas de Río Verde y Seco que lindan con los municipios de Jete y Otívar– en 2012. En el caso de las viviendas aisladas había fórmulas que les daba acceso a los servicios mínimos de luz, agua o saneamiento. Sin embargo, el Consistorio tenía complicaciones a la hora de regular los asentamientos o grupos de viviendas adosadas que vertían sus residuos «contaminando los acuíferos de Almuñécar», explica Francisco Javier García, edil de Urbanismo. «La declaración de AFO da facilidades para poder conceder las licencias de ocupación. Cada semana detectamos muchas anomalías en las solicitudes de ocupación y encontramos que se tratan de viviendas ilegales», asegura.

Las buenas nuevas se extienden desde los márgenes de río Verde y Seco a Las Zorreras motrileñas. Nuevas que llegan a una zona tranquila en la que apenas hay movimiento dentro de las casas. La ciudad también había regularizado ya un número significativo de viviendas ilegales. En los suelos de este paraje en el que estaba permitido un cuarto de aperos para los agricultores se erigen grandes chalets de varias plantas e incluso piscina. «El Ayuntamiento contabilizó y registró las viviendas y unos pocos regularizaron sus casas. No se yo si con la deficiencias que tienen algunas podrán acogerse al decreto», dice M. R, propietario de una vivienda «regulada y legal».

Noelia Jiménez

En el Poniente Granadino, la situación de las regularizaciones de viviendas fuera de ordenación se remonta al primer decreto de la Junta, en 2012. Loja fue entonces el primer municipio en aprobar el decreto para regularizar. «Y seguimos adelante con nuestro procedimiento, ahora ya conforme a la nueva norma», explican desde el área de Urbanismo, que, sin poder dar cifras exactas, habla de varios miles de expedientes regularizados. «Lo que pasa es que de ellos no todos están en situación de conformidad con la legislación urbanística», indican en relación a zonas donde abundan este tipo de viviendas, como Plines.

Desde el Consistorio aseguran que aún no tienen ninguna iniciativa en relación al nuevo decreto y que ha venido a incidir en agrupaciones de viviendas que no tenían acceso a servicios y plantean un problema desde el punto de vista medioambiental.

Además, el decreto abre la puerta a que esos asentamientos se puedan desarrollar mediante la redacción de planes especiales en suelo no urbanizable, que no obstante podrían incorporarse al planeamiento general de la ciudad.

Moraleda de Zafayona no aprobó hasta 2016 la ordenanza conforme al primer decreto para que la gente pudiese regularizar en zonas como Los Tablazos, donde hay medio millar de construcciones. «No vino toda la gente que nos hubiese gustado. Se puso la tasa fiscal al 2,5% para animar pero, como prevalecía la impunidad, nos habrán llegado menos de 100 casos», aseguran desde el Ayuntamiento, que apunta la necesidad de que el personal inspector provenga de la propia Junta. La situación de Los Tablazos se remonta a diciembre de 1982, cuando su parcelación fue aprobada por unanimidad de PCE, PSOE y UCD. Se establecieron unidades mínimas de cultivo de regadío de 2.500 metros; y luego derivó en la construcción de viviendas en suelo rústico.

Laura Ubago

En Peligros, junto a la urbanización de Fonseca (barrio con las viviendas legalizadas), están los Cortijillos de Fonseca, con sus casas sin regularizar. Los dos tipos de inmuebles están pegados y casi que comparten espacio.

Los Cortijillos son casas bajas, agrupadas, de una sola altura y que tienen huertos. Así lo señala un vecino de la zona que explica que los propietarios, mayoritariamente, son jubilados que las tienen como segunda residencia. «Si te das una vuelta por la mañana, suelen estar trabajando sus huertos», anota.

El alcalde de Peligros, Roberto Carlos García, explica que los Cortijilllos llegaron a estar incluidos en un Plan Especial para poder regularizarlos pero que no se pudo concluir el trámite.

De hecho, a la entrada de esta zona, existe un cartel que marca cómo se llegaron a diseñar las calles de estar urbanización 'irregular' y cómo se les puso nombre, en aquel plan que no consiguió llegar a su fin.

El regidor de Peligros confía en que, en esta ocasión, los trámites sean más sencillos y rápidos y esta urbanización se pueda regularizar considerándola una agrupación.

Se trata de unas 50 viviendas que el Ayuntamiento tratará de legalizar para la tranquilidad de estos vecinos que viven en un limbo de cortijos, pared con pared con casas en suelo urbano.

Laura Ubago

El alcalde de Cogollos Vega, Manuel Lucena, acudió a la reunión sobre la regularización de viviendas. Quería informarse bien para que en su municipio se animen a pasar por este trámite y conseguir así escrituras.

Los datos son sorprendentes. Este municipio tiene unas 800 viviendas legales y 607 construcciones en suelo no urbanizable. Están diseminadas.

Por encima del instituto, comienza el entramado de viviendas irregulares diseminadas. Una se llama 'La Oliva', otra 'El Cortijillo' y por allí no hay ni un alma. Tienen todas pinta de ser segundas residencias y algunas están custodiadas por un perro. Los accesos son complicados. Por dentro del monte hay caminos que solo resistiría un vehículo todoterreno.

Con el otro decreto, se presentaron 232 casas de este término municipal y se tramitaron 182 expedientes.

«Los interesados tienen que presentar una memoria técnica en el ayuntamiento, que realiza un informe jurídico y técnico. Espero que los vecinos se animen, porque ellos ganan en tranquilidad y el Consistorio en ingresos porque recauda más impuestos», expresa Manuel Lucena que quiere que estos propietarios de cortijos se conciencien de la importancia de tener todos los papeles en regla.