Los motivos que tienen los secretarios judiciales para estar en huelga

IDEAL ha pedido a uno de los LAJ de la provincia, Alberto Bravo, que explique cuál es el cometido de estos funcionarios en el juzgado y que aclare los motivos que les han llevado a movilizarse, a colgar las togas. Bravo, además de desempeñar su función como tal en el Juzgado de Primera Instancia número 14 de la capital, es delegado del Colegio Nacional de LAJ en Granada.

Sobre el cometido de un LAJ, Bravo indica que es una figura que asume una serie de funciones: desde la dirección del personal de la oficina judicial «para la distribución y el reparto del trabajo», hasta una serie de funciones de tipo procesal. Por ejemplo: se encarga de la puesta en marcha de un procedimiento tras la admisión a trámite de una demanda, así como de preparar todas la actuaciones «para que el juez pueda celebrar el juicio y dictar sentencia». Se encargan, pues, de todo el desarrollo del procedimiento hasta que se dicta la sentencia y, una vez, está dictada, «conseguir ejecutarla».

Luego también hay otra serie de funciones en las que no media un juez, sino que son propias de los secretarios. Hay procedimientos, como puede ser un desahucio por falta de pago de la renta, en los que directamente el inicio y la solución que les pone fin corresponde al LAJ. «Son procedimientos en los que no interviene el juez», incide.

¿Y qué es exactamente lo que piden los secretarios? Los LAJ se quejan de que el Ministerio de Justicia no está cumpliendo una serie de acuerdos alcanzados en abril del año pasado y por esto se han terminado movilizando.

La amplitud de funciones de los LAJ detallada por Bravo se produjo en una reforma del año 2009 -ya han pasado 13 años- y supuso una suerte de 'trasvase' de competencias de los jueces a los secretarios. La finalidad de esa reforma era conseguir que los jueces «se dedicasen con mayor atención a celebrar juicios y dictar sentencias». Se trataba de «descargar» a los jueces «para que fuese más eficiente la Administración de Justicia».

Todas esas otras materias de las que se descargó a los jueces se les dieron a los letrados, que incrementaron sus competencias, y lo que piden ahora es que «ya que no se ha podido hacer a lo largo de estos años, se realice esa adecuación salarial a todas las competencias incrementadas». En definitiva, quieren cobrar lo que creen acorde su trabajo.

«El problema es que esas cuestiones que por escrito el Ministerio de justicia asumió, no se han llevado a la práctica, y estamos a la espera de que lo cumpla», expresa el LAJ, que confía en que el departamento que encabeza Pilar Llop cumpla el citado acuerdo de 2022.

Sobre lo que cobra un LAJ y considera que debe cobrar, Bravo aclara que cada puesto tiene una retribución distinta. El sueldo varía de un pueblo a una capital. En cualquier caso, deja claro que el acuerdo no solo preveía un ajuste salarial, sino que también tocaba otros puntos puramente profesionales.

Entre ellas, «incluir las particularidades de estos funcionarios en el Régimen de Riesgos Laborales del Ministerio de Justicia«. No hay que olvidar, por poner un ejemplo, que los secretarios de los juzgados de Instrucción acuden a los registros relacionados con los delincuentes junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Otros de esos puntos profesionales son «el desarrollo de la carrera profesional, o la actualización del reglamento orgánico, o la participación de las asociaciones en las negociaciones de las condiciones laborales«, que son cuestiones muy técnicas y de carácter orgánico y no retributivo.

IDEAL ha tenido acceso a los puntos del referido acuerdo de abril de 2022 que, según los LAJ, el Ministerio de Justicia «NO» ha cumplido. Solo está «en trámite», de acuerdo con el documento elaborado por los LAJ sobre esos «incumplimientos» del Gobierno central, el régimen de sustituciones, que se negociará en mesa sindical.

Estos son los principales puntos (resumidos) que sustentan su protesta:

-Grupos de Población: Quieren que se asimilen los complementos vinculados a los grupos de población a los establecidos para los médicos forenses.

-Productividad: Quieren que se incremente el porcentaje destinado a productividad del Cuerpo.

-Planes de actuación: Quieren que se mejore la cuantía prevista para los de entradas y registros, retribuyéndolas con 100 euros e incluyendo otras actuaciones necesarias de la guardia.

-Carrera profesional: Quieren que se trabaje con las asociaciones en la definición y concreción del modelo de carrera profesional.

-Actualización del reglamento orgánico: Quieren en particular eliminar la necesidad de consolidar la categoría de entrada.

-Régimen de Riesgos Laborales del Ministerio de Justicia: Quieren que se incluyan las particularidades de este colectivo en dicho régimen.

-Participación de las asociaciones de LAJ: Quieren que se cuente con ellas en las negociaciones de las condiciones laborales. Son tres las asociaciones de LAJ y las tres se pusieron de acuerdo para convocar el paro indefinido.

Bravo quiso dejar claro que los LAJ también lamentan los perjuicios que se puedan estar ocasionando a los justiciables por las suspensiones de juicios y actos procesales (en Granada superan el millar ya), si bien recuerda que a ellos también les genera perjuicio esta situación, ya que todo el trabajo aplazado se acumula también para ellos. Para terminar, el LAJ quiso agradecer al juez Emilio Calatayud su reciente publicación en el blog de IDEAL relacionada con el colectivo.