La denuncia era alarmante y la Guardia Civil de Granada se implicó al máximo para tratar de encontrar a los responsables. Lo consiguió, pero el desenlace fue sorprendente.
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Sucedió el año pasado. Todo empezó cuando una adolescente llegó a su casa y aseguró que acababa de ser asaltada y violada por dos encapuchados. La agresión sexual se había perpetrado en el interior del vehículo de los atacantes. La niña contó que la habían introducido a empujones en el coche y luego la forzaron. Después la dejaron en la carretera y huyeron del lugar de los hechos.
Según la víctima, el suceso había ocurrido en las afueras de una localidad del Área Metropolitana de Granada, es decir, que correspondía a la Guardia Civil asumir las pesquisas. Los agentes del instituto armado se pusieron de inmediato manos a la obra. La posibilidad de que hubiera dos depredadores sexuales sueltos no admitía ni la más mínima demora.
Los investigadores recogieron testimonios, revisaron grabaciones de cámaras de seguridad... y, claro, interrogaron a la menor. Aunque el examen médico al que se sometió la joven no determinó la existencia de indicios de violencia, la Benemérita seguía sin descartar que hubiera habido una agresión sexual... Eso sí, cada vez con menos convicción.
La menor seguía manteniendo su versión de los hechos, pero los guardias, pese a sus esfuerzos, no encontraban evidencias que respaldaran su testimonio. Al contrario. A medida que pasaba el tiempo, los agentes comenzaron a observar algunas contradicciones e incongruencias.
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La resolución del caso estaba próxima. Y, dentro de la que cabe y con todos los matices que se quiera, tuvo un final feliz. La chica terminó por admitir que nunca fue violada por dos encapuchados ni por nadie. Lo que pasó fue que había mantenido una relación sexual sin protección con su novio y se puso nerviosa ante la eventualidad de que pudiera estar embarazada. Fue entonces cuando se le ocurrió contar que había sido asaltada por dos desconocidos. De esa forma, sería atendida de inmediato y, en el supuesto de estar encinta, le administrarían un fármaco para evitar la gestación.
Seguramente en ese momento sabía, pero acababa de cometer el delito de denunciar un falso delito.
La parte positiva es que admitió su responsabilidad y no fue necesario celebrar la vista oral del juicio. La niña se conformó con la medida que pedía para ella la Fiscalía de Menores de Granada: ocho meses de libertad vigilada, un tiempo durante el cual tendrá que cumplir una serie de objetivos socieducativos bajo la supervisión de expertos que dependen del juzgado.
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No es la primera vez, y seguramente tampoco será la última, que en Granada se da un caso de estas características, de víctimas de su propia imaginación. La motivación es variada: los celos o, por ejemplo, el temor a llegar a casa más tarde de la hora pactada con los padres. Estos dos supuestos son reales.
Los adolescentes, a veces, eligen el camino más complicado y tortuoso para solucionar sus problemas.
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