El mazo del pueblo cumple un cuarto de siglo

Un crimen ocurrido en Escúzar, un municipio de la comarca de Alhama, fue el primer delito que se sometió al mazo del pueblo. La acusada, llamada María S. L. y de 72 años, asestó 21 puñaladas a una vecina suya: Virtudes Z. A., de 86. La mató y luego limpió el cuchillo, una circunstancia que tuvo en cuenta, para emitir veredicto de culpabilidad, aquel primer tribunal integrado por nueve ciudadanos legos y presidido por el magistrado de la Audiencia Fernando Tapia.

La vida y la sociedad han cambiado mucho desde aquel año, en el que un millón de personas se manifestaron por las calles de Madrid contra el terrorismo de ETA y en el que hubo victoria electoral del PP de José María Aznar. Hoy la banda terrorista ya es historia y la izquierda ha retomado el timón del Gobierno central. Pero el jurado, esa institución, controvertida en un principio, que España implantó con la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo, no ha experimentado grandes cambios. El esquema de este tipo de enjuiciamiento, que hace recordar al público míticos largometrajes del cine norteamericano como 'Doce hombres sin piedad' (Sidney Lumet, 1957) no ha variado significativamente.

De acuerdo con los datos que manejaba el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en julio del año pasado, cuando hizo balance del primer cuarto de siglo de la entrada en vigor de la norma, hasta 2019 el jurado popular ya había actuado en España 12.326 veces. De ellas, 2.298 en Andalucía. El informe del máximo órgano de gobierno de loes jueces no recoge los datos provincializados. La última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), sí recoge el último cómputo anual de estos procesos: el correspondiente a 2020. Y detalla que en la Audiencia Provincial de Granada, a comienzos del año pasado había pendientes tres casos de jurado, así como que hasta diciembre se registraron 13 y se resolvieron 9. Al acabar el año, quedaron pendientes al final otros 9.

Las sentencias que se dictan en estos procesos en Andalucía se recurren ante la sala de lo Civil y lo Penal del alto tribunal andaluz y, según se especifica en la citada memoria, en 2020 se registraron un total de 25 apelaciones contra sentencias en procesos de la Ley del Jurado. Se resolvieron 33 (había once pendientes al inicio) y quedaron 3 pendientes al final. El sentido de los fallos no se desvela, pero fuentes judiciales consultadas por este diario confirmaron que en las revisiones se suele confirmar más que revocar.

La institución del jurado, que solo interviene en delitos muy concretos –la mayoría son homicidios y asesinatos– sigue teniendo partidarios y detractores pero, como apuntan algunos de los juristas consultados por IDEAL, ya se puede hablar de consolidación. «La institución del jurado, por su relevancia pública, está más arraigada cada vez», opina el fiscal jefe provincial de Granada, Pedro Jiménez, que hace 25 años estaba destinado en la fiscalía provincial de Alicante. Era coordinador de la adscripción de fiscalía en Elche Orihuela.

Según calcula el fiscal jefe de Granada, que está al tanto siempre de lo que acontece en estos procedimientos a través de sus fiscales, en Granada, en los últimos tiempos, se vienen celebrando unos tres juicios con jurado al trimestre, un número muy por debajo de los enjuiciamientos a los que dan lugar el resto de los delitos.

Son, como resalta, procesos muy complejos, en los que los ciudadanos elegidos «presencian la práctica de la prueba y deciden en conciencia sobre la autoría y circunstancia de los hechos, correspondiendo luego al presidente su traducción jurídica». Las decisiones de esas personas que acaban plasmadas en los veredictos «pueden –opina– ser tan justas como la de un tribunal profesional», aunque sean legos en la materia. Jiménez, que aboga por «buscar fórmulas para no tener que constituir el jurado cuando existe aceptación de hechos por el acusado», incide en el esfuerzo que conlleva la celebración de vistas de este tipo. Requieren de más tiempo (duran aproximadamente una semana) y medios que cualquier otro enjuiciamiento de otros delitos quizás mucho más complejos.

También pone el acento en la complejidad de estos procesos Aurora González Niño, que es una las magistradas de la Audiencia de Granada. «El procedimiento del jurado es complicado desde el principio, porque la ley que lo regula establece una serie de exigencias procedimentales muy especiales que lo complican todo mucho. De hecho, la institución del jurado es una institución complicada». Basta con analizar el número de sesiones que ocupa un caso con jurado: «Lo que puede ver un tribunal profesional en dos o tres días, se pierde una semana con el jurado, que tiene muchos trámites que siempre lo prolongan más».

Esta magistrada ha sido, de hecho, quien ha presidido el último juicio celebrado en el tribunal granadino. El procesado era un señor italiano acusado de acuchillar mortalmente a otro que, armado con un palo, iba a asaltar, supuestamente en compañía de otros dos individuos, su caravana en un paraje de Santa Fe. El jurado ha aceptado que actuó en legítima defensa. Casualmente el primer jurado que presidió González Niño, allá por 2005 o 2006, fue también un homicidio y se apreció igualmente la legítima defensa. «Fue en Motril y creo recordar que eran tres contra uno y fue un navajazo», rememora.

«La institución del jurado está en la ley y hay que respetarla al margen de opiniones personales», recalca la magistrada, que no obstante sí reconoce que la institución, después de estos 25 años, está ya instaurada y consolidada, así como que «funciona bastante bien». Y ello a pesar de todos los inconvenientes, tanto de procedimiento como de intendencia, que genera un proceso de este tipo. Su experiencia a lo largo de los años le ha enseñado que ha variado mucho la concepción de la gente que es llamada a formar parte de un jurado popular. Al principio, como indica esta jueza, notaba mucha resistencia por parte de los candidatos al jurado. Pero actualmente cree que hay mucho más interés por parte de la ciudadanía. «En general, creo que los ciudadanos que son llamados suelen tomárselo con mucha responsabilidad, por lo menos en los asuntos en los que yo he intervenido, y el sentido de la justicia lo captan bastante», opina.

Asimismo, González Niño ha percibido un incremento de casos de jurado en los últimos años. Ese aumento lo atribuye a «un tema de interpretación jurisprudencial de los delitos conexos que pueden ser juzgados por un jurado o no». En este punto, aclara que ahora, por ejemplo, un jurado puede enjuiciar un homicidio en el que también se haya cometido un delito de tenencia ilícita de armas. «Anteriormente, con la interpretación jurisprudencial más antigua, no se podía meter dentro del juicio de un jurado otro delito relacionado con él pero que no era de la competencia del jurado. En la actualidad, sí se permite que los jurados también conozcan de otros delitos concomitantes al delito determinante de la competencia del jurado».

La magistrada, al igual del fiscal jefe de Granada, eliminaría algunos delitos de los que, por ley, puede conocer un tribunal popular. Mientras que Jiménez apunta a la omisión del deber de socorro o el allanamiento de morada –ambos ilícitos de poca importancia desde el punto de vista criminal, pero que obligan poner en marcha una maquinaria tan pesada como la del procedimiento de la Ley del Jurado–, la magistrada anota el delito de malversación de caudales públicos, que es «técnicamente difícil».

El abogado penalista Jesús Huertas acumula ocho juicios con jurado en su historial como letrado. El primero fue el crimen de Ana Orantes, que profesionalmente constituyó para él «una experiencia inolvidable». Aquel juicio con jurado fue en 1998 y fue de los primeros. «Me impliqué en todos y cada uno de los trámites del procedimiento», recuerda este experto en Derecho Penal, que da fe de que los penalistas temen este tipo de procesos. El motivo: «el jurado es más vulnerable, influenciable y tiene una mayor predisposición para la condena».

Huertas reconoce que si se representa a la acusación particular en este proceso, «salvo que la participación del acusado no esté clara o la calificación jurídica de los hechos sea discutible, la posición es más cómoda». Cree que gran parte del trabajo está hecho. Y coincide con los otros jurista en que se trata de una institución perfectamente arraigada en nuestro sistema de justicia. «No estoy en desacuerdo con esta institución», señala, para recordar que está recogida en la Constitución, en el artículo 125. «No me parece mal que el pueblo participe en la Administración de Justicia siempre que se haga desde la responsabilidad, objetividad e imparcialidad», se despide.