Juzgan a tres empresarios granadinos por un fraude de tres millones al Gobierno

Los acusados serán juzgados el 14 de mayo. /ALFREDO AGUILAR
Los acusados serán juzgados el 14 de mayo. / ALFREDO AGUILAR

Lograron una préstamo de 3.145.000 euros para una fábrica de aerogeneradores, pero, según la fiscalía, ni invirtieron el dinero ni lo devolvieron

C. MORÁNGranada

Tres emprendedores que, en teoría, iban a crear riqueza en Granada se arriesgan a pasar una buena temporada a la sombra por haber birlado, presuntamente, 3.145.000 euros al Ministerio de Industria. Según la fiscalía provincial, ni invirtieron el dinero en la construcción de una fábrica de aerogeneradores, que era para lo que lo habían pedido, ni lo devolvieron a las arcas públicas. Es decir, que, siempre supuestamente, se embolsaron los más de tres millones y solo se enriquecieron ellos.

Para dar el golpe, detalla el ministerio público en su escrito de acusación provisional, se valieron de una maraña de sociedades a las que fueron desviando los fondos de la ayuda que les otorgó el Gobierno. Las cantidades transferidas de forma presuntamente ilegal oscilaron entre los 175 euros y el medio millón. Así, unas veces con partidas mínimas y, otras muy gruesas, el préstamo original se fue deshilachando por una red de cuentas bancarias.

Dos de los encausados se enfrentan a penas que suman seis años de prisión Si son condenados, también tendrán que pagar una multa de cinco millones de euros

Fraude e insolvencia punible

Para la Fiscalía Provincial de Granada, estos hechos serían constitutivos de un supuesto delito de fraude en las subvenciones y otro de insolvencia punible. En este sentido, solicita para dos de los encausados penas que suman seis años de cárcel (para cada uno) y tres para el tercer presunto implicado.

El ministerio público reclama que los acusados, en el supuesto de que sean condenados, abonen una multa de cinco millones de euros «y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas, o beneficios o incentivos fiscales por tiempo de cinco años», especifica el documento que recoge los cargos que imputa el fiscal a los empresarios.

Hay una fecha clave en la génesis del caso que va a enjuiciar la Audiencia de Granada: el 29 de mayo de 2009, que fue cuando el Ministerio de Industria concedió una préstamo de 3.145.000 euros al acusado P. P. M. R., administrador único de una compañía dedicada a las energías renovables. El destino del dinero era la construcción de «una fábrica de producción de aerogeneradores de baja altura para conexión directa en red de distribución», recoge el escrito de la fiscalía.

El desarrollo de ese proyecto «constituía una condición esencial para la concesión» de la ayuda económica. El dinero llegó al presunto emprendedor en julio de 2009.

En abril del año siguiente, P. P. M. R. y otro de los acusados, a sazón, responsable de otra sociedad del ramo, se presentaron en el despacho de un notario para formalizar la compraventa de la empresa que había recibido la subvención millonaria. La transacción se hizo por 3.500 euros. «En la escritura» que redactó el fedatario constaba que la compañía vendida se había beneficiado del préstamo de 3.145.000 euros «y que la parte compradora conocía y se subrogaba en las actuaciones a realizar, condiciones a las que estaba sometida la ayuda y plazos de la inversión a realizar», refiere el fiscal.

Requerimientos

En lugar de eso, y siempre según la acusación pública, los encausados abrieron una cuenta corriente a la que traspasaron los más de tres millones de euros. A partir de entonces, el dinero comenzó a 'viajar' con destino a una maraña de sociedades «con la finalidad de no devolver nunca el préstamo», advierte el fiscal. La intención de los presuntos defraudadores era «no cumplir con las obligaciones impuestas por el Ministerio de Industria» y «vinculadas a la concesión» de la subvención, y «despatrimonializar» las empresas que debían devolverla.

Así las cosas, las cuentas de una serie de compañías que, supuestamente, pertenecían a los acusados comenzaron a ver cómo engordaban sus cuentas con transferencias que iban de los 175 euros a los 502.035 euros.

«Muchas de estas operaciones -añade el ministerio público-» fueron realizadas «con posterioridad a la fechas (...) en que el Ministerio de Industria habría requerido» al beneficiario de la ayuda millonaria «para que justificara las inversiones realizadas» o reintegrase el préstamo «concedido por el incumplimiento de las condiciones establecidas».

Los avisos cayeron en saco roto y en 2012, tres años después de la concesión de la ayuda, la sociedad que la pidió y recibió tenía contraída con el Ministerio de Industria una deuda de 3.428.049 euros «y se había convertido» en una empresa «sin activos ni actividad e insolvente para hacer frente al pago» de la subvención.

Según la Fiscalía Provincial de Granada, dos de los encausados pudieron cometer un delito de fraude en las subvenciones y otro de insolvencia punible, que castiga a aquellos deudores, o las personas que actúe en su nombre, que de forma voluntaria y conscientemente perjudiquen a los acreedores.

Los dos acusados que, presuntamente, cometieron ambas infracciones se enfrentan cada uno de ellos a penas que suman seis años de prisión.

El otro imputado, en cambio, afronta una petición de condena de tres años de presidio, ya que el fiscal entiende que cometió fraude, pero no incurrió en el delito de insolvencia punible.

En caso de ser condenados, tendrán que pagar una multa de cinco millones de euros.

La vista oral del juicio está fijada para el día 14 de mayo en la Audiencia Provincial.