El juzgado de cláusulas suelo está fijando audiencias ya para mayo de 2021

Un funcionario del Juzgado de Primera Instancia 9 de Granada, que es el órgano especializado en cláusulas suelo, rodeado de expedientes . /RAMÓN L. PÉREZ
Un funcionario del Juzgado de Primera Instancia 9 de Granada, que es el órgano especializado en cláusulas suelo, rodeado de expedientes . / RAMÓN L. PÉREZ

El órgano, que llevan la titular y dos refuerzos, tiene que hacer el trabajo que antes resolvían 35 jueces en la provincia y ha recibido 8.400 asuntos en 16 meses

Yenalia Huertas
YENALIA HUERTASGRANADA

Las cifras son como el algodón de aquel famoso anuncio: no engañan. Y las del juzgado especializado en cláusulas suelo y demás condiciones generales de la contratación, el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Granada, tampoco. La jueza titular y los dos jueces de refuerzo no dan abasto; los recursos desplegados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para soportar el aluvión de pleitos de esta naturaleza no son suficientes.

En el juzgado granadino serían necesarios, según calcula la magistrada que lo dirige, Susana Álvarez Civantos, al menos cuatro refuerzos más, «vista la cifra de asuntos que tenemos a día de hoy» para poder «afrontar mínimamente la resolución del volumen descomunal de asuntos que se nos ha repartido».

Cada día le 'llueven' a este órgano una media de 15 demandas de granadinos de toda la provincia -no sólo recibe las del partido judicial de Granada- que se sienten perjudicados como consumidores en sus operaciones bancarias. Y es que desde el 1 de enero de este año, el total de pleitos que han tenido entrada para anular las cláusulas suelo o para reclamar los gatos hipotecarios, entre otras acciones, rozan los 4.000. Exactamente, hasta el 24 de septiembre pasado habían ingresado en el órgano 3.937 asuntos, lo que supone 437 litigios de este tipo al mes.

Desde enero de este año, el órgano especializado ha recibido una media de 16 demandas al día

A esa cifra hay que unir otra: la que registró el juzgado '9 bis' entre el 1 de junio y el 31 de diciembre del año pasado: 4.171 demandas. Esta unidad funcional dependiente del Juzgado de Primera Instancia número 9 no es un juzgado propiamente dicho, sino una especie de prolongación del existente. Entró en funcionamiento durante la primera fase del plan de choque diseñado por el Gobierno y el CGPJ para hacer frente a la presentación masiva de demandas que se esperaba contra las entidades bancarias. Luego, a partir, del 1 de enero de este año, el '9 bis' dejó de recibir estas causas, que ahora sólo aterrizan en el órgano matriz de forma exclusiva y excluyente. Esto significa que sus tres jueces sólo reciben desde que se estrenó el año esta clase de procedimientos. Sin embargo, no hay que olvidar que junto a los 8.400 asuntos que tiene ya en trámite, constan otros mil asuntos más de ejecución pendientes, y que cada día llegan nuevas demandas. «Estamos ante una situación insostenible, una carga inasumible», reconoce la magistrada.

La proliferación de demandas que se esperaba tras la sentencia europea que declaró, en diciembre de 2016, la retroactividad total en la devolución de cantidades cobradas de más a los clientes dejó hace tiempo de ser un vaticinio. Ya es una realidad palpable. Tan palpable, que ha perturbado el ritmo de resolución y de señalamientos del órgano especializado, que aunque en incoación de asuntos va al día, en señalamientos ya se ha adentrado en el calendario de 2021. De hecho, el pasado 24 de septiembre los funcionarios de este órgano estaban fijando audiencias previas para abril de ese año. Ahora, ya van por mayo.

Las audiencias previas son las vistas que se celebran en este tipo de procesos antes del juicio para que las partes planteen las pruebas que crean oportunas. A veces, tras esas audiencias se dicta directamente la sentencia, eso suele ocurrir si la prueba es sólo documental. Es por ello que hay un calendario de juicios, que ya ha inaugurado 2020, y otro de audiencias previas, que es el que cruza 2021.

Sindicatos como el SPJ-USO -mayoritario en Justicia- ya vaticinaban que con el plan diseñado por el CGPJ se iban a producir retrasos de años en los señalamientos y que los sufridores serían -una vez más- los ciudadanos. También el juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, se ha mostrado desde un principio crítico a las medidas adoptadas. Volver al sistema de reparto que antes se hacía de los pleitos de cláusulas suelo -que se distribuían entre todos los órganos civiles de la provincia- es una de las reivindicaciones del propio juzgado especializado, así como que se cree el juzgado de Primera Instancia 19 de Granada. Este año no se ha creado ningún órgano nuevo en el partido judicial de Granada y, en la provincia, sólo se ha puesto en marcha el cuarto mixto de Santa Fe.

El pasado 21 de septiembre, el CGPJ hizo público el número de sentencias dictadas en el segundo trimestre de este año por estos juzgados especializados y la cifra marea: fue de 17.485, lo que representa un incremento del 28,8% respecto a las 13.578 notificadas en el primer trimestre.

Estos órganos están especializados «en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física», por lo que no solo ven las demandas para eliminar las cláusulas suelo. Conocen también asuntos de vencimiento anticipado, intereses de demora abusivos, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

En total, y desde su puesta en marcha -el 1 de junio de 2017-, estos órganos han dictado en España 40.839 sentencias, de las que 39.297 -el 97,3%- han sido favorables a los clientes. En el segundo trimestre del año, el porcentaje de sentencias estimatorias fue del 96,9%, según el CGPJ.

En cuanto a los asuntos que se ventilan en Granada, la titular del juzgado puso 137 sentencias sólo el trimestre pasado -45 al mes de media-, a las que hay que sumar las dictadas por los otros dos jueces. Los tres están haciendo un esfuerzo titánico: están sumiendo el trabajo que antes se repartían entre 35 juzgados civiles de la provincia, como recuerda la magistrada, que estima que al ritmo que entran los asuntos, «en nada» se empezarán a señalar vistas en 2022 y 2023.

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