Un juzgado anula una operación bancaria de 1,4 millones de euros que arruinó a unos ancianos en Granada

Un juzgado anula una operación bancaria de 1,4 millones de euros que arruinó a unos ancianos en Granada

La pareja invirtió medio millón en preferentes, tuvo que pedir 800.000 euros para afrontar las pérdidas y se quedó hasta sin planes de pensiones, pero ahora recuperará todo lo invertido

Yenalia Huertas
YENALIA HUERTASGRANADA

«Es difícil entender que los clientes de la entidad financiera, de edad avanzada, decidiesen arriesgar prácticamente la totalidad de sus ahorros en productos de la complejidad como los que fueron contratados». Esta es una de las consideraciones que el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Granada hace en una sentencia ganada por una pareja de octogenarios del Área Metropolitana, a quienes el Banco Santander tendrá que devolver ahora todo el dinero que invirtieron al haber sido anulada aquella operación que, según su abogado, movió 1,4 millones de euros y que arruinó a la pareja.

Los ancianos son gente de campo. Él, agricultor de profesión, tiene más de 80 años, mientras que ella los roza. Vendieron unas tierras que tenían de su familia y decidieron confiar el dinero a su banco, pero de repente se vieron envueltos en una compleja operación financiera que empezó en diciembre de 2006 con una inversión de medio millón de euros en participaciones preferentes de SOS Cuétara y que acabó arruinándoles.

Ante las pérdidas que les ocasionó aquel primer producto, al año siguiente la entidad les aconsejó adquirir valores del Santander, para lo que tuvieron que pedir un préstamo personal de 800.000 euros. Eso fue en octubre de 2007 y, al final, perdieron hasta sus planes de pensiones.

La suma exacta a devolver por la entidad deberá ser fijada en la ejecución del fallo

La pareja fue consciente de su delicada situación a partir de 2015, cuando se vieron atrapados por los intereses y tuvieron incluso que pedir a sus hijos dinero para poder vivir. Entonces interpusieron una demanda que aterrizó en el referido órgano judicial cuyo magistrado, Alberto del Águila Alarcón, les ha devuelto la tranquilidad, pues ha anulado todos los contratos que firmaron. El motivo: su señoría concluye que la actuación desarrollada por la entidad demandada «no puede más que calificarse (...) de absolutamente temeraria».

«El diseño de la operación financiera en virtud de la cual se embarcaba a los actores -los ancianos- en una situación absolutamente delicada, con la contratación de un préstamo personal por importe de 800.000 euros no tiene justificación, salvo que se considere como una operación planificada y asesorada por los propios empleados de la entidad financiera», indica la sentencia, fechada el 20 de septiembre y a la que ha tenido acceso IDEAL.

La sentencia anula todos los contratos que los octogenarios firmaron desde 2006

El fallo puede ser recurrido, pero si es finalmente declarado firme, los ancianos recuperarán la totalidad del dinero que se esfumó en unas operaciones que han ido resquebrajando la tranquilidad de su vejez y perturbando sus días en los últimos años.

Daño moral

Asimismo, la entidad financiera habrá de abonarle a él 12.000 euros, al entender el juez que «está plenamente justificada la existencia del daño moral producido». Y no solamente por la pérdida patrimonial causado por las operaciones financieras denunciadas, «sino también con la evidente preocupación o desasosiego que para los mismos producía el hecho de pasar de una situación holgada económicamente a una situación financiera de profunda crisis, al no poder atender siquiera las correspondientes amortizaciones del préstamo suscrito».

Y es que los ancianos, que han estado representados por el letrado Alejandro Parra, del despacho de abogados Juan Barcelona, se encuentran hoy por hoy ambos en tratamiento psiquiátrico. No obstante, la indemnización sólo se establece para él, al tener ella antecedentes psiquiátricos y no existir «prueba suficiente» que acredite que se hayan agravado sus dolencias por el embrollo financiero en el que se ha visto inmersa.

El mencionado abogado calcula que sus clientes percibirán «en torno a un millón de euros» si se añaden los intereses desde que se inició la operación hace doce años. No obstante, advierte de que para establecer una suma habrá que esperar a la ejecución de la sentencia. Será en ese momento procesal cuando se determine cuánto dinero percibirán exactamente estos octogenarios. «Creemos y casi estamos convencidos de que no se ha dado en Granada una sentencia cuantitativamente tan importante como esta, a la vista de las cantidades invertidas y la entidad económica de los contratos anulados», manifestó el letrado. «Este matrimonio no tiene estudios ningunos», recordó al tiempo que recalcó que si invirtió el dinero que había obtenido por aquellas tierras en esos productos fue siguiendo lo que le «aconseja» el banco.

Parra cree que el fallo será recurrido por el banco, con el que ha tratado de contactar sin éxito este diario. IDEAL intentó asimismo conocer la postura del despacho de abogados de Madrid que ha defendido los intereses de la entidad financiera, pero su política es no facilitar datos ni información sobre sus clientes, por lo que tampoco fue posible recabar su versión.

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