La Junta activa la Ciudad de la Justicia de Sevilla mientras Granada espera soluciones

Frente a este paso de gigante dado en la capital hispalense para mejorar sus infraestructuras judiciales, Granada continúa aguardando la fórmula que permita la ansiada unificación de las sedes judiciales de la capital, donde los operadores jurídicos han creado una mesa 'ex profeso'.

Sus integrantes (representantes de los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, graduados sociales y Junta de Personal) llevan meses instando al departamento que dirige Juan Marín a que busque un edificio próximo al complejo judicial de la Caleta para que pueda materializarse, una vez que culminen las obras de las tres plantas que se ejecutan allí, una reorganización del mapa judicial local definitiva. Solo así sería posible el traslado de los diez órganos civiles que quedan en el edificio judicial de Plaza Nueva a Caleta, pues en las tres plantas que se están adaptando únicamente cabrán seis.

El objetivo es que el edificio judicial de Plaza Nueva se use exclusivamente como sede de la Audiencia Provincial de Granada, que cuenta actualmente con sus secciones civiles y penales repartidas entre las dependencias de Luis Rosales y el Palacio de la Real Chancillería. Y que este histórico palacio albergue solo la sede el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La remodelación de las tres plantas de la parte central que estaban vacías en la Caleta –en realidad dos y media– comenzó el pasado mes de abril, coincidiendo prácticamente con la creación de la referida mesa para la unificación de las sedes. Los trabajos, como admite el juez decano de Granada a IDEAL, Jesús Rodríguez Alcázar, «parece que se están desarrollando con la planificación prevista» y se espera que la actuación esté acabada «para la primavera de 2022».

Los obreros, para no alterar la actividad judicial diaria, están trabajando sobre todo por las tardes, según especifica el magistrado, para quien «no parece una postura admisible» que en los casi tres años que lleva al timón de Andalucía el gobierno del PP y Cs no se haya avanzado «lo más mínimo» en el fin de la dispersión. Censura así que no se haya logrado una solución definitiva para la unificación de sedes y que solo se estén ejecutando «unas obras que ya estaban previstas con anterioridad».

En este punto, el juez decano recuerda que han sido varias las opciones desterradas, sin que se termine de hallar inmueble idóneo y cercano a Caleta para, respetando el eje Caleta-Gran Vía-Plaza Nueva, reunir en la misma zona a todos los órganos unipersonales, incluidos el Juzgado de lo Social 8, que se crea a finales de este año, y el que se espera que se cree el año que viene: el Juzgado de Primera Instancia 20.

Una de ellas fue la del edificio que cobija la Delegación Provincial de Salud, que se descartó al conocer el actual Gobierno andaluz que había sido vendido por el anterior a un fondo inversor. La Junta concluyó que adaptar sus espacios supondría un gasto demasiado elevado si se tiene en cuenta que habría que entregarlo a sus dueños en unos años.

Otra de las opciones 'caídas' fue el edificio de Gran Vía que acogió en su día la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta. Fue finalmente aparcada por razones técnicas, al igual que las antiguas instalaciones de Adif en Villarejo.

La idea de utilizar el viejo Clínico también fue abandonada cuando se conoció que está estipulado que su uso sea exclusivamente sanitario. Se barajó asimismo en su día buscar un solar próximo para construir un edificio de nueva planta, pero ese plan tampoco prosperó.

La alternativa de unir el edificio contiguo del SEPE se convirtió pronto en un imposible por la negativa del Gobierno central a cambiar de sitio sus oficinas. Pese a ello, en la última reunión de la Mesa para la Unificación de las Sedes Judiciales, celebrada a mediados de septiembre, el alcalde de la capital, Paco Cuenca (PSOE) se comprometió a mantener contactos con el Gobierno Central para tratar de abrir la puerta a la posibilidad de usar ese inmueble.

Esta opción, la del SEPE, junto a la de la Delegación de Salud, son las dos que los operadores jurídicos quieren que se retomen. Según Rodríguez Alcázar, en la última reunión de la Mesa se planteó, por un lado, que se podría hacer una oferta al Servicio Público de Empleo que incluya «una alternativa para ubicar a esos funcionarios», dándoles otro edificio, construyéndoles otro en otro sitio o cediéndoles alguno de la propia Junta.

Por otro lado, la Mesa consideraba que «también está la posibilidad de explorar la vía con los propietarios del edificio de la Delegación de Salud, que está en régimen de alquiler». En este caso, se podría «acordar algún tipo de alquiler durante un plazo mayor para que pueda ser usado por los juzgados o plantearles la compra del edificio». Existe una tercera vía, que sería buscar algún inmueble en Gran Vía, comprarlo y rehabilitarlo.

«Todas esas soluciones son viables a corto plazo y económicamente, pero solo nos encontramos su negativa (de la Junta) a eso. Ellos son los que tienen en su mano el hacer una negociación real, unas gestiones eficaces para poder desatascar la situación», señala el magistrado, tras revelar que al delegado de Justicia de Granada, Enrique Barchino, las vías que se pusieron sobre la mesa le parecieron «muy caras».

Ante ello, Rodríguez Alcázar califica la postura del Gobierno andaluz de «llamativa», pues, según resalta, una Ciudad de la Justicia nueva en Granada «se iría por encima de los cien millones de euros». La próxima reunión de la Mesa se espera para finales de octubre, pero aún no hay una fecha marcada en el calendario.

Aunque se puede decir que el deseo de que se mantenga el eje judicial en el Centro de Granada es unánime, lo cierto es que existe una postura contraria. Se trata de la del sindicato SPJ-USO, mayoritario en el sector Justicia en la capital. Esta fuerza sindical aboga por que se levante una Ciudad de la Justicia nueva, similar a la de otras provincias andaluzas, en Granada. En declaraciones a IDEAL, su delegado Eloy Maza, insiste en que esa sería «la mejor solución» para la urbe y no la de mantener el eje en el Centro.

«Granada necesita una solución global, clara y definitiva», sentencia Maza, que opina que con los juzgados que quieren instalar en las tres plantas hasta ahora vacías de Caleta, se acabará de colapsar el complejo. En este punto, precisa que además de los diez órganos civiles que quedan en Plaza Nueva, también la Administración quiere mudar el Decanato Civil, que ocupa el espacio de otro juzgado. «El anterior delegado de Justicia decía que o se traía o todos los juzgados de Primera Instancia a la vez o no se traía ninguno. Y eso es imposible en el estado actual del edificio de la Caleta», advierte el sindicalista.

«Desde el Colegio de Abogados de Granada estamos preocupados y defraudados por la ausencia de respuesta de la Junta de Andalucía respecto a la demanda de reunificación de las sedes judiciales», señala por su parte del decano de los abogados, Leandro Cabrera. Preocupados, porque, como recalca, siguen pasando los meses sin que se aporte una solución factible a la dispersión judicial, «y defraudados –añade– por la incapacidad de las diferentes Administraciones de trabajar codo con codo por un proyecto que sí que cuenta con el respaldo unánime de los operadores jurídicos y que es totalmente necesario para la ciudad y los ciudadanos».

En este punto, Cabrera confirma que los operadores jurídicos continúan apostando por la sede del SEPE, «y esperamos –agrega– que, en la próxima reunión de la Mesa, las autoridades responsables nos aporten algún avance respecto a esta histórica demanda o, de lo contrario, nos veremos abocados a estudiar otras medidas para lograr unas instalaciones dignas y a la altura de la capital judicial de Andalucía».

Sobre la obra que se está ejecutando en la Caleta, fuentes de la Consejería de Justicia afirman que se encuentra ejecutado en la actualidad el 40%. Estas mismas fuentes precisan que hasta ahora lo que se ha acometido es la parte «más compleja» de la actuación, «que supone, además de demolición, la sustitución e instalación de conductos y elementos de suministros». El plazo previsto de finalización es «finales de febrero» si no surge ningún imprevisto. El presupuesto: 2,1 millones de euros.

Con respecto a los órganos que se ubicarán allí, serán en total seis, «y dicho traslado se hará con el consenso de jueces, magistrados y personal funcionario». De hecho, la Junta ha pedido tanto a las autoridades judiciales como a los representantes sindicales sus propuestas. «Está previsto que en los próximos meses se aborde esta cuestión en reuniones en las que se tratará de obtener el máximo consenso posible», subrayan las fuentes.

La Junta confirma además que por ahora no hay novedades en cuanto al eje Caleta-Gran Vía-Plaza Nueva-y el SEPE, pero «se sigue trabajando para buscar opciones que permitan obtener la solución». Por lo pronto, desde el departamento que encabeza Juan Marín destacan que están «dispuestos a recibir propuestas y a trabajar en ellas». Pero en el caso del SEPE, como ya advirtió el propio vicepresidente a IDEAL tras el acto de apertura del curso judicial en Andalucía, «si hay una parte que no quiere va a ser complicado».