La jueza impone una fianza de 1,9 millones a dos exalcaldes de La Tahá por prevaricación

José Jesús García Aragón y Rosario Fernández, junto al exsecretario y un exconcejal se enfrentan a penas de cárcel e inhabilitación

Y. HUERTAS GRANADA.

Tras seis años de investigación, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Órgiva enviará a juicio a los exalcaldes de La Tahá de Pitres José Jesús García Aragón y Rosario Fernández, ambos del PSOE, como presuntos autores de delitos de prevaricación (el primero), y de prevaricación y falsedad (la segunda). Están acusados por operaciones bancarias relacionadas con el crédito que el Ayuntamiento pidió para construir el instituto del pueblo, las cuales generaron una deuda inasumible para las arcas municipales. Ambos se sentarán en el banquillo junto al exsecretario municipal, D.S.T., y un exconcejal.

IDEAL ha tenido acceso al auto de apertura de juicio oral contra los dos exregidores y los otros acusados, a quienes exige que paguen «de forma solidaria y conjunta» una fianza de 1,9 millones de euros para indemnizar al Ayuntamiento en caso de condena. El juicio aún no tiene fecha pero se desarrollará en la Audiencia.

En la causa hay tres partes acusadoras. La primera de las acusaciones particulares la ejerce el Ayuntamiento, actualmente gobernado por Marcelo Avilés (PP). La segunda la ejercen las asociaciones Virgen del Carmen, Música en las Montañas y la asociación de Vecinos de La Tahá.

La fiscalía sólo ha formulado cargos contra tres de los encausados por las tres renovaciones presuntamente irregulares que se hicieron del crédito y pide el archivo para el exalcalde García Aragón. Aprecia un total de cuatro ilícitos: un delito continuado de prevaricación, dos de falsedad cometidos por funcionario público -uno de ellos continuado-, y un delito de uso de documento público falso.

Para los tres acusados, el fiscal solicita 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la presunta prevaricación, mientras que por el resto de ilícitos reclama 5 años y 9 meses de prisión para la exalcaldesa y el exsecretario, y 4 años y 10 meses de prisión para el exedil. Aparte pide multas de 7.200 euros para los dos primeros y de 5.040 para el último. Si solicitó archivar el asunto para García Aragón, fue por no considerar que éste «hubiera realizado conscientemente un acto abiertamente arbitrario y desviado de la función pública que ostentaba en aquellos momentos».

Inhabilitación

Sin embargo, pese a que el viento de la fiscalía haya soplado a su favor, el ex primer edil socialista tendrá que ir a juicio, pues las otras acusaciones sí han formulado cargos contra él. Le atribuyen una prevaricación por la que se enfrentará a peticiones de 9 y 15 años de inhabilitación, y también una presunta malversación de caudales por la que llegaron a reclamar 8 años de prisión. Sin embargo, este ilícito no figura en los delitos por los que se abre juicio oral.

Según consta en el relato de la fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, la construcción del instituto fue una obra que financió íntegramente la Consejería de Educación de la Junta. Fue el 13 de diciembre de 2004 cuando el entonces alcalde García Aragón firmó con la Junta el acuerdo para edificar este centro con un presupuesto de 1,9 millones.

La Junta fraccionó la aportación económica en cuatro anualidades entre 2004 y 2007. Pero para abonar la obra sin esperar a que se completaran los pagos, en 2005 el ex primer edil, «con el visto bueno del entonces secretario y autorizado por el pleno», firmó una operación de crédito con 36 meses de plazo con CajaGranada por importe de casi 1.820.000 euros. Esta cantidad era la equivalente a la que el Ayuntamiento recibiría de la Junta entre 2006 y 2007. «La garantía de pago de dicha operación crediticia la constituía las cantidades reflejadas en el acuerdo entre el Ayuntamiento de la Tahá de Pitres y la Consejería de Educación de la Junta».

El 7 de febrero de 2007, la Junta ingresó 1.094.907 euros -los 475.000 con los que se completaba la financiación los abonó en 2010- y, según la fiscalía, García Aragón hizo un traspaso, siete días después, de un millón de euros «aplicado a la minoración de la póliza de crédito concedida por la entidad BMN». Meses después, en junio, accedió a la alcaldía Rosario Fernández. Ésta «tomó un profundo conocimiento de la grave situación económica por la que atravesaba la corporación» y, junto con el exsecretario, «ocultaron» al pleno el ingreso de la Junta, «y no sólo no procedieron a saldar o al menos tratar de aminorar el crédito contraído (...), sino que llevaron a cabo la renovación de la póliza de crédito hasta en tres ocasiones», supuestamente con la intervención y acuerdo de A.G.A., el exconcejal acusado.

La supuesta falsedad se habría cometido al utilizarse ante el banco un documento que presentaba una «modificación y alteración mendaz» de algunos apartados para mostrar que quedaba un pago pendiente de realizar por la Junta.

Denuncia del actual regidor

El caso se inició con una denuncia del actual alcalde de La Tahá, Marcelo Avilés (PP), que lleva en el cargo desde 2011 y para quien estos 6 años han sido «una carrera de obstáculos» a fin de «liberar a los vecinos de Pitres de esa carga». El regidor afirmó ayer a IDEAL que antes de su llegada «no había control absolutamente ninguno, ni presupuestos ni contabilidad ni modelo de gestión». Además, según subrayó, fue una realidad «consentida por todas las administraciones supramunicipales». Aunque no se haya abierto juicio oral también por malversación, indicó que está recabando «las pruebas necesarias» para probarla.