El juez del caso Audioguías incluye a un nuevo procesado por orden de la Audiencia

Fue el 30 de abril del año pasado cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada dictó el auto de transformación de procedimiento de diligencias previas a abreviado. Aquel auto es el que ahora ha corregido por orden de la Audiencia de Granada, tras estimar el tribunal provincial un recurso del letrado de la Junta de Andalucía que solicitaba la inclusión de este investigado, para quien se habían sobreseído las actuaciones.

Los demás procesados que hay en esta causa son la exdirectora del PAG, María del Mar Villafranca Jiménez; la exsecretaria general del PAG, Victoria Eugenia Chamorro Martínez; y A. A. L. R., el empresario al que se adjudicó contrato del servicio de audioguías del monumento nazarí en el que se han apreciado presuntas irregularidades.

Los cuatro pasan de este modo a la antesala de juicio oral, a la fase de preparación de la vista, al existir en la contratación bajo sospecha indicios de posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

De este modo, el juez Moreno da un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas «para que formulen nuevo escrito de conclusiones provisionales y acusación, soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, y todo ello a la vista del auto de la Audiencia Provincial de Granada«. Dicha resolución, a la que también ha tenido acceso IDEAL, fue dictada por la Sección Segunda el 24 de septiembre.

En el recurso de la Junta de Andalucía que ha dado lugar a que se procese a este investigado, esta parte, que ejerce la acusación particular en la causa, explicaba que J. M. V. había ostentado la Jefatura de la Sección Económica y Contabilidad y de la de Gestión y Contabilidad del Patronato de la Alhambra, por lo que, a su juicio, «podría ser, de manera indiciaria, cooperador necesario de las infracciones denunciadas».

La incorporación de este cargo a la relación de personas susceptibles de acabar en el banquillo de los acusados se debe a que J. M. V., según sostenía la Junta, habría participado en determinadas reuniones que preusntamente tuvieron por objeto «llegar a acuerdos que beneficiarían a la empresa concesionaria del servicio de audioguías en detrimento de los intereses económicos del Patronato».

En concreto, la Junta de Andalucía imputa a este cargo «no haber informado -siempre supuestamente- a los Servicios Jurídicos de la Administración autonómica, o a la Hacienda Pública, de la situación creada ante los reiterados incumplimientos contractuales de la concesionaria a fin de que estas pudieran emprender las acciones correspondientes». Asimismo, le atribuye «haber redactado, personalmente, el informe de 30 de septiembre de 2011 que eximía a la empresa adjudicataria del pago del canon variable establecido en el contrato cuando el alquiler de los equipos se efectuase a grupos».

El origen de esta causa está en una querella presentada en 2015 por la fiscalía de Granada. Esta se produjo tras una investigación del propio ministerio fiscal a raíz de la denuncia presentada en la AEAT por un exempleado de GTP Museum Solutions ante una serie de supuesta irregularidadesen la contratación efectuada del servicio de audioguías, que fue explotado por esa empresa durante siete años.

Cabe recordar que la otra gran causa penal relacionada con la gestión de Mar Villafranca en la Alhambra acabó en carpetazo en febrero del año pasado. Tenía que ver con otras supuestas contrataciones irregulares de la Ahambra durante la anterior etapa del Patronato y se siguió en el mismo juzgado.

Bautizada con el nombre de la operación policial que dio lugar a la misma, 'Colina Roja II', estaba centrada en distintos contratos y la investigación salpicó a numerosas empresas, pero su curso viró hacia el archivo después de que la Audiencia de Granada anulara las detenciones y demás pruebas practicadas desde octubre de 2017 por haberse superado los plazos que marca la ley sin que se hubiera llegado a interrogar a ningún investigado.