Los jueces de Granada reclaman una moratoria para la implantación de la mayor reforma de la Justicia

La justicia afronta su mayor remodelación desde que se pusiera en marcha la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985. La nueva ley introduce importantes reformas en la planta y demarcación. Lo más relevante es que los juzgados, tal y como los conocíamos, desaparecen. Se sustituyen por tribunales colegiados en cada partido judicial, denominados Tribunales de Instancia. Es decir se suprimen los juzgados cerrados, que se agruparán por especialidad, y se cuenta con cuerpos comunes.

Los cambios se afrontan con incertidumbre e inquietud. «Queremos trasladar nuestra preocupación por las fechas en las que nos encontramos y el estado en el que se encuentran los preparativos para su puesta en funcionamiento. Es necesario una implantación más progresiva, es un cambio tan importante en nuestra democracia que merece tiempo», explica Alberto del Águila.

«La ley en sí me parece una buena solución porque posibilita la ampliación de los jueces sin necesidad de crear toda una nueva unidad judicial entera. Pero debe venir acompañado de recursos materiales y humanos. En el pasado, se ha puesto pegas a la creación de más plazas judiciales por lo que suponía económicamente dotar un juzgado completo y ahora ese problema no estará. A la larga la medida puede ser beneficiosa, pero ahora mismo no está la organización asentada y se debe hacer lo posible por evitar el caos», argumenta del Águila, que representa a los jueces de la capital.

Los tribunales no disponen aún del diseño organizativo interno de los servicios comunes que integrarán la oficina judicial, ni con la distribución de tareas entre el personal, ni con la designación por parte del Ministerio de Justicia de todos los directores y jefes de área que deben liderar la implantación. Se carecen de los medios exigibles para que la transición prevista para el 31 de diciembre de 2025 sea posible, como la adecuación del número de plazas judiciales al volumen de asuntos, concentración de sedes, expediente digital en todas las jurisdicciones, reubicación adecuada de los espacios físicos, política de asignación informática de los miles de expedientes judiciales afectados, sistemas de gestión procesal adaptados a la nueva organización ... También se deben actualizar los sistemas informáticos para asumir los cambios.

Los jueces granadinos consideran imprescindibles contar con un margen de tiempo suficiente que garantice que la implantación se realice de forma progresiva y con la adecuada planificación en las grandes ciudades cuando la propia ley, aprobada el pasado enero, prevé en su disposición transitoria quinta la posibilidad de que su aplicación se ajuste temporalmente a situaciones como las descritas.

Recientemente, la Junta de Andalucía ha aprobado la Relación de Puestos de Trabajo. Ahora los funcionarios deben concursar y optar a sus nuevos destinos. En la próxima semana, según manifiestan los sindicatos de justicia, está previsto que se inicie la fase de acoplamiento para empezar a definir donde irán los trabajadores.

En Granada capital quedarán tres únicos tribunales divididos por secciones: el tribunal de Instancia de Granada, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los 56 jueces de La Caleta y Menores, disuelven sus órganos unipersonales, pasarán a integrarse en diez secciones. 16 jueces conformarán la sección civil, 9 de Instrucción, 4 serán parte de la sección de Familia, Incapacidad e Infancia, los dos jueces de lo Mercantil actuales integrarán la misma unidad, al igual que los seis de la sección Penal y dos de la Sección de Menores. El juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria formará la sección homónima, mientras que habrá cinco jueces en la sección contenciosa administrativa y ocho la sección social. Por su parte, habrá un juez más en la nueva sección de Violencia sobre la Mujer.

La Audiencia Provincial y el TSJA también contarán con unidades de tramitación separadas por áreas. En estos tribunales los cambios pasarán más desapercibidos, dado que ya se dividían por secciones aunque los funcionarios fueran estanco

La administración andaluza deberá distribuir a sus nuevos destinos a 660 funcionarios en Granada y a unos 70 en Motril, cuya reorganización también está prevista en esta última fase. Del Águila señala que actualmente se está diseñando un protocolo de funcionamiento pero es «abstracto» porque se desconocen los funcionarios ligados a cada unidad.

Según el CSIF, de lo que se desprende en las alegaciones presentadas y en las reuniones mantenidas con la Consejería de Justicia durante las negociaciones, en Granada 193 funcionarios integrarán el servicio de tramitación común, 153 procederán de la jurisdicción civil y otros 40 de la Penal.

Además, de forma inicial se ha tratado la posibilidad de que 100 funcionarios de Plaza Nueva se trasladen a La Caleta y viceversa. En Plaza Nueva se prevé agrupar las secciones Contenciosas y Social.

Los sindicatos de justicia urgen además a ampliar las plantillas, que permanece prácticamente igual desde hace tres décadas. Los cambios en la plantilla son clave, ya que la justicia granadina prevé una oleada de jubilaciones en los próximos cinco años y al menos 403 funcionarios, un tercio de la plantilla, dejarán sus puestos de trabajo ante de 2030.

A preguntas de IDEAL, la Consejería de Justicia manifiesta que la administración debe trabajar con el horizonte de que los cambios se aplicarán a partir del 31 de diciembre hasta que el Ministerio de Justicia se pronuncie. La administración autonómica reclamó sin resultado dotación económica al ministerio para aplicar la nueva ley. Este medio se ha puesto en contacto con el ministerio para saber si se plantean aceptar la moratoria y espera respuesta.