El jefe de la Policía Local de Granada será juzgado en junio por supuesto acoso laboral

El jefe de la Policía Local de Granada será juzgado en junio por supuesto acoso laboral
El superintendente José Antonio Moreno.

Fue denunciado por una exinspectora, que pide que sea condenado a 33 meses de prisión

Y. HUERTAS Y Q. CHIRINO

El juicio contra el jefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno Rodríguez, por presunto acoso laboral a una exinspectora será los días cinco y seis del mes de junio de este año en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada. Las sesiones darán comienzo, como es habitual, a las 09.30 horas, y ofrecerán una estampa nada habitual: la de un alto mando policial sentado en el banquillo de los acusados.

Las fechas señaladas para el enjuiciamiento del superintendente, cuya defensa solicita la libre absolución, constan en una diligencia de ordenación que firma la letrada de la Administración de Justicia –antes llamada secretaria– de la referida sección y que está fechada el 27 de noviembre del año pasado.

El caso se originó con una denuncia de la exinspectora supuestamente agraviada, M. M. P., la cual dio lugar a una causa penal en el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, que decretó la apertura de juicio oral contra el mando policial el pasado mes de abril, fijando en 15.000 la fianza que este debía de pagar para hacer frente a la indemnización a la denunciante en caso de condena. Esa cantidad fue depositada en su día.

El superintendente, que está representado en este proceso por el letrado Domingo Domingo, no ha sido acusado por la fiscalía, pero la denunciante, cuyo abogado es el penalista Rafael López Guarnido, ejerce la acusación particular y reclama ser indemnizada con 25.700 euros, 20.000 de ellos por el supuesto daño moral causado como «consecuencia del delito». En cuanto a las penas, solicita dos años y nueve meses de prisión por dos delitos: uno de acoso laboral y otro de lesiones psíquicas. En concreto, por el primero pide 15 meses de cárcel, mientras que por el segundo reclama 18 meses más. Junto a ello, solicita que se le imponga una medida de alejamiento, para que no pueda acercarse a la funcionaria policial a menos de 300 metros durante dos años y que asimismo se le prohíba comunicarse con ella.

Para la defensa, el proceso que llega ahora a juicio «se debe a un tema político de intentar eliminar de la jefatura de la Policía Local de Granada al señor Moreno», con el único objetivo «el desgaste de los responsables políticos» que le designaron como jefe de ese cuerpo. Así, considera que el superintendente es «única y exclusivamente una cabeza de turco».

Según el abogado del acusado, el supuesto acoso denunciado es «inexistente» y atribuye el estado psicológico de la denunciante a «la situación personal que vive», al haber el TSJA ratificado su pérdida del puesto de subinspectora.

De hecho, una de las pruebas que ha propuesto la defensa del mando policial, que sostiene que la conducta de este «no es constitutiva de infracción penal alguna», es una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Granada en marzo del año pasado mediante la que desestima el recurso que la denunciante y otros interpusieron contra la declaración de nulidad del decreto por el que adquirió la condición de inspectora de la Policía Local del Ayuntamiento de Granada.

Por contra, en su escrito de conclusiones provisionales, la exinspectora sostiene que el acusado, como miembro de la Policía Local de Granada, «ha mantenido desde hace tiempo una clara y conocida animadversión contra ella». Considera que Moreno, supuestamente, habría aprovechado su nombramiento como superintendente en julio de 2016 y utilizado esa condición de superioridad jerárquica «para adoptar decisiones injustificadas en el único ánimo de perjudicar, vejar y humillar» a la denunciante, que ha precisado tratamiento ansiolítico y antidepresivo. Entre los episodios que recoge en su calificación, afirma que la apartó de la unidad de Policía Local adscrita a los juzgados de la Caleta, que dirigía desde hacía más de 15 años, y la adscribió a las patrullas de barrio, asignándole un nuevo turno «más perjudicial».

Otra de las conductas que la exinspectora atribuye al mando acusado, que además era intendente de Infraestructuras, es que «se aseguró» de que no tuviera un lugar en el que trabajar, «no asignándole ningún despacho, ni individual ni compartido con otra persona». Tampoco le asignó, según su escrito, «las claves necesarias» para poder desempeñar su nueva labor.

 

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