Trece criminales granadinos con enfermedades mentales se encuentran internados por prescripción judicial

Esos dos recintos penitenciarios especializados tienen en total 398 celdas. En concreto, el hospital de Sevilla, construido en 1990, dispone de 74 celdas, además de tres complementarias, mientras que en Alicante, que se levantó en 1983, cuenta con 324 celdas y 51 complementarias. Las complementarias son celdas para ingresos o enfermería y no se computan en teoría como residenciales. El número de celdas no equivale al número de internos que las ocupan.

Durante la primera semana de octubre, en el hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, que tiene capacidad para 181 personas, había 169 internos, mientras que en Alicante la cifra ascendía a 254.De estos datos oficiales, facilitados a IDEAL por Instituciones Penitenciarias, se desprende que actualmente hay plazas libres en ambos centros.

Con independencia del grado de saturación que presenten estos recintos, profesionales con vinculación al centro penitenciario de Albolote, como el psiquiatra del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que pasa consulta a los internos de este recinto semanalmente, considera «un problema» el limitado número de plazas existentes en esos hospitales y reclama recursos para la asistencia en las cárceles convencionales: más psiquiatras y más psicólogos clínicos para atender a los reos.

Los reos granadinos que duermen en Sevilla y Fontcalent tienen en común haber cometido un delito grave y haber sido declarados no responsables de sus actos porque actuaron fuera de sus cabales. Fueron condenados a un internamiento psiquiátrico -en vez de carcelario- como medida de seguridad. El objetivo: evitar que vuelvan a delinquir empujados por sus trastornos y garantizar que reciban un tratamiento adecuado y específico para sus enfermedades.

En las sentencias -absolutorias pero en realidad condenatorias- en las que se acuerda un internamiento psiquiátrico, se determina a su vez la duración máxima de esa medida, que se corresponde con la pena de prisión que se le hubiera impuesto a un acusado en circunstancias normales. Estas resoluciones, en los casos más graves -homicidios y asesinatos-, son dictadas en Granada por los magistrados de la Audiencia Provincial.

En la Audiencia hay dos secciones penales y, entre los jueces que las componen, se encuentra la magistrada Aurora González Niño. Imparte justicia en la Sección Segunda y ha dictado a lo largo de su dilatada carrera algunos de estos fallos, que no comprenden un porcentaje significativo, sino más bien todo lo contrario. Aunque estadísticamente no consta discriminada la cifra de estas resoluciones, son muy pocas.

González Niño aclara que los jueces imponen los internamientos psiquiátricos a personas que han cometido algún delito y no son responsables penalmente de sus actos... pero también a personas que lo son «parcialmente». Como suelen ser ingresos de prolongada duración, los magistrados tienen que revisarlos periódicamente, «porque la ley ordena -explica- que cada cierto tiempo reavivemos el asunto y no nos olvidemos de él».

«Sea cual sea la orientación terapéutica del enfermo, no puede salir sin permiso del tribunal que sentencia», añade González Niño, a la vez que insiste en que eso ocurre «cuando la persona es inimputable» -una persona inimputable es aquella a la que no se puede castigar penalmente porque no puede comprender la ilicitud de un hecho-. Luego están los casos 'intermedios', los de quienes cometen delitos sin tener totalmente sus facultades abolidas. En estos supuestos, en los que se aprecian «eximentes incompletas», también se marca un límite máximo, se tiene un control por parte del juez de Vigilancia Penitenciaria y se puede hacer una revisión e incluso un cese de la medida si la evolución es favorable.

En el Centro Penitenciario de Albolote, según su director, sólo hay actualmente cuatro internos condenados a medidas de seguridad y en todos los casos tienen aplicada «una eximente incompleta». «Los que tienen eximente completa van todos al psiquiátrico», recalca. Esos cuatro internos con patologías que abolieron en parte su voluntad cuando delinquieron «están muy controlados» y son «gente estable», asegura el responsable del penal granadino, que reconoce que, evidentemente, para el tratamiento de estas personas es necesario personal especializado. «Las medidas de seguridad en este centro están exclusivamente o en la enfermería o en el módulo doce, que es un módulo donde están discapacitados y enfermos mentales, donde trabaja un equipo específico junto con terapeutas del exterior y luego hay un psiquiatra consultor», aclara.

Las diferencias entre los hospitales psiquiátricos penitenciarios y las cárceles son «evidentes», según Hernández. Los espacios no tienen nada que ver y están adaptados a las necesidades de los internos; son espacios más pequeños y hay menos personas en los módulos. Por otro lado, no hay internos penados -condenados- y preventivos -esperando juicio-, sino sólo con medidas de seguridad. «No existen las clasificaciones y tampoco hay un régimen disciplinario», señala el director del Centro Penitenciario de Albolote, Jaime Hernández. Los profesionales también son distintos: hay más personal laboral sanitario -celadores, auxiliares, psiquiatras...- y menos funcionarios.

En cuanto a la duración máxima de una medida de seguridad, el Código Penal marca el límite de la pena que hubiera podido corresponder al criminal de no haber sido declarado irresponsable. El septuagenario de Armilla, por ejemplo, fue condenado a estar internado en un centro penitenciario psiquiátrico durante un tiempo máximo de 18 años. El fallo lo dictó precisamente la Sección Segunda y establecía que, una vez cesara la medida de internamiento se le impusiera, «como medida más de seguridad posterior», la de quedar sometido a libertad vigilada.

González Niño reconoce que hay determinadas alteraciones mentales que no tienen remedio, como «las deficiencias mentales o trastornos de conducta», y cree que no es un psiquiátrico «el lugar idóneo para tener a estas personas». En este sentido recuerda que el estar en un hospital penitenciario requiere un diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica que precise un tratamiento, a fin de devolver al reo a la sociedad con una conducta normalizada para impedir que reincida otra vez en el delito a causa de su enfermedad. Para esos casos, para esos reos con enfermedades mentales que no tienen solución ni tratamiento, cree que hay que acudir a otras administraciones en busca otros recursos, «porque la penitenciaria no tiene resortes».

Uno de los casos de esta naturaleza que más han impresionado a esta jueza fue la brutal agresión protagonizada por un hombre de un pueblo de la sierra que tenía «un diagnóstico tardío de una psicosis paranoide». Era un señor que vivía en el campo, que siempre había estado enfermo y nunca había recibido tratamiento. Se dedicaba a las labores agrícolas y la tomó con una concejala. Se obsesionó con ella. «Un día de tantos, iba la mujer caminando por su finca y le salió al encuentro. Sin dirigirle la palabra, cogió un pedrusco enorme y la derribó al suelo y empezó a darle golpes. La mujer comprendió que lo mejor era hacerse la muerta si quería salvar la vida», relata la magistrada, que entendió que aquel hombre había cometido un homicidio en grado de tentativa debido a su dolencia y le mandó al psiquiátrico penitenciario.

Pero en estos centros no tienen varitas mágicas para sanar a las personas y ese hombre fue resistente al tratamiento. No tenía familia fuera en la que apoyarse y pasó mucho tiempo recluido. ¿Y qué sucede cuando se levanta la medida de seguridad en un caso así? «Se alerta a las instituciones de salud mental de que va a volver a su domicilio para que pueda haber cierto control», explica la jueza, para dejar claro que, en general, estas personas suelen salir de su 'encierro' mucho mejor de lo que estaban.