La incertidumbre de todo el personal laboral de la administración andaluza

La incertidumbre de todo el personal laboral de la administración andaluza
RAMÓN L. PÉREZ

El nuevo gobierno tiene la capacidad de sustituir a quien no sea funcionario aunque en algunos casos podrá ser costoso

Antonio Sánchez
ANTONIO SÁNCHEZGRANADA

El cambio que se avecina en el Gobierno andaluz deja en el aire el puesto miles de trabajadores con cargo de personal laboral dentro de la administración autonómica, que ya no tendrán que responder ante el PSOE y lo harán ante un nuevo Ejecutivo. Los funcionarios de carrera no tienen que preocuparse por este cambio ya que están vinculados a la administración para el desempeño de un trabajo con carácter permanente hasta su jubilación. Sin embargo, la situación es distinta para el personal laboral, ya que en cualquiera de las modalidades de contratación previstas en la ley se prestan servicios para la administración, pero no se pertenece a ella.

La principal diferencia entre ambos es que la relación entre los funcionarios y la Junta de Andalucía se regula por el derecho administrativo, mientras que los laborales deben tirar del derecho laboral. Y esto implica que se puedan realizar despidos objetivos con estos últimos. A diferencia de lo que ocurre con los funcionarios, que tienen blindada su plaza para toda la vida salvo que cometan una falta muy grave en su trabajo, el personal laboral puede ser despedido por razones objetivas, como por ejemplo que el puesto esté cubierto ya por un funcionario o su trabajo pueda ser desempeñado por otro integrante de la administración. El nuevo gobierno, por tanto, podría ejecutar con el personal laboral un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que adelgazaría la administración andaluza, aunque sin embargo le podría costar millones de euros.

No obstante, fuentes de la administración autonómica en la provincia consultadas por IDEAL explican que cada personal laboral «es un caso diferente» por lo que avanzan que será «muy complicado» que el nuevo gobierno pueda recortar en el personal laboral de la Junta de Andalucía aunque este entienda que está engordado.

Las diferencias entre ambos tipos de trabajadores provocó que la administración se tuviera que inventar una figura -el personal laboral indefinido no fijo- para que todas las administraciones -no solo la Junta de Andalucía- pudieran justificar que plazas que teóricamente deberían estar ocupadas por un funcionario estén desempeñadas por personal laboral, que ha podido ser colocado a dedo. De hecho, la normativa impide que el personal laboral encadene contratos durante varios años y seguir siendo contratado temporal. Así, el personal laboral que cuente con varios años en la administración no será ni personal laboral fijo, ni personal laboral temporal, sino personal laboral indefinido no fijo. Las implicación que tiene esto sobre ellos es que la administración 'entiende' que su puesto es estructural y por tanto no se le puede despedir, aunque sí se puede prescindir de él en el caso de que se entienda que su cargo puede ser cubierto por un funcionario.

Cómo se ejecutarán los cambios o si estas variaciones tendrán más o menos impacto en la administración dependerá del nuevo gobierno. «En el entramado que ha conformado el PSOE es complicado saber qué va a pasar porque nadie sabe las agujas que hay dentro de la madeja de hilo», explica un trabajador de la administración autonómica, que pone como ejemplo al Ayuntamiento de Granada. «Cuando el PSOE llegó a la alcaldía dijo que iba a acabar, después de una auditoría, con todos los puestos designados por el PP y dos años y medio después todavía se está esperando la auditoría. ¿Quién dice que no ocurrirá lo mismo en la Junta de Andalucía», añade.

 

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