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Miércoles, 31 de octubre 2018, 00:17
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La convocatoria de elecciones para elegir al nuevo decano -o nueva decana- del Colegio de Abogados de Granada y renovar todos los demás cargos de su Junta de Gobierno ha sido impugnada. Uno de los colegiados ha interpuesto un recurso de alzada contra el acuerdo adoptado el 3 de octubre que puso fecha a la cita electoral, que está fijada para el 6 de noviembre y a la que están llamados a votar 3.659 colegiados. Considera que «es contrario de derecho».
IDEAL ha tenido acceso al recurso que pide la «suspensión» del acuerdos de la convocatoria. Lo firma un abogado con una vasta trayectoria y experiencia, Juan Barcelona. Está fechado el 18 de octubre, si bien tuvo entrada en el Registro de la institución el día 19. Ayer se puso en conocimiento de los colegiados el recurso presentado para que formulen alegaciones a favor o en contra. Tienen diez días. Por su parte, fuentes del Colegio de Abogados precisaron a IDEAL que «se ha trasladado» el recurso al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, «que es el que debe resolver sobre este asunto». Aspiran a sustituir a Eduardo Torres como decano cuatro letrados. Se trata de las candidaturas encabezadas por Leandro Cabrera, Margarita Manzano Enríquez de Luna y Alicia Teruel, así como la candidatura individual de Ernesto Ruiz Rivera. Estos cuatro abogados se disputarán el cargo a decano o decana en una cita en la que, por primera vez en su historia, se elegirá a la totalidad de cargos de la institución, en lugar de celebrar elecciones parciales bianuales.
Juan Barcelona explica en su recurso que su intención es que «impere la ley y no se repitan situaciones lamentables a las que nos conduce de nuevo la Junta de Gobierno». A su juicio, «ya son demasiadas las penalidades» pasadas, y hace mención expresa al «desprestigio que supuso la repetición de las elecciones de 2014» al anularse por un juzgado el voto por correo. Entre otros motivos, sostiene que los diputados elegidos en 2016, una vez ajustado a derecho el voto por correo, «deben agotar su mandato a los cuatro años: 2020». Aparte, censura que la Junta de Gobierno use la vía de las circulares por correo electrónico para notificar.
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