Fin del paro indefinido

La huelga en Justicia satura las agendas de los magistrados

«Yo creo que en Granada la jurisdicción Social es de las más afectadas». Lo dice el titular del juzgado de lo Social 1, Jesús Rodríguez Alcázar, con conocimiento de causa. En su órgano, se han suspendido ocho días de juicios completos, y cada día se suelen señalar entre 12 y 14 juicios. Por lo tanto, lo que se ha aplazado en este juzgado equivale más o menos a mes y medio de señalamientos. Para solventar esta situación ha habido que realizar una suerte de tetris. En la agenda del juzgado de este magistrado se suelen dejar fechas en blanco para los asuntos urgentes, por ejemplo para ir fijando los juicios de procedimientos por despido, que se suelen señalar con más antelación. «Para evitar que todo lo que se ha suspendido se fuese a la cola, lo que hemos ido haciendo es rellenar esos huecos. Entonces, al final, todo se va a retrasar un poco más». reconoce. También han fijado en su órgano «un par de días de juicios adicionales de aquí al verano» para intentar resolver muchos procedimientos de prestaciones de Seguridad Social, entre otros asuntos. El retraso que ha generado la huelga «es inevitable», indica este juez, que ya ha recolocado todos los juicios que se quedaron en 'stand by' por la protesta. Al principio, cuando comenzó la cascada de aplazamientos, según detalla, se recibieron quejas de abogados fundamentalmente. No hay que olvidar que a veces los letrados vienen de otras provincias y algunos, sobre todo en las primeras semanas, se dieron el viaje en balde, con la pérdida de tiempo y dinero (gasolina, hotel...) que ello supone. «Al principio, no había que avisar a los letrados, y ahí sí se generó algún malestar». En los ocho juzgados de lo Social de Granada el panorama de suspensiones ha sido parecido. Rodríguez Alcázar admite que si el paro se hubiera mantenido mucho más tiempo «simplemente el retraso hubiera sido mayor todavía». No obstante, hace hincapié en que «en general» él y sus compañeros vienen celebrando los juicios en tiempos que «no son razonables», pues «arrastramos mucho retraso por la falta de medios que hay». Para este magistrado, con esta huelga de los LAJ se ha producido «una afectación similar a la que se produce cuando hay una huelga en cualquier sector», sin que se pueda equiparar el nivel de incidencias alcanzado con el de la paralización judicial que provocó el covid-19 los primeros meses de pandemia. De hecho, no ha habido avalancha de demandas tras desconvocarse el paro.

El fin de la protesta, que había sido convocada a nivel nacional por las tres asociaciones de los LAJ, ha provocado sensaciones de alivio entre los togados. Los magistrados de Granada consultados por IDEAL lo reconocen. Aunque respetan que los letrados ejerzan su derecho a huelga, se han llegado a sentir impotentes por no poder celebrar juicios y dictar sentencias. Ahora podrán recuperar la actividad judicial normal, su día a día sin perturbaciones. Pero no será fácil. Las movilizaciones de los LAJ no solo han generado perjuicios a aquellos ciudadanos que han sufrido el aplazamiento de vistas: sus señorías, para evitar el atasco de asuntos, han tenido que hacer encaje de bolillos.

Son cinco los juzgados de lo Contencioso Administrativo existentes en Granada y no en todos han vivido la huelga de los LAJ igual, como explica la magistrada Maribel Moreno, que lleva las riendas del número 1. Estos órganos son los que deciden sobre la legalidad de los actos de la Administración, por ejemplo, si la concesión de una licencia es ajustada a Derecho o no. «De los cinco, solamente ha habido dos en los que la huelga no ha causado ningún efecto porque los LAJ no la han secundado y uno de ellos es el mío», admite. «Mi juzgado no ha tenido ninguna suspensión, ninguna incidencia, y no puedo decir que me haya visto afectada en modo alguno por la huelga. Pero sí tengo conocimiento de los efectos en los tres juzgados en los que los LAJ sí han hecho huelga», aclara. Según esta magistrada, los más afectados por el paro indefinido han sido los números 3 y 4. En el número 2, solo se suspendieron dos señalamientos «con una afectación de unos 14 juicios». La repercusión ha sido, por tanto, dispar en los órganos de esta jurisdicción. En estas sedes, «la agenda va a un año o año y medio» (es el tiempo que tardan los procedimientos en llegar a la sala de vistas), y sus titulares no querían que el ciudadano, después de esperar tanto tiempo su juicio, se viera perjudicado. «Lo que se ha hecho, por ejemplo en el número 2, es intercalar esos juicios entre otros señalamientos que ya teníamos efectuados, lo que supone un sobreesfuerzo ahora para el juez, porque junto al volumen de sentencias que ya tenemos para sacar incrementamos el volumen de procedimientos pendientes de sentencia», explica la jueza. Todo sea, como añade, «por no dilatar más la agenda». En el número 3, se suspendieron cuatro sesiones y de esas cuatro se hicieron «dos señalamientos extraordinarios». Ello supone, como aclara, un aumento de trabajo, porque supone un incremento notable de la tarea que tienen semanal, que no es poca. El número 4 ha sido el que más incidencias ha registrado en estos dos meses y pico. Ha habido varias suspensiones de jornadas de enjuiciamiento y la situación se ha solventado «con dos señalamientos extraordinarios» y «recolocando» otras vistas como buenamente se ha podido. Esto es, si en un día normal de señalamientos en un órgano de esta naturaleza se tienen siete juicios, se añaden dos más hasta recuperar lo no juzgado. De este modo, todos los señalamientos se han 'calzado' entre los meses de marzo, abril y mayo. «Y no hay más repercusión para el ciudadano que esa; la repercusión es para el juez, cuyo volumen de trabajo evidentemente se incrementa».

El juez decano de Granada da fe de ello. «Al final va a tener que ser cada juzgado el que determine las medidas de actuación para solventar el atasco de asuntos que se ha producido», señala, al tiempo que recuerda que hay juzgados donde los LAJ no han secundado el paro o lo han hecho de forma intermitente. Las incidencias, de hecho, no han sido destacables en Instrucción, ni en Violencia sobre la Mujer, ni en Menores, ni en Vigilancia Penitenciaria.

Santiago Ibáñez dirige uno de los juzgados civiles de Granada: el Primera Instancia 13. Él, por así decirlo, ha tenido más suerte que otros de sus compañeros, a los que ha notado «muy preocupados durante la huelga, porque veían que iba pasando el tiempo y la situación no se solucionaba; que no se tramitaba ni hacían juicios». Como subraya, a los magistrados les gusta «tener el trabajo al día» y ver cómo se acumula el trabajo pendiente inquieta, como es lógico. «Ha sido mucho tiempo», insiste. Si en su juzgado la huelga no ha tenido tanta repercusión como en otros ha sido por el movimiento de LAJ que ha tenido su sede en este período (tres en estos dos meses). Sí estuvo paralizado durante «las dos primeras semanas». Luego sufrió algunas jornadas de paro intermitente y, finalmente, recobró la normalidad al llegar una LAJ sustituta que no ha hecho huelga. «Nos afectó el período inicial, pero a partir de ahí menos que en otros juzgados», insiste Ibáñez, para quien en los Primera Instancia «una huelga de jueces afecta menos que una de letrados, porque los letrados firman todo». Y es que en la jurisdicción civil, los LAJ cuentan con «muchas más competencias» que en otras jurisdicciones; «aquí todo lo que se tramita por los funcionarios está firmado por el letrado», aclara. Ha habido, ciertamente, unos servicios mínimos, pero como no suele haber casi nada muy urgente -exceptuando las medidas cautelares- «han sido muy testimoniales». Como recuerda Ibáñez, una de las funciones fundamentales que hace el secretario es «mover la cuenta» del juzgado. En ella entra y sale el dinero de las condenas y, durante este parón, ha estado pues eso: parada. «Durante la huelga no se han hecho pagos y hay gente que los está esperando, que cuenta con ese dinero», resalta el magistrado, cuyas palabras llevan a su interlocutor a imaginar la desesperación que habrá invadido a muchos ciudadanos. No sabe cuánto dinero se ha podido dejar de pagar. En cuanto a la suspensión de vistas, en su órgano han sido «cinco días de juicios salteados en el tiempo, y todos en el mes de febrero». Los juzgados como el suyo señalan dos días en semana y el resto de días se dedican a otras actividades. Por lo tanto, durante ese mes, en su caso, se aplazaron la mitad de los señalamientos, lo que se traduce «en unos 26 o 27 juicios» no celebrados. «Pero hay compañeros que me han comentado que han podido suspender cien», desvela, a la vez que detalla que en este tipo de órganos -varía en cada uno- se pueden estar señalando los juicios a seis meses vista. Y eso, si no hay hueco en las agendas, supone un retraso de medio año para el ciudadano que espera un desenlace a su problema. Él ha podido señalar algunas en julio y otras en septiembre.

Según Del Águila, en los órganos que se han visto más afectados, sus señorías, en general, no han esperado a la solución del conflicto y han venido adoptando medidas estando vigente la protesta. Algunos han optado por «intercalar» juicios en los pocos huecos libres de las agendas de sus sedes en las próximas semanas para evitar que los procesos se dilaten meses. Otros han fijado días 'extras' de vistas para afrontar la congestión derivada de las suspensiones. Un sobreesfuerzo para evitar que la Justicia, ya lenta de por sí, lo sea aún más. También hay quien no ha podido 'reubicar' los procesos y ha tenido que señalar de nuevo las vistas para dentro de 6 meses.

Tras las frías cifras de aplazamientos, hay historias de vida. Conflictos, deudas, reclamaciones, despidos, desamores... Y sus protagonistas, los justiciables, son al final los principales damnificados por este nuevo parón sobrevenido cuando los juzgados ya habían logrado normalizar su actividad tras la paralización del confinamiento. En Granada, la huelga se ha cerrado con la friolera de 2.559 actos y 1.696 juicios suspendidos.

De los juicios no celebrados, 586 corresponden a Primera Instancia, 549 a los órganos de lo Social y 51 en los contenciosos administrativos. Hubo además 87 aplazamientos de juicios penales. A nivel nacional, las cifras se disparan: 400.000 juicios suspendidos, 480.000 demandas pendientes de llegar y 1.500 millones de euros retenidos en exceso en las cuentas de consignaciones.