La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
El juzgado cita a Berta Linares a comparecer como investigada el 29 de enero por un delito de prevaricación urbanística
El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada declara la «complejidad de la causa» en la que investiga a la exalcaldesa de Maracena, Berta Linares ... Carmona, por un presunto delito de prevaricación en relación a la puesta en funcionamiento de forma irregular de una gasolinera de la localidad, donde la exregidora habría intervenido supuestamente tanto en su etapa de concejal de Urbanismo como de primera edil.
Según fuentes judiciales, un auto, fechado el pasado 17 de noviembre, desprende la necesidad de efectuar nuevas actuaciones a la luz de varios atestados de la Guardia Civil. Tras analizar el patrimonio de la exregidora y de sus familiares cercanos, los investigadores han «identificado diversas operaciones que son susceptibles de blanqueo de capitales».
De acuerdo con un informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, al que ha tenido acceso este medio, se detectan tres operaciones, como la adquisición de dos parcelas con pagos en efectivo, una hipoteca que se canceló en siete años y la adquisición de vehículos de alta gama sin financiación, lo que «evidencia una situación compleja que entrelaza la posible prevaricación administrativa de la investigada con operativas financieras opacas y vínculos familiares en el ámbito político».
El informe hace alusión a que en 2011, la exregidora y su expareja adquirieron dos parcelas por 85.644 euros, de los cuales 6.000 fueron pagados en efectivo antes de la operación. Las dos fincas proceden de un proyecto de reparcelación realizado por el consistorio maracenero. Además, se constituyó una hipoteca de 80.000 euros que, de manera inusual, no recayó sobre las fincas adquiridas por Berta sino sobre un piso propiedad de los padres de la exregidora. Esta hipoteca fue cancelada en siete años y «no se ha podido constatar la trazabilidad de los pagos realizados durante ese periodo». El domicilio hipotecado era la residencia habitual de la exalcaldesa.
Por último, en relación a la adquisición de vehículos de alta gama señalan que se hizo sin financiación registrada. El coste del automóvil, del que su expareja era propietario, tiene un valor estimado de 48.850 euros, «sin que conste anotación de financiación alguna, lo que sugiere que pudo haber sido pagado sin ella».
La jueza ha citado a varios testigos y a los propios investigadores a declarar el próximo 18 de diciembre, mientras que Berta Linares tendrá que comparecer el próximo 29 de enero en calidad de investigada en relación al expediente de la gasolinera.
Inicialmente, el proyecto y los promotores que dieron lugar a la estación tenían previsto construir un centro comercial y un aparcamiento subterráneo. En 2013, se tramitó la licencia de actividad y la calificación ambiental, pero el proyecto quedó paralizado. Entre 2019 y 2021 se reactivaron las obras vinculadas a la gasolinera sin que existiera una autorización en vigor, pues la anterior había caducado.
La empresa promotora presentó una declaración responsable para abrir la estación de servicio y no era legalmente válida. Sin embargo, era necesario una licencia de actividad con calificación ambiental. Los técnicos advirtieron de que la empresa no tenía todos los trámites administrativos y técnicos preceptivos, aunque igualmente noviembre de 2022 se abrió la gasolinera.
Cabe destacar que la instrucción se encuentra en una fase embrionaria y este asunto ya lo abordó anteriormente el juzgado de instrucción número 5 de la capital sin resultados. El órgano centró su investigación en el secuestro de la exedil, Vanesa Romero, por parte de la expareja de Linares. De hecho, la Audiencia Provincial celebrará entre el 4 y el 6 de febrero de 2026 el juicio contra el secuestrador de la que fuera concejala socialista de Maracena.
Los hechos se produjeron el 21 de febrero de 2023 después de que presuntamente se subiera a su coche, le amenazara con una pistola simulada y acabara metiéndola en el maletero atada de pies y manos. El nuevo informe de la Guardia Civil también se ampara en las declaraciones de la exconcejal que sufrió el secuestro a la hora de solicitar más actuaciones. Los investigadores señalan la posibilidad de que cesaran a Romero en 2021 para sacar adelante la gasolinera.
Por entonces, el Ayuntamiento estaba liderado por el diputado Noel López, primo hermano de Linares. La exalcaldesa se reincorporó en julio del 2024 al consistorio como asesora del actual alcalde, Carlos Porcel (PSOE). Desde 2007, se encuentra ligada a la institución. Este medio se ha puesto en contacto con la exalcaldesa, que ha declinado hacer declaraciones.
Piden ampliar la investigación patrimonial a Noel López
La Guardia Civil recomienda investigar también el patrimonio de Noel López. Considera que las presuntas irregularidades procedimentales y económicas a favor de la empresa adjudicataria de la gasolinera ocurren aparentemente desde 2011 a 2013, «siendo una gestión realizada directamente por el exalcalde del Ayuntamiento de Maracena, que es primo de la investigada y diputado andaluz».
Sin embargo, cabe recordar que la Audiencia Provincial, en un auto de noviembre de 2023, consideró que el asunto de la gasolinera y los documentos encontrados tras la detención legal de la edil no mostraban conductas penalmente relevantes y determinó que las sospechas se basaban solo en testimonios, por lo dejó sin efecto una decisión del juzgado de Primera Instancia para abrir una causa sobre este asunto. La Audiencia Provincial recordó que no es posible iniciar investigaciones penales prospectivas, es decir, sustentadas solo en conjeturas o hipótesis sin una mínima base objetiva
En un nuevo informe, la Unidad de Delincuencia Económica indica que la sucesión de actos administrativos iniciales, que resultaron ser irregulares conforme a la normativa, así como el nombramiento de Berta Linares como concejal de Urbanismo y posteriormente como sucesora en la alcaldía, son indicios de que López podría ser «beneficiario directo en la puesta en marcha de forma fraudulenta de la gasolinera en noviembre de 2022».
«Estuvo al frente del Ayuntamiento cuando se inició la tramitación del expediente presuntamente irregular y es la misma persona que se mantuvo como máximo responsable entre los años 2019 y 2021, cuando se empezó a construir la gasolinera», insisten los investigadores. «El contexto, ofrecido por documentación y testimonios del personal municipal podrían suponer que el potencial rédito económico pudiera haber ido destinado al entorno o la persona de Noel López Linares», remachan los investigadores.
Según ha podido saber este medio, el juzgado aún no ha aceptado esta pretensión. En cualquier caso, la cuestión tendría que dirimirse ante la Sala de lo Penal del TSJA, dada la condición de aforado del parlamentario andaluz.
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