Los grandes contratos del Ayuntamiento de Granada se resolverán a puerta abierta y con público

La actual normativa en materia de contratos del sector público, aprobada en marzo de 2007 por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, establece como obligación la publicación de todas las licitaciones en la Plataforma de Contratación del Estado. A través de ella, particulares y empresas pueden consultar los procesos y acceder a los expedientes. El anuncio del responsable de Contratación, sin embargo, supone un paso más. Ciudadanos y representantes de los grupos políticos podrán acceder a las diferentes sesiones de la tramitación de los contratos más importantes del Ayuntamiento.

Aunque Sebastián Pérez no los nombró directamente, sí hizo referencia a «aquellos de especial relevancia por su cuantía» que caducan en los próximos años, entre los que están el de recogida de residuos –actualmente concedido a Inagra, una empresa participada por el Consistorio– o el de transporte público –en manos de Rober desde hace seis décadas–.

«Soy consciente de que hay inquietud en algunos medios de comunicación y grupos políticos porque hay que negociar durante este mandato contratos de especial relevancia», manifestó el edil, que subrayó que, con esta medida, «cualquiera podrá ir y ver lo que ocurre en el Ayuntamiento».

El edil hizo un análisis de los 88 expedientes tramitados por el área de Contratación desde el 15 de junio y calificó como «alarma» el alto número de contratos registrados como desiertos en los últimos meses.

Sebastián Pérez puso como ejemplo los recientes casos del expediente sobre las tarjetas para familias en situación de emergencia o el relativo al material del servicio contra incendios, en cuyos procesos no presentó oferta ninguna empresa. Para el concejal, son una muestra de que «las pymes no concursan porque pagamos con mucha dilación» y anunció que el área de Presidencia trabaja ya en una solución.

El responsable de Contratación aprovechó la sesión para poner en marcha el mecanismo de modificación del reglamento ordinario municipal, más conocido como ROM. Esta normativa, que data de 2014, regula el funcionamiento básico del Ayuntamiento y ordena órganos como el pleno, las comisiones o las juntas de portavoces, entre otros. También define la intitulación de los cargos corporativos, lo que deja a su redacción la existencia o no del puesto de vicealcalde que el actual equipo de gobierno planteó tras la investidura para Sebastián Pérez.

El concejal de Contratación planteó ayer que el objeto de la modificación, que anticipó que será «amplia», es «actualizar la normativa a las necesidades actuales del Ayuntamiento» e invitó a los grupos municipales a redactar sus propuestas de cambio y elegir sus representantes.

La propuesta fue respaldada públicamente tanto por el portavoz del Partido Socialista, Francisco Cuenca, como el de Podemos Izquierda Unida, Antonio Cambril. Precisamente este grupo ya había planteado públicamente durante el pleno de Organización la necesidad de cambiar la normativa para ajustarla en varios de sus puntos.

Vox, por su parte, evitó pronunciarse sobre la cuestión, aunque, como el resto de formaciones, apoyó con su voto la creación inmediata de una comisión de modificación del ROM, que será llevada próximamente a la junta de portavoces.