Granada registra una media de 25 delitos sexuales al mes

La comparación de últimas estadísticas de criminalidad publicadas por el Ministerio del Interior, que no incluyen aún el cómputo anual (faltan los delitos sexuales denunciados durante el cuarto trimestre del año pasado) arroja una realidad preocupante: este tipo de agresiones, ya sean con violencia o no, con penetración o no, o simples tocamientos siguen una línea ascendente.

De acuerdo con los datos oficiales hechos públicos por el Gobierno de España sobre las infracciones penales registradas en la provincia, entre enero y septiembre del año pasado, se cometieron 24 agresiones sexuales con penetración y otros 209 delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Aunque el año anterior, en el mismo período, hubo cinco agresiones sexuales más que en 202, el resto de ilícitos de esta naturaleza fue inferior: hubo 146, lo que supone un incremento del 25 por ciento.

Con respecto a la capital granadina, donde el Ayuntamiento de Granada ha impulsado una red de puntos violeta para garantizar a las víctimas sexuales una rápida protección, ha habido un leve aumento de estos ilícitos en los primeros nueve meses del año (hubo 73 casos frente a los 69 de 2021). No obstante, la cifra de agresiones sexuales con penetración que manejan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha descendido, puesto que se denunciaron nueve frente a las 14 de 2021 registradas en esos meses.

La evolución al alza de este tipo de criminalidad se observa claramente en las cifras nacionales correspondientes al período indicado (de enero a septiembre). En todo el país, en 2019, se registraron 10.343 casos de este tipo, mientras que en 2021 ya subieron a 11.455. Y en 2022, llegaron a 13.455, lo que se traduce en un aumento del 30 por ciento.

Una vez que Policía Nacional o Guardia Civil instruyen sus diligencias, el caso se judicializa y da lugar a una causa penal que puede conllevar penas al agresor que llegan hasta los 12 años de prisión. El delito de agresión sexual está regulado en el artículo 179 del Código Penal, modificado por la denominada ley del 'solo sí es sí'.

Este artículo recoge que la máxima pena a imponer «cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías» es de 12 años. Esta controvertida reforma legal es la que está provocando la revisión de muchas condenas por este tipo de delitos y que salgan de prisión algunos reos por la variación de la pena mínima a imponer en una condena.

«Creo que no se protege más a las mujeres si era lo que se pretendía, pero estoy hablando sobre la práctica y no sobre otros aspectos», subraya la abogada granadina Yolanda Solana al ser preguntada por la nueva normativa. En su opinión, la diferenciación que se hacía antes de abuso sexual y agresión sexual estaba bien. «Y en la horquilla de las penas, la parte inferior era superior en muchos casos». De ahí que se estén produciendo rebajas en algunas revisiones.

Esta jurista es, sin duda, una de las voces más autorizadas en la materia, pues ha sido hasta el año pasado y durante 17 la abogada de la asociación Amuvi, una asociación centrada en este tipo de víctimas. Solana sigue llevando ahora -aunque ya solo a nivel privado y a nivel nacional- casos de violencia sexual y sí aprecia que hay «más conciencia» por parte de las mujeres que denuncian y más apoyo para ellas «a todos los niveles».

Ese respaldo y compromiso se observa tanto en la esfera institucional como en la policial. Basta con pensar en la red de recursos existente en el ámbito nacional como autonómico. También cree la letrada que existe más preparación. «Al menos yo sí he notado una evolución, en especial en los fiscales«, indica.

Solana no piensa que exista un perfil determinado de víctima de violencia sexual, pues hay, como recuerda, muchos casos en los que este tipo de ilícitos se cometen en el ámbito intrafamiliar. Por ejemplo, padres que abusan de hijas o abuelos que se aprovechan de sus nietas. «Luego están las agresiones sexuales de desconocidos», agrega, que son las que se producen en la calle, en fiestas o en establecimientos, y que en ocasiones están ligadas al alcohol o incluso a la sumisión química (el uso de la famosa burundanga en las bebidas).

El uso de esta sustancia luego es muy difícil de demostrar en un juicio, como advierte la experta, ya que si transcurre mucho tiempo entre la agresión sexual bajo sus efectos y la exploración de la víctima, puede no ser detectada en los análisis. «Es muy poco el tiempo que se mantiene la sustancia en el cuerpo y muchas veces no se denuncia dentro de este período mínimo, y eso nos dificulta mucho a la hora de acreditar que no ha habido consentimiento», destaca.

Las víctimas de violencia sexual no suelen retractarse una vez ya cursada la denuncia, suelen «ir hasta el final». Y es muy importante para ellas, a la hora de denunciar, tener la información necesaria para afrontar el proceso. En ese ámbito, la labor de las instituciones es, en opinión de la experta, clave, pues muchas veces el desconocimiento o el miedo a enfrentarse a un procedimiento de este tipo pueden constituir un freno.