Granada rechaza indemnizar a las concesionarias con 800.000 euros por la covid

Según informó este viernes el portavoz del gobierno municipal, Jorge Saavedra, hasta tres concesionarias municipales habían realizado demandas al Consistorio por el efecto provocado por la covid en los servicios. Se trata de la responsable del centro deportivo Antonio Prieto, la compañía que da servicio en O2 y la encargada del tren turístico. Entre las tres reclamaban alrededor de 800.000 euros al Ayuntamiento.

Saavedra explicó que los tres casos fueron elevados al servicio jurídico, que, tras meses de análisis, han considerado que las peticiones no estaban justificadas. Así, la junta de gobierno local ha rechazado aportar 90.000 euros para el reequilibrio del centro deportivo Antonio Prieto, 300.000 euros para el espacio O2 y 400.000 euros para el tren turístico. El mismo argumento está detrás de la oposición a prorrogar esta última concesión, algo que también había solicitado la empresa.

La decisión de la junta de gobierno local es la última relacionada con las indemnizaciones provocadas por la pandemia, una situación excepcional que tuvo un fuerte impacto en las concesiones y que dejó un agujero enorme tanto en las empresas que realizaban los servicios como en el propio Consistorio. Las restricciones impidieron que se pudieran llevar a cabo los planes previstos, lo que motivó el inicio de solicitudes de reequilibrio económico de los acuerdos.

En enero de 2021, con la covid aún impactando de lleno en la actividad municipal, el Ayuntamiento de Granada, a través de la concejalía de Contratación, inició los primeros procedimientos para hacer frente a algunas de las demandas. Entonces se aprobaron pagos por un importe cercano a los 250.000 euros a diez empresas que lo requirieron. Se trataba de compañías que efectuaban programas deportivos en instalaciones municipales.

Tres meses después, la junta de gobierno local aprobó de nuevo una serie de expedientes en los que estimaba parte de las demandas realizadas por un grupo de empresas relacionadas con Servicios Sociales y aceptaba abonar una indemnización de alrededor de 10.000 euros en total por lo sucedido durante la pandemia.

En las sesiones posteriores, el proceso se siguió repitiendo con estimaciones y desestimaciones en función del criterio establecido por la asesoría jurídica municipal, lo que demuestra el impacto económico que la pandemia provocó en la ciudad.