Edición

Borrar
El alto mando imputado en una sesión del juicio que se celebra en la Audiencia ALFREDO AGUILAR
Juicio a un coronel de la Guardia Civil en Granada: lo acusan unos narcos y asegura que citó a su delator para rendir cuentas

El coronel asegura que citó a su delator en el despacho para rendir cuentas por chivatazos «erróneos»

El alto mando presta declaración en la segunda sesión de juicio para negar todas las acusaciones en su contra por cohecho y narcotráfico

José Ramón Villalba

Martes, 25 de junio 2019

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La segunda sesión del juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial contra el coronel y dos supuestos narcotraficantes, acusados de un delito contra la salud pública y otro de cohecho cometido por funcionario público, sirvió ayer para que el alto mando de la Guardia Civil negara todas las imputaciones en su contra formuladas en este juicio.

En su alocución, dejó claro que «nunca» se ha visto a solas con ningún confidente, pero sí reconoció que uno de estos (D. G. M.), ahora imputado en esta causa y uno de sus delatores, visitó en una ocasión su despacho de la Comandancia acompañado de dos guardias civiles que eran sus «manipuladores». La cita estaba motivada por el hecho de que los agentes al mando del entonces comandante F. G.S. y hoy coronel en la reserva, imputado en esta causa, bajaron «entre 20 y 25 veces» a la Costa en marzo de 2006 tras recibir información de este confidente de que se iban a producir alijos. Pero finalmente todas esas operaciones se abortaron, ya que no hubo desembarcos de droga.

«Lo cité para pedirle explicaciones por estas informaciones erróneas», dijo ayer en sede judicial. Este confidente le explicó que él estaba perdiendo dinero por esos desembarcos frustrados porque tenía que pagar dinero a los supuestos porteadores y demás personas participantes en los mismos. Una razón que el coronel consideró convincente, aunque nadie explicó en su día el motivo de por qué finalmente no se producían esos desembarcos de droga.

Todo ello le sirvió a este oficial del instituto armado para negar que él recibiera dinero alguno a cambio de hacer la vista gorda en la descarga de droga en el litoral por parte de este confidente y para justificar por qué D. G. M. pudo llevar a los agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Guardia Civil (EDOA), tras ser arrestado en la operación Golia de noviembre de 2014, al que era su despacho. «Mi objetivo ha sido no dejar entrar ni un gramo de hachís» y en todo momento tenía claro que este individuo «iba a ser detenido». Explicó que antes de efectuar un alijo importante hay muchas operaciones frustradas. «Nosotros trabajamos mucho con el ensayo-error», dijo.

El coronel también se mostró muy sorprendido por el grado de conocimiento que tenía otro confidente francés, llamado Jean Manuel, de todos los medios disponibles por la Guardia Civil para combatir el narcotráfico. Según su testimonio, estaba muy «preocupado» por «las filtraciones» que podía haber y «mi objetivo era saber de dónde procedían», por eso, según su declaración, bajaba con tanta frecuencia a la Costa en estas operaciones.

La misma formación

A la hora de explicar por qué se apoyaba muchas veces en los equipos territoriales de policía judicial en lugar de en el personal del EDOA –equipos contra la delincuencia organizada y antidroga– para efectuar algunos operativos contra el narcotráfico vino a decir que había que hacerlo, según instrucciones del instituto armado, y que su formación no era muy distinta a la de los miembros del EDOA.

Negó haber recibido dinero, droga, mantener hilo directo con los confidentes mediante la adquisición de teléfonos móviles para comunicarse solo con ellos, manipular atestados policiales para rebajar las condenas a confidentes o salirse de los protocolos habituales para combatir el narcotráfico durante su periplo como comandante de la Policía Judicial y de los servicios de Información de la Comandancia de la Guardia Civil.

El fiscal mantiene la petición de cárcel de nueve años por un delito contra la salud pública y otro de cohecho cometido por funcionario público contra el coronel, mientras la AUGC eleva a trece los años de prisión.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios