Granada abre una investigación sobre las multas 'perdidas' desde el año 2015

Esta es la primera reacción, del equipo de gobierno socialista. Pero no fueron los únicos que ayer iniciaron su investigación. En el seno del grupo municipal del PP, partido que ostentaba el gobierno cuando ocurrieron los hechos, vivieron una mañana intensa para tratar de aclarar de dónde partió la «orden superior de paralización» que reflejaba el informe, desvelado por IDEAL en la edición de ayer. A primera hora de la mañana contactaron con los ediles que eran responsables de las dos áreas 'implicadas', Francisco Ledesma como concejal de Economía, y Telesfora Ruiz, como delegada de Movilidad y Protección Ciudadana. «Ninguno de los dos ediles dio orden de dejar de tramitar las multas, así nos lo han dicho, y en el informe tampoco dicen de dónde salió la orden», señaló ayer el concejal Juan Antonio Fuentes, coordinador del grupo municipal del PP.

Durante buena parte de la mañana, los populares trataron de recabar información sobre estos hechos, y reclamaron al portavoz municipal, Baldomero Oliver, el informe del área de Movilidad que publicaba ayer este periódico. A primera hora de la tarde, tras haber estudiado el escrito, Fuentes declaró a este periódico que su grupo también reclamaba una investigación en profundidad. «Hemos pedido que se celebre de forma urgente un consejo rector de la Agencia Municipal Tributaria en el que se aborde este asunto. Queremos que se de audiencia a los técnicos que han dicho eso, puesto que en el informe sólo se dice que ha sido una orden superior sin aclarar de quién se trata», apuntó Fuentes. Los populares destacaron ayer que en el documento, firmado por un funcionario, «se hacen acusaciones muy graves, por lo que debe llegarse al final de los hechos, o nosotros lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía», sentenció el edil.

«Otra cosa es que se demuestre lo contrario, entonces se pedirán responsabilidades», apuntó Fuentes.

En la misma línea, de llevar el asunto a Fiscalía, se pronunciaron los demás grupos de la oposición. Francisco Puentedura, portavoz de IU, denunció hace unos meses que cerca del 40% de las multas de 2016 no se estaban tramitando, algo que suponía además una inseguridad jurídica para los ciudadanos, porque unas llegaban a notificarse y otras no. «El Ayuntamiento debe aclarar quién dio esas instrucciones y, si hay un informe que señala que como mínimo se incurre en prevaricación, que diga qué medidas se van a tomar», señaló el concejal. Puentedura apuntó que durante 2016 la ciudad dejó de ingresar como mínimo 4 millones de euros. «El Ayuntamiento debería llevarlo a Fiscalía. Nosotros pedimos copia de ese informe, pero el equipo de gobierno todavía no nos lo ha trasladado. Debe llegar a los grupos, pero que vaya también a Fiscalía», apuntó el edil.

Marta Gutiérrez Blasco, concejala de 'Vamos, Granada', apuntó ayer que «si se demuestra que se ordenó parar la tramitación de multas durante la campaña electoral de 2015, estaríamos ante una dejación de funciones muy grave, que además habría mermado las arcas públicas». Apunta Gutiérrez también que, si esto se hizo con intenciones políticas, podrían darse «uno o varios delitos de gran relevancia». El grupo municipal aplaudió al funcionario que señaló esta orden, pero piden que se audite y se concreten los hechos. «Pedimos al equipo de gobierno que ponga estos hechos en conocimiento de la Fiscalía inmediatamente».

Manuel Olivares, portavoz de Ciudadanos, apuntó que si efectivamente existió esa orden de parar la tramitación de las multas, deberán depurarse responsabilidades y estudiar si existe delito. «Si hubiera un delito de corrupción hay que denunciarlo y llegar hasta el final», apuntó Olivares, quien reclamó transparencia. El portavoz municipal de C's aseguró que hay un problema de gestión del cobro que no sólo afectaría a las multas, sino que también habrían detectado que se están dejando sin cobrar recibos de IBI, o que no se hace seguimiento de los pliegos de condiciones de los contratos públicos, por ejemplo. «Antes de subir los impuestos hay que mejorar esta gestión, porque se están dejando de ingresar muchos millones de euros», puntualizó el concejal, quien recordó que sigue habiendo problemas en la recaudación.

Por su parte, el concejal de Economía y portavoz del gobierno local, Baldomero Oliver, especificó ayer que además del informe de Movilidad que ha trascendido, se pidieron otros informes que no 'casarían' totalmente con el anterior. «La Agencia Municipal Tributaria no admite que se hayan dejado de tramitas esas sanciones», señaló Oliver, que apuntó que se trata de un asunto poliédrico.

«Se han dado órdenes para que se aclare la relación entre las sanciones que pone la Policía Local y las que se tramitan a través de la Agencia Tributaria, pero aún falta un último informe con conclusiones tras analizar todas las áreas implicadas en esta gestión», puntualizó el edil.

El portavoz admitió que las diez mil multas que no se tramitaron entre abril y junio de 2015 ya habrían prescrito. Sin embargo, las 35.000 que estaban 'en cola' para ser tramitadas por la vía de apremio se habrían gestionado en los dos meses siguientes, por lo que esas habrían seguido su curso. Actualmente, según apuntó Oliver, están «al día» en la tramitación de las multas.