El Gobierno dice que los inmigrantes llegados a Granada «son libres» pero la Junta ve incumplimiento de ley

La principal representante del Gobierno en Granada no despejó todos los interrogantes pero sí dio claves de unos viajes de los que desde luego se desvincula el Estado. Calahorro desmintió alguna de las cosas que se han estado diciendo mientras ella callaba. En unas declaraciones remitidas a los medios aseguró que el Gobierno no había fletado ningún vuelo y que ni mucho menos se le había pagado el billete a nadie. «Con sus recursos propios se han podido trasladar en un avión comercial», señaló Calahorro, que explicó que el procedimiento se ha seguido es el de siempre. El periodo máximo en el que pueden estar retenidas estas personas por las autoridades son 72 horas tras su llegada a España.

Una vez pasado este tiempo, los inmigrantes pueden trasladarse para reunirse con familiares residentes. Y es lo que habrían hecho una vez que han pisado suelo granadino. Ni cuántos eran, ni cuándo llegaron. Tampoco si vendrán nuevos grupos en los próximos días. Nada más expuso la subdelegada del Gobierno, que sí que enfatizó, al igual que también lo hizo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en que estas personas se habían trasladado desde Canarias respetando «todas las garantías sanitarias». Los representantes del Gobierno critican con fiereza que se diga que los inmigrantes viajaban sin PCR negativa. Lo hizo el ministro Escrivá el lunes pasado y ayer insistieron tanto Montero como Calahorro, que recordó que hay convenios con todas las comunidades autónomas para que a su llegada a puerto se les haga una prueba de detección del coronavirus.

Y así se habría hecho por tanto en este caso. De ahí que aprovechara para cargar contra la Junta o el Ayuntamiento de Granada por poner en tela de juicio un protocolo que, según ella, no deja lugar a dudas.

Pero sus explicaciones no convencieron a los representantes del Ejecutivo andaluz, administración que presentó ayer un oficio ante la Subdelegación del Gobierno para que explique con detalles todo lo que rodea a la llegada del último vuelo procedente de Canarias. Desde la Junta creen que podría haber incluso un delito en la forma en la que estas personas han llegado a territorio andaluz, donde cabe recordar que hay en vigor una limitación estricta de la movilidad. Lo recordó de nuevo ayer el delegado de la Junta, Pablo García, que calificó de «extraña» la llegada de estas personas y de «inquietantes» las explicaciones que dio la subdelegada, a quien exigió «transparencia» para aclarar un hecho sobre el que quieren «llegar hasta el final», avisó.

Sin embargo en el día de ayer las acusaciones más duras vinieron de parte del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, quien en rueda de prensa deslizó que el Gobierno de España estaba «incumpliendo» las normas establecidas para frenar la pandemia del coronavirus en la comunidad autónoma.

Bendodo reprochó además al Ejecutivo estatal que no le haya respondido todavía a ninguna de las preguntas que hizo personalmente sobre estos traslados a Andalucía. Y volvió a mencionar la palabra «deslealtad» pues cree que resume bien el comportamiento que está demostrando el Gobierno en todos estos asuntos.

Por su parte, el alcalde de Granada presentó una queja formal aprovechando la reunión de seguimiento del estado de la pandemia que compartió ayer con otras administraciones entre las que se encontraba la Subdelegación.

Luis Salvador escuchó la versión de Inmaculada López, pero sus palabras no hicieron más que reforzar la postura que lleva defendiendo desde que vio los vídeos de los vuelos. Para él, hay un «descontrol» en todos estos viajes e Interior estaría actuando con mucho oscurantismo porque la presión migratoria en Canarias le estaría forzando a hacer traslados de inmigrantes, «justo lo que había dicho el ministro Marlaska que no iba a hacer», dijo Salvador.