Protestas de los agricultores

El giro verde de Europa solivianta al campo

Esta crisis del campo es poliédrica y aúna los viejos problemas sin resolver con los nuevos agravados por los costes de producción disparados de los dos últimos años y la sequía que ha llevado al límite las explotaciones derrumbando la producción. Con distintas formas, las protestas claman por una misma reivindicación de fondo: un ambicioso plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de la Junta de Andalucía, como del Gobierno de España y de la Unión Europea para que el sector agrícola granadino consiga ser rentable y competitivo.

Pero sobre todo, esta rebelión mira a Bruselas y planta cara a unas políticas europeas agrarias enfocadas a la sostenibilidad que están contribuyendo a reducir la producción y a las que los agricultores culpan de hacerles cada vez más pobres.

La Política Agraria Común inyectó en 2023 196 millones de euros al año al sector primario de Granada, no todo en ayudas directas ya que existen hasta cuarenta epígrafes de la PAC entre las subvenciones específicas sectoriales y otras políticas como incorporación de jóvenes al campo.

La cantidad ha permanecido muy estable a lo largo de los años –son ocho millones de euros más que el año anterior– pero la actual Política Agraria Común, en vigor desde el pasado 1 de enero de 2023 y que se mantendrá hasta 2027, ha cambiado el modelo dando un giro total al reparto de fondos para los 31.3011 beneficiarios de la provincia. Unos ganan y otros pierden –va por productores y comarcas– pero en este nuevo reparto pero todos afrontan más exigencias ambientales y burocracia.

«Las mismas exigencias de papeleo tiene la empresa con 500 hectáreas que el agricultor que tiene diez repartidas en 20 parcelas. Y eso en Granada, con el modelo de explotaciones familiares que tenemos es un problemón», esgrime el director de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Gustavo Ródenas. «Cada vez se exige mucho más para cobrar lo mismo o incluso menos», resume el secretario de Asaja Granada, Manuel del Pino.

Y es que la gran novedad de este último plan estratégico de la PAC para el periodo 2023-2027 es que parte de las ayudas para los productores están condicionadas a que se acojan a los llamados ecoesquemas y ecorregímenes, que son prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Hasta un 30% de los fondos que perciben los productores dependen de estas buenas prácticas ambientales voluntarias. «Que tienen poco de voluntarias porque no son una prima, sino que si no lo haces pierdes esa parte verde de la ayuda que antes los cultivos permanentes, como olivar y permanente, recibían por sí solos», apunta Del Pino.

Por tanto, en Granada siempre hay una cantidad de ayudas en el aire, «al albur de cumplir unas prácticas que en muchos casos son imposibles».

El director de Cooperativas Agroalimentarias de Granada explica que la filosofía de esta PAC que pasa por defender a sector agroalimentario europeo con producciones de más calidad y sostenibilidad y de paso que el dinero que invierte Europa redunde en toda la sociedad y revierta en el medio ambiente y una alimentación segura.

«Se trata de diferenciar nuestros productos en calidad con respecto a otros países con menores costes de producción pero esto no se ha explicado bien y parte de culpa la tenemos las cooperativas y organizaciones pero sobre todo las administraciones, que se enrocan en sus líos políticos y se olvidan de lo importante», opina Ródenas.

Pese a compartir la apuesta por la calidad, las cooperativas granadinas advierten que en este giro verde a Europa «se le ha ido la mano» con las exigencias de eliminación de los productos fitosanitarios.

«Tenemos que producir alimentos saludables, pero esto pero tiene que ser compatible con la rentabilidad. Si las fincas no son viables no hay políticas ambientales. Hay que buscar el equilibrio, porque las plagas y los virus con el cambio climático nos comen y no somos productivos», analiza.

Y sobre todo, esta filosofía verde diseñada desde Bruselas y que condiciona parte de las ayudas, choca con los condicionantes de los distintos territorios. Sobre el terreno en Granada hay ejemplos sangrantes que llevan a los productores a no poder cumplir o tener que renunciar directamente a esta parte de las ayudas, precisamente en los años más complicados.

En el caso de las zonas productivas de leñosos, como el olivar, los agricultores están obligados a mantener una cubierta vegetal entre las calles de las fincas.

«Pero es que resulta que no ha caído una gota de agua y la cubierta vegetal no crece, es imposible», advierte Manuel del Pino. «En una zona de secano y un año de sequía, si no retiras esa hierba el árbol se seca, la única manera de retener la humedad es haciendo prácticas de laboreo, lo saben los ingenieros agrónomos desde primero de carrera. Son precisamente las zonas más deprimidas y no pueden cobrar el ecoesquema», añade Ródenas.

Pero igualmente , el responsable de Asaja, señala las obligaciones de dejar una parte sembrada sin recoger para preservar la avifauna en el caso de los cerealistas o la obligación de rotar tres cultivos distintos «estén preparadas la tierras o no» así como los condicionantes para labrar cuando se supera una determinada pendiente complican la vida a los productores y resultan muy difíciles de cumplir.

«Hay un control exhaustivo y telemático del satélite que cada quince días toma imágenes de las fincas y si no cuadra con la declaración de la PAC, no solo se pierden las ayudas por buenas prácticas ambientales sino que las sanciones implican parte de la pérdida de la ayuda fija también», explica Del Pino.

Otra laguna de las políticas de la PAC en la provincia es la ganadería extensiva: no se sostiene en años de sequía sin ayudas específicas. «Tiene que haber mecanismos para estas situaciones específicas para que no tengan que cerrar las explotaciones en año de sequía porque el que deja la actividad ya no vuelve, pero Bruselas utiliza el café para todos», lamenta Ródenas.

El problema –coinciden los portavoces de las organizaciones– es que agricultores y ganaderos no tienen posibilidad luego de compensar vía precios los mayores costes, ni las mayores exigencias ambientales, ni la parte que pierden de la ayuda, «ni pueden sembrar lo que les de la gana». Y el giro verde de Bruselas les lleva a producir cada vez menos y a perder rentabilidad. La queja se ha escuchado en las últimas protestas y la resume Manuel del Pino: «Europa se ha empeñado en que dejemos de ser agricultores para ser jardineros y cuidemos el paisaje, pero es necesario un equilibrio».