El fraude masivo a la Seguridad Social destapado en 2008 aún no ha ido a juicio

Según han informado fuentes judiciales a IDEAL, algunos de los encausados «son feriantes o vendedores ambulantes» que han ido cambiando de lugar de residencia y esa circunstancia, unida al elevado número de implicados, procuradores y abogados, está eternizando la causa. Una década ha pasado ya, de hecho, desde que se incoaron en el Juzgado de Instrucción número 9 de la capital las diligencias previas del caso -las 10.395/2008-, que pasó a la fase de preparación del juicio oral en 2012.

En este caso, como resaltaron las fuentes, se tomó declaración a más de 1.000 personas. Fueron jornadas maratonianas de interrogatorios. Durante semanas, el magistrado que dirige el órgano, José Luis Ruiz Martínez, interrogó mañana y tarde a testigos en el marco de la instrucción del asunto, que deberá ser enjuiciado por la Audiencia de Granada.

Las fuentes precisaron que una vez hayan presentado todas las defensas sus escritos será cuando se puedan remitir las actuaciones al tribunal provincial para que se señalen las sesiones del juicio. Para su celebración será necesario previsiblemente buscar un lugar distinto. Hasta ahora, en las causas complejas con un elevado número de acusados, como por ejemplo el caso Alhambra o el de la presunta trama de los carnés de conducir que salpicó a los futbolistas Ighalo y Buonanotte, se habilitó una sala del edificio de La Caleta. Ese espacio, pese a ser bastante más grande que las salas de vistas de las dos secciones penales de la Audiencia, se quedaría pequeño para tanto acusado y abogado, por lo que todo apunta a que habrá que buscar otro emplazamiento con capacidad suficiente para sentar a tantas personas.

IDEAL ha tenido acceso al escrito de conclusiones provisionales de la fiscalía provincial de Granada, que acusó en su día a ocho personas como administradoras de las once empresas presuntamente implicadas en aquel supuesto fraude, así como a 326 personas más como supuestos trabajadores ficticios de esas sociedades.

En su calificación, la acusación pública sostiene que tres de los administradores acusados, «puestos previamente de acuerdo» con los otros cinco, «urdieron un plan» directamente encaminado a conseguir «de manera fraudulenta y mediante engaño» la obtención de prestaciones y subsidios por desempleo. Para ello, supuestamente crearon un entramado de sociedades, en ocasiones mediante personas interpuestas, «con la finalidad de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Tesorería General de la Seguridad Social a cambio de una cantidad de dinero no determinada que, en cada caso, era entregada por el supuesto trabajador».

La fiscalía cree, según prosigue el escrito, que los acusados tramitaron las altas de los ficticios trabajadores en la Seguridad Social a través de numerosas empresas creadas al efecto, «mediante la presentación en el INEM de un contrato de trabajo elaborado expresamente para ello aún conociendo que no iban a ser prestados los servicios que en el mismo constaban, permaneciendo el trabajador de alta durante el tiempo imprescindible para acceder al subsidio o prestación por desempleo».

De igual manera, los acusados presentaban en el Servicio Público de Empleo Estatal -siempre supuestamente- la documentación necesaria para acceder a las prestaciones y subsidios. Esa documentación no eran sino certificados de empresa que el empresario daba al supuesto trabajador para acreditar el tiempo durante el que había prestado sus servicios, así como el cese de la relación laboral. El total de las prestaciones y subsidios concedidos «indebidamente» ascendió a 2,5 millones de euros, según calcula la fiscalía, que indica que otras veces la finalidad perseguida «era el favorecimiento en la concesión de permisos de trabajo a ciudadanos extranjeros» a través de los certificados de empresa oportunos.

En cuanto a los posibles ilícitos que la fiscalía aprecia en los hechos, son: seis delitos de fraude de subvenciones -supuestamente cometidos en los ejercicios de 2007, 2008 y 2009- y 326 delitos de falsedad en documento oficial. No obstante, plantea como alternativa que los hechos sean considerados un delito continuado de estafa en relación con otro también continuado de falsedad en documento oficial y 326 de estafa en relación con uno continuado de falsedad.

La penas que solicita la acusación pública son especialmente elevadas para los administradores de las empresas, pues pide por cada delito de fraude de subvenciones la pena de tres años de prisión y multas de 453.621, 406.190, 382.503, 802.376, 290.387 y 335.951 euros, correspondientes a cada delito. Para los demás solicita tres años de cárcel y multa de 3.600 euros. En la calificación alternativa, reclama seis años de prisión para cada empresario acusado y multa de 18.000 euros, mientras que para los 326 encausados restantes pide lo mismo que en su primera opción. Junto a ello, reclama que los empresarios implicados en este caso indemnicen conjuntamente al Servicio Público de Empleo con 2,5 millones de euros.