La frágil frontera entre el cáñamo industrial y la marihuana en Granada

La diferencia entre el cáñamo o cannabis sativa L y la marihuana está en la carga del principio psicoactivo conocido como THC –tetrahidrocannabinol–: si solo lleva un 0,2% o menos se considera cáñamo industrial y por encima del 0,4% se habla de marihuana. También hay otra diferencia contemplada en la Ley 17/1967 sobre estupefacientes en la que dice que basta con la existencia de cannabis sativa, es decir con que haya cogollo en la planta sin distinguir si es cannabis sativa de tipo L (industrial) o índico (con carga psicoactiva) para considerarlo droga, exceptuando aquellos destinados a fines industriales. El cogollo solo podría destinarse a fines medicinales o cosméticos y para eso hace falta una autorización de la Agencia delMedicamento.

Dicho esto, la débil frontera para considerar el cáñamo como industrial o como marihuana vendría marcado por la carga de THC y por la aparición o no de cogollos. Y de ahí viene el galimatías de dudas y la picaresca para hacer pasar por industrial lo que no lo es.

Las dos únicas vías para plantar cannabis de forma legal en España son hacerlo para uso industrial destinado a la consecución de fibras o semillas principalmente; o bien para uso medicinal o cosmético para la cual haría falta el permiso de la Agencia del Medicamento. La plantación de cáñamo o cannabis industrial obliga al agricultor a registrar este cultivo ante la Oficina Comarcal Agraria –OCA– de la zona e informar del mismo a la GuardiaCivil, usar solo semillas certificadas por la Unión Europea y cortar cualquier cogollo que brote en la planta.

La GuardiaCivil ha detenido o investigado desde enero de 2021 hasta el pasado 21 de septiembre a doce personas acusadas de un delito contra la salud pública después de disponer de cultivos de cannabis que se hacían pasar por cáñamo industrial pero sin cumplir los requisitos estipulados por la normativa actual. O bien la carga de THC superaba el 0,4% o bien eran plantas destinadas a uso industrial y tenían cogollos pese a estar prohibido, o bien no usaban semillas certificadas, o no tenían registradas en las oficinas agrarias estos cultivos. Los agentes del instituto armado han intervenido más de setenta mil plantas de cannabis solo en este año. Las últimas 40.000 se incautaron en Escúzar el 12 de septiembre.

«Aquí en la Costa, la práctica mayoría de agricultores que había plantado cáñamo cortó su cosecha entre abril y junio porque la Guardia Civil estaba muy encima y se llevó a más de uno detenido. Yo no conozco a nadie que en estos momentos tenga plantaciones de cáñamo», señala Miguel Monferrer, responsable del sindicato COAG en la Costa de Granada.

La proliferación de estos cultivos de cáñamo en todo el país ha impulsado a la Guardia Civil a efectuar inspecciones de los mismos, encontrándose que en la práctica mayoría de los visitados enGranada no cumplían las condiciones legales para cultivar cáñamo industrial. «Comenzamos con las revisiones de estas plantaciones hace un año y nos hemos encontrado de todo. En ocasiones con un desconocimiento del propio agricultor de los requisitos legales para cultivar, en otras hemos visto a gente que aprovecha la ocasión para plantar cannabis con una alta carga de THC y en también hemos visto como algunas empresas que les suministran las semillas delegan en estos agricultores cualquier responsabilidad», advierte un alto mando de la Guardia Civil de Granada consultado por IDEAL.

Después se encuentra la otra parte, la de los agricultores. El granadino Fernando Montero es el responsable de la asociación española de Productores de Cáñamo: «En Europa se está promoviendo mucho el cultivo de cáñamo con fines industriales porque es una alternativa limpia y rentable para muchos agricultores. Sin embargo, en España, por culpa de la legislación tan restrictiva, nos estamos quedando descolgados. Aquí por el hecho de tener plantas con cogollos aunque el THC sea de un 0,2% o inferior ya lo consideran un estupefaciente y no puede ser así si no hay efecto psicoactivo», apunta.

Montero también cuestiona la forma de medir la carga del principio psicoactivo. «La ONU dispone de otra fórmula más acertada que la del 0,2% de THC para comprobar la carga psicoactiva y que en España no se aplica, pese a que resultaría mucho más exacta. Nosotros llevamos muchos años con el cáñamo industrial y nos hemos encontrado, desde hace un año, con un marcaje muy estrecho mientras en el resto de Europa ocurre al revés».

Xaquín Acosta es director ejecutivo de Dana Agronomics una empresa dedicada, entre otras funciones, al asesoramiento para cultivos de cáñamo industrial. «La incertidumbre jurídica existente en España que se apoyo en una legislación de 1967 entorpece mucho el desarrollo de este tipo de cultivos. La mayoría de los países europeos han modificado su legislación para propiciar estos cultivos. Aquí vamos al revés y estamos perdiendo una oportunidad de oro».