La fiscalía pide año y medio de prisión a una abogada de Granada por supuesta apropiación

Así consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía Provincial de Granada. En él, el ministerio público atribuye a esta profesional la presunta comisión de un delito de apropiación indebida, un posible ilícito que la llevará al banquillo de los acusados.

En principio, según las fuentes consultadas, el juicio está señalado para el próximo 16 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. El inicio de la sesión, como viene siendo habitual, se ha fijado para las 9.30 horas.

En su relato, la fiscalía explica que el procedimiento judicial en el que intervino esta letrada se remonta al año 2017, cuando un ciudadano contrató sus servicios profesionales «para la dirección letrada de la oposición a un procedimiento ordinario civil sobre la resolución de un contrato de arrendamiento». El litigio se seguía en uno de los juzgados del partido judicial de Loja.

Para cumplir con su mandato, un procurador se dirigió al ciudadano en cuestión «solicitando la provisión de fondos». Ante ello, el hombre abonó el 4 de octubre de 2017, mediante transferencia bancaria, la cantidad de 2.350 euros. De ellos, «2.000 fueron destinados a la acusada, quien los recibió a cuenta de los honorarios de dicho procedimiento», señala el escrito.

Meses más tarde, según prosigue, «procedieron las partes de igual modo ingresándose mediante transferencia de fecha 14 de marzo de 2018 el importe de 2.200 euros». De ellos, nuevamente, según el ministerio público, «2.000 fueron destinados a la acusada en concepto de honorarios». Las dos cantidades citadas le fueron abonadas pese a que «nunca rubricaron ningún presupuesto de gastos previstos ni hoja de encargo profesional alguna», indica el documento.

El ciudadano ganó el pleito. El 28 de marzo de 2018 se dictó sentencia desestimando la demanda que se había formulado contra él. El fallo condenaba en costas a la otra parte y fueron calculadas en algo más de 6.500 euros, a los que luego se sumaron otros 645 por la tramitación de la ejecución. Esa suma, que tuvo que pagar la otra parte, era la correspondiente a los honorarios que de la letrada.

En octubre de ese año, el procurador recibió del juzgado el dinero de las costas, los 7.173,48 euros, los cuales «transfirió a la letrada hoy acusada» y, al menos hasta la fecha en la que fue emitido el escrito de acusación ( mediados del año pasado), no constaba que hubiera devuelto el dinero al perjudicado «pese a los requerimientos realizados».

Ahora, en su calificación, la acusación pública reclama asimismo a la abogada, en caso de resultar condenada, las costas de este procedimiento penal.

Este asunto fue instruido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Loja.