El fiscal reclama hasta 18 años de cárcel por la presunta trama corrupta del Catastro

Los agentes registraron la sede del Catastro, que está en la calle Mesones de la capital. /RAMÓN L. PÉREZ
Los agentes registraron la sede del Catastro, que está en la calle Mesones de la capital. / RAMÓN L. PÉREZ

Aprecia irregularidades en al menos 70 expedientes y reparte entre los nueve acusados seis delitos de cohecho, falsedad documental e infidelidad

YENALIA HUERTASGRANADA

Tras cuatro años de instrucción, la investigación judicial de la presunta trama corrupta detectada en el Catastro de Granada se encuentra a las puertas de juicio. La fiscalía ya ha formulado acusación contra los implicados en las irregularidades halladas en al menos 70 expedientes. En total hay nueve acusados, ocho hombres y una mujer, que se enfrentan a penas de entre cuatro años y medio y 18 años de prisión. Encabezan la 'lista' dos funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro en Granada, que son quienes presuntamente emitían certificados falsos o alteraban las inscripciones a cambio de dinero. Ambos compartirán banquillo con un antiguo subalterno del servicio que les sirvió de intermediario con una notaría, un empleado de ésta, un arquitecto, un abogado y tres empresarios.

El ministerio público aprecia seis ilícitos que reparte entre los acusados. En concreto cree que cometieron un delito de infidelidad en la custodia de documentos, dos de falsedad en documento oficial y tres de cohecho. Los hechos han sido investigados por el Juzgado de Instrucción 1 de Granada, cuyo juez es Basilio García. En casi todos los casos opina que los ilícitos se llevaron a cabo de forma continuada.

En la petición de pena, y a expensas de lo que resulte en el juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Granada, quienes salen peor parados son los dos funcionarios del Catastro, que tuvieron, presuntamente, una participación activa en las alteraciones e irregularidades cometidas. De hecho, el principal acusado, F. G. T., que figura como Jefe de Servicio de Gestión, se enfrenta a 18 años de prisión y 27 de inhabilitación, mientras que el otro funcionario, A. M. P. J., se enfrenta a 13 años de cárcel y 20 de inhabilitación.

Ante las elevadas penas que se reclaman para ambos funcionarios, el fiscal del caso, José María Suárez-Varela Higueras, ha solicitado «como medida cautelar», que no puedan salir de España hasta el momento del juicio, según consta en su extenso escrito de conclusiones provisionales -ocupa 108 folios- del 15 de marzo, al que ha tenido acceso IDEAL.

En su relato, el fiscal sitúa las operaciones presuntamente fraudulentas entre marzo de 2005 y mediados de 2013. Es en ese período, donde, según revela, los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que analizaron una serie de expedientes de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada, descubrieron las supuestas irregularidades, que se pueden resumir en cuatro. La primera sería «la utilización de un procedimiento distinto para lograr una finalidad diferente a la prevista en la norma aplicable». La segunda, «incumplir normas esenciales de procedimiento», pues la mayor parte de los expedientes objeto de examen «se tramitan hasta su finalización el mismo día en que se registran. En tercer lugar, «se han realizado cambios en las bases de datos de la Oficina del Catastro de Granada, «sin aportar documentación alguna» o insuficiente para la resolución obtenida, «favoreciendo intereses particulares o pretensiones de terceros». Unas veces los cambios eran definitivos y otras temporales, «de modo que en este caso, durante el breve tiempo que duraba la alteración catastral efectuada, se emitían certificaciones descriptivas y gráficas que no se ajustaban a la realidad».

El fiscal resalta que en la mayoría de los casos se desconoce el uso que se dio a las certificaciones catastrales descriptivas y gráficas «falsas» obtenidas y emitidas supuestamente por los dos funcionarios de la Oficina del Catastro de Granada acusados, quienes habrían obtenido ingresos «injustificados» de más de 31.000 euros A. M. P. J., y de más de 141.000 el principal acusado, según recoge en su escrito.

Tres vías

El ministerio público cree que han sido tres las vías a través de las que se instaron las modificaciones catastrales «falsas». La primera, a través de una notaría de Albuñol, mediante la intervención de M. A. C. F., un empleado. La segunda, a través del despacho del arquitecto V. Ch. G., que reconoció en su declaración haber pagado al principal acusado varios miles de euros. La tercera y última, a través de las empresas Magon S. L. y Agroatalaya, que habrían usado las alteraciones catastrales supuestamente para pedir subvenciones agrícolas o préstamos.

A estos tres cauces, el fiscal suma «un caso aislado en el que la alteración catastral -que afectaba a una cueva de Granada- ha sido instada por el abogado J. J. M. J.» quien igualmente irá como acusado a juicio. De cara a la vista, que aún no tiene fecha, el fiscal propone que desfilen más de 50 testigos, entre ellos la alcaldesa de Lobras, el notario de Albuñol o el gerente del Catastro.

La única circunstancia atenuante que el fiscal aprecia es la de «confesión» y beneficiaría, en caso de condena, al arquitecto acusado. Según cree, elaboraba certificados de antigüedad «falsos», en los que situaba una obra o edificación en un ámbito temporal que favoreciese al particular o realizaba «retoques sobre las imágenes de las viviendas para dar apariencia de tratarse de una obra acabada», además de instar al principal acusado a que «alterara» en la base de datos los perímetros de ciertas parcelas, «segregando algunas de ellas y originándose parcelas nuevas, sin documentación necesaria para ello». A veces el objetivo era «legalizar» una casa construida en terreno rústico no urbanizable o «paralizar un procedimiento de disciplina urbanística».

Sobre el papel de los dos funcionarios, el fiscal sostiene que ambos, a través de las aplicaciones informáticas de su trabajo, «a sabiendas de su ilegalidad y en provecho propio y de terceros», se sirvieron de sus puestos en el Catastro «para alterar información de las bases de datos de dicha oficina». Esos cambios se llevaron a cabo, supuestamente, «al objeto de obtener resoluciones y/o certificaciones catastrales en el sentido solicitado por distintas personas a cambio de percibir retribuciones económicas periódicas por realizar dichos trabajos». Las supuestas falsedades han sido detectadas en expedientes de fincas de Peligros, Albolote, Güevéjar, La Zubia, Órgiva o Cádiar, entre otros municipios. Y a juicio del fiscal tienen «una especial relevancia», pues los datos del Catastro cuentan con «una presunción de certeza». Algunas de las certificaciones bajo sospecha se han incorporado a expedientes de áreas de Urbanismo, a protocolos notariales o a Registros de la Propiedad.

F
G. T. M.
Jefe de Servicio de Gestión del Catastro
El fiscal considera a este alto funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro en Granada el autor de gran parte de las «falsas modificaciones catastrales» realizadas a cambio de dinero. Es el principal acusado. Le pide 18 años de cárcel, 27 de inhabilitación y multas de 23.400 euros. Lo acusa de delitos continuados de falsedad, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos.
A
M. P. J.
Funcionario del Catastro
El fiscal cree que también tramitó expedientes de forma irregular para lucrarse. Se enfrenta a 13 años de cárcel, 20 de inhabilitación y a multas que ascienden a 17.400 euros por delitos continuados de falsedad, cohecho e infidelidad.
M
A. C. F.
Empleado de notaría en Albuñol
El fiscal sostiene que asumía solucionar las pretensiones de particulares que acudían a su despacho en la notaría y se encargaba de instar las oportunas modificaciones catastrales por las que les cobraba cantidades diversas -en algún caso de hasta 3.000 euros-. Pide para él 8 años de cárcel y multas que suman 13.800 euros. Lo acusa como supuesto inductor o cooperador necesario de falsedad continuada y de otro delito continuado de cohecho.
V
Ch. G.
Arquitecto
Es el que a menos pena se enfrenta, al apreciar el fiscal la atenuante de confesión. Se sentará en el banquillo como presunto inductor o cooperador necesario de un delito continuado de falsedad y de otro delito continuado de cohecho. El fiscal le pide 4 años y medio de cárcel y multa de 20.700 euros.
F
R. B.
Magon S. L.
Es uno de los tres empresarios acusados por cambios de titularidad catastral de diversas parcelas de la provincia a su favor. Figura como administrador único de Magon S. L. y le piden 8 años de cárcel y multas que suman 23.400 euros. Se le atribuye cohecho y cooperar o inducir a la falsedad.
E
R. B. F. y A. R. B.
Agroatalaya S. L.
El fiscal los identifica como la hija y el sobrino del empresario F. R. B., y eran administradores solidarios de otra empresa. Les pide la misma pena que a él por idénticos delitos.
M
M. P.
Intermediario
Fue funcionario en su día del Catastro y actuó de «enlace» entre el principal acusado -constan 245 llamadas entre ambos- y el empleado de la notaría de Albuñol, según el fiscal. Le pide 9 años de prisión y 9.000 euros de multa como posible inductor o cooperador del delito de falsedad en documento público y cooperador necesario en dos tipos de cohecho.
J
J. M. J.
Abogado
Gestionó el alta catastral de una cueva de Granada como letrado de un particular y el fiscal le acusa de pagar al principal acusado 750 euros. Le pide 4 años y 8 meses de cárcel y 14.400 euros en multas. Le atribuye ser cooperador en un cohecho y falsedad.

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