Expulsada de un piso social con su hijo de dos años por disputas con la compañera

Expulsada de un piso social con su hijo de dos años por disputas con la compañera

Mercedes Tapia asegura que no tuvo oportunidad de defenderse y reclama a la Administración una vivienda que le permita dejar la pensión enla que vive

PILAR GARCÍA-TREVIJANOGRANADA

Mercedes Tapia, madre soltera de 46 años, se vio en 2016 embarazada, sin casa y en paro. La empresa en la que trabajaba como autónoma sufrió un ERE y se quedó sin empleo. Desde entonces entró con su pequeño Martín de 21 meses en un círculo de casas de acogida. La última, un piso social compartido que disfrutaba desde mayo junto a otra mujer. El 14 de noviembre Mercedes recibió una amonestación de la Asociación Provivienda, dependiente del Ayuntamiento, que le instaba a marcharse del piso que tenía derecho a disfrutar hasta el 5 de diciembre por desavenencias, «agresión verbal» y mala convivencia con su compañera.

Conflictos y disputas que afectaban a las dos partes y que Mercedes había puesto en conocimiento de los Servicios Sociales y de la Policía Nacional: «Informé a servicios sociales del malestar que se respiraba en el piso compartido de Prohabitat para que ellos tomaran las medidas pertinentes». «En base a las normas que ellos tenían tuve que elevar la queja a la Policía Nacional», relató. «Mi compañera y yo nos peleábamos por las cosas normales de la convivencia, tareas del hogar, etc. Lo consideraban una falta grave y me remitieron la expulsión inmediata de la vivienda por escrito», manifestó la madre.

La mujer disfruta desde hace unos meses de una Renta Mínima de Reinserción Social de 525 euros, sin embargo alega que la ayuda no es suficiente para mantener a su familia y acceder a una vivienda. «Al no tener una nómina ni aval nadie me alquila un piso», explicó. Mientras se resuelve su situación reside en una pensión con su hijo. Residencia que el área de Servicios Sociales le ha asignado y asegura que ellos costean.

En cambio, Mercedes dice que es ella misma quien se hace cargo de los gastos del hospedaje: «El mercado de la vivienda está imposible. Yo no trabajo y lo que me piden en todos los lugares de alquiler son nómina y avalista», afirma. «Con esa cantidad no tengo posibilidad. Desde que me echaron del piso me veo obligada a pagar una pensión con la renta, pero además tengo que dormir y comer con ese dinero y no puedo estar con mi hijo en la calle».

La mujer hará llegar sus peticiones al Ayuntamiento. Reclama la devolución del precio de la pensión, y una vivienda con derecho a alquiler social: «No pido más que un techo para mi hijo y para mí». Esta mañana se concentrará en la calle Reyes Católicos con el apoyo de Stop desahucios. La plataforma no admite que «la familia monoparental, que forman Carmen y su hijo, se queden en la calle y menos cuando estaba dentro de un programa de inserción social de los servicios sociales del Ayuntamiento de Granada». Stop Desahucios manifiesta que los servicios sociales «aprovecharon la mala convivencia con otra de las personas del piso para expulsarla». Afirman que era deber de los servicios sociales intermediar entre ambas: «Mercedes empezó a cobrar la renta de inserción para decirle que se busque un alquiler a una mujer sin trabajo sabiendo que la media de un alquiler en Granada se sitúa en 400 euros». Por último la Plataforma insta al área del Ayuntamiento a colaborar en la búsqueda de una solución habitacional proporcionarle una vivienda de protección social: «Es intolerable la situación, los han dejado en la calle sin la más mínima oportunidad de defenderse de las acusaciones. Vamos a pedir a la concejala de Servicios Sociales, Jemi Sánchez, una solución de vivienda», concluyeron.

Por su parte, Pilar Rivas, concejala no adscrita, denunció también la situación de la familia y calificó el lugar de poco o nada apropiado para un menor de tan corta edad. Rivas apunta que la alternativa tampoco favorece una evolución positiva de la situación de la unidad familiar.

La concejala critica las normas de funcionamiento, acceso y expulsión de lugares de acogida como Ocrem o Casa Madre de Dios para Personas Sin Hogar y el papel de los técnicos municipales: «Hablamos de una atención social basada en la arbitrariedad y la buena voluntad o saber hacer de asociaciones, alejado de los requisitos mínimos para ser considerado un servicio público.

Servicios sociales responde

Ante estas acusaciones la concejala de Servicios Sociales, Jemi Sánchez, manifestó que ha estado en contacto continuo con la afectada y que el ánimo de los Servicios Sociales es ayudarla a salir de su situación alentando la capacidad y autonomía de cada persona. La edil destacó que trasladaron a Mercedes que al percibir la renta debía comenzar a buscar alternativas de residencia y que no dejaron en ningún momento de darle cobijo.

Sánchez lamentó que Pilar Rivas esté haciendo uso de casos «tan sensibles» en público para hacerse notar: «No creo que sea forma de hacer política. Tengo siempre mi despacho abierto para cualquier consulta. No es ningún castigo y no es nadie para poner en duda la profesionalidad de los trabajadores», aseveró.

La concejala responsable del área declaró que la situación de Mercedes está pendiente de la resolución de su recurso municipal y que la pensión en la que se aloja ha sido facilitada por el Ayuntamiento, aunque su gestión es privada. Tanto la pensión como el piso son medidas que habilita el Ayuntamiento para «evitar la calle de forma temporal».

 

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