El PP exige a Susana Díaz que señale al «responsable» del caso Nevada

El PP exige a Susana Díaz que señale al «responsable» del caso Nevada

La Junta recuerda que la paralización del centro comercial la ordenó un juzgado y estudia recurrir al Constitucional

AGENCIASSEVILLA

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, exigió ayer a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que diga quién va a asumir la «responsabilidad» en su gobierno por el «escándalo» que ha supuesto que la administración autonómica haya sido condenada a pagar 165,6 millones de euros por el caso del centro comercial Nevada.

Durante su debate con Susana Díaz ante el pleno del Parlamento, Moreno demandó a la presidenta que diga quién ha sido el «irresponsable» que ha tomado la decisión para que «tengamos ese fracaso judicial» que va a suponer que los andaluces «tengamos que pagar 165 millones».

Subrayó que esos 165 millones no los va a pagar ni la presidenta ni el consejo de gobierno ni el grupo parlamentario socialista, sino todos los andaluces, algo que definió como un «escándalo». En opinión de Moreno, el dinero de todos los andaluces no puede servir para pagar la «mala gestión» del gobierno andaluz, como los 165 millones que va a costar «la negligencia» ante el caso Nevada.

En la misma línea, la parlamentaria popular por Granada Ana Vanessa García presentó una pregunta en el Parlamento para saber cuáles son las medidas que va a tomar el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía para depurar «responsabilidades políticas». Según la diputada autonómica, en el proceso judicial del Nevada «las casualidades no existen». «La condena de pagar 165,6 millones de euros al promotor del centro no es ninguna casualidad», apostilló. Ana Vanessa García afirmó que ese 'regalo' que la Junta de Andalucía va a hacerle a Tomás Olivo «tiene unos responsables y unas causas muy concretas».

La diputada autonómica recordó al consejero socialista que los dos dirigentes del PSOE cuya «negligencia» ha costado esta indemnización han sido premiados por su partido. «Una, Teresa Jiménez, exdelegada del Gobierno, como vicepresidenta primera del Parlamento; y otro, Pedro Fernández, exdelegado de Urbanismo, como vicepresidente primero de la Diputación», censuró.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, defendió que «no fue la Junta quien suspendió la ejecución de las obras» del centro Nevada sino que «lo hizo un magistrado» y, tras señalar que la administración andaluza no comparte la sentencia que le obliga a indemnizar al promotor con 165,6 millones, recordó que estudian acudir al Tribunal Constitucional.

Fiscal sostuvo que en este asunto el Gobierno andaluz «siempre ha actuado en el ejercicio de sus competencias y en defensa de la legalidad», avalada por informes técnicos y jurídicos tal y como lo «demuestran» otras sentencias anteriores a la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Subrayó además que la Junta no intervino en la suspensión del proyecto, sino que fueron las sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia Provincial las que hicieron imposible la apertura del centro comercial. Asimismo, el titular de Medio Ambiente dijo «que lo que hay es un debate jurídico legítimo», que «queremos que continúe en el Tribunal Constitucional, ya que seguimos pensando que nos asiste la razón en el fondo de este asunto».

El consejero incidió en que cuando la Junta tuvo conocimiento de la licencia de obras otorgadas al centro comercial en 2005 se instó al Ayuntamiento de Armilla a su revisión de oficio y al no responder a este requerimiento la Junta se vio «obligada a recurrir a los tribunales», recayendo el asunto en un juzgado que fue el que «en 2006 ordenó como medida cautelar la suspensión de las obras»

«Se estaba acatando una sentencia», remarcó Fiscal, agregando que después otro juzgado granadino acordó de nuevo la suspensión de los trabajos.